Tras alentar al primer ministro Benjamin Netanyahu en el camino hacia el desastre, las potencias occidentales apoyan ahora su ataque contra Gaza en nombre del “derecho de Israel a defenderse”, interpretado por los gobiernos israelíes como carta blanca para utilizar la violencia contra civiles a escala masiva.
El periódico israelí Haaretz ofreció un juicio demoledor sobre el primer mandatario del país tras estallar la mayor crisis de la que se tenga memoria: “El desastre que sobrevino a Israel en la festividad de Simchat Torá es responsabilidad inequívoca de una persona: Benjamin Netanyahu. El primer ministro, que se ha enorgullecido de su vasta experiencia política y de su insustituible sabiduría en cuestiones de seguridad, no identificó en absoluto los peligros a los que estaba conduciendo conscientemente a Israel al establecer un gobierno de anexión y desposesión, al nombrar a Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir para puestos clave, al tiempo que abrazaba una política exterior que ignoraba abiertamente la existencia y los derechos de los palestinos.
Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, aliados de Netanyahu en el gabinete, son políticos de extrema derecha procedentes de asentamientos en territorio palestino ocupado. A principios de este año, Smotrich afirmó que el pueblo palestino ‘no existe’, mientras que el Departamento de Estado estadounidense reprendió a Ben-Gvir por sus ‘comentarios racistas y destructivos’ sobre la supuesta condición inferior de los palestinos de Cisjordania”.
Los gobiernos estadounidenses y europeos hicieron todo lo que estuvo en su mano para bloquear o incluso criminalizar las formas no violentas de presión sobre Israel, mientras decían a los palestinos que en ningún caso debían utilizar métodos violentos contra la ocupación de su tierra. Ahora, esos mismos mandatarios han dado a Netanyahu un cheque en blanco para emprender la guerra contra Gaza, cuando saben por experiencias pasadas que eso dará lugar a una violencia masiva y letal contra la población civil.
Puentes en llamas
Recordemos cómo han respondido los aliados occidentales de Israel a diversas formas de acción no violenta de los palestinos y sus partidarios en los últimos años. En 2021, la Autoridad Palestina pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigara los presuntos crímenes de guerra israelíes en los territorios ocupados, incluido el ataque a Gaza de 2014. El gobierno estadounidense condenó inmediatamente la medida.
Tras la formación del nuevo gobierno de Netanyahu con sus socios Smotrich y Ben-Gvir, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo en una conferencia de J Street en diciembre de 2022 que el apoyo de Estados Unidos a Israel era "sacrosanto".
El mismo mes del discurso de Blinken en J Street se produjo otro intento de exigir responsabilidades a Israel por medio del marco jurídico internacional. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva sobre “las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados”. Estados Unidos votó en contra de la remisión, junto con estados europeos como Gran Bretaña y Alemania. En julio de este año, el gobierno británico presentó a la CIJ un documento jurídico de 43 páginas en el que le instaba a que no oyera el caso en absoluto.
En declaraciones a The Guardian, una fuente palestina de alto nivel describió el documento como “una completa aprobación de los argumentos israelíes”. Blinken se había opuesto anteriormente al caso de la CPI alegando que los palestinos “no pueden considerarse un Estado soberano”. Ahora sus aliados británicos habían dado la vuelta a ese argumento, presentando la ocupación como una “disputa bilateral” entre estados. El único principio que se mantuvo invariable fue la exigencia de que Israel gozara de total impunidad.
Los partidarios de Israel en Europa y América del Norte son igualmente hostiles a la idea de que se ejerza presión a través de la sociedad civil. El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) es un intento de compensar la negativa de los gobiernos a imponer sanciones a Israel por su opresión a los palestinos. Sin embargo, los intentos por ilegalizar ese movimiento han sido reiterados, desde Francia hasta Estados Unidos.
Tras haber alentado a Netanyahu en el camino hacia el desastre, los políticos de Washington, Londres y otras capitales occidentales apoyan ahora su ataque contra Gaza en nombre del “derecho de Israel a defenderse”, que los gobiernos israelíes siempre han interpretado como el derecho a utilizar la violencia contra civiles a escala masiva. El ataque ya ha matado a miles de palestinos y matará a miles más si se permite que continúe. Detener esa embestida es hoy la principal prioridad.
Daniel Finn es periodista. Una versión más extensa de este artículo fue publicada originalmente en Jacobin.