Esta semana será determinante para que el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, acceda a un nuevo mandato como presidente del gobierno. La titular del Congreso, Francina Armengol, fijó para el miércoles y el jueves las sesiones de debate sobre la investidura, que debe ser votada por la Cámara de Diputados.

Está previsto que el miércoles Sánchez dé un discurso ante los legisladores y que el jueves se lleve adelante la votación.

Si los 179 apoyos con los que ya cuenta el presidente en funciones se mantienen, ese mismo día sería aprobada su investidura. Algunos de esos votos surgen de un acuerdo entre el oficialismo y los partidos Junts y Esquerra Republicana de Catalunya. El pacto incluye una amnistía que anulará la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de más de 300 civiles y más de 70 policías. Todos ellos enfrentan investigaciones judiciales por hechos vinculados a las iniciativas independentistas que se impulsaron en Cataluña desde enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023.

Entre las personas comprendidas en esta amnistía se encuentran dirigentes políticos pero también, por ejemplo, directores de instituciones educativas en las que se instalaron urnas para votar en el referéndum independentista del 1º de octubre de 2017, instancia que fue declarada ilegal por la Justicia española.

La norma, que en sus fundamentos argumenta que se deben transitar “todos los caminos” por “el marco jurídico nacional e internacional” para “alejar la unilateralidad”, fue presentada este lunes en el Parlamento y se tramitará con urgencia.

En su texto afirma también que la aplicación de la ley es “necesaria”, pero “en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo”.

Este acuerdo fue rechazado por la derecha del Partido Popular y la ultraderecha de Vox, que reclaman ir a nuevas elecciones, y generó protestas masivas que se mantienen desde hace más de una semana en distintas ciudades de España. La mayoría de esas manifestaciones, que en algunos casos fueron violentas, se concentran frente a las sedes del PSOE, particularmente en la de Madrid, situada en la calle Ferraz.

Muchos de los participantes en estas concentraciones exhibieron banderas españolas y pancartas con diversas críticas contra el gobierno. La oposición argumenta que Sánchez fue votado en las elecciones de julio sin anunciar que acordaría esta amnistía, y lo acusa de llevar adelante un “engaño masivo”.

Voceros de Vox anunciaron que este martes pedirán al Tribunal Supremo que suspenda la sesión de investidura de Sánchez y presentará una querella contra el actual gobierno por esta iniciativa.

Los manifestantes también expresan su rechazo a la figura del expresidente catalán Carles Puigdemont, que huyó del país hacia Bélgica en 2017 y que es una de las personas amnistiadas por el proyecto de ley.

La iniciativa establece que “quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión” y “las órdenes nacionales, europeas e internacionales” de detención por estas causas. Este punto, además de afectar a Puigdemont, comprende a Antoni Comín y Lluis Puig, exintegrantes de su gobierno, así como a la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Rovira.

La amnistía se extiende también a policías y guardias civiles investigados por la Justicia por su acción para “dificultar o impedir la realización” del referéndum de 2017 o la comisión de “actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa comprendidos en este artículo”, informó eldiario.es.

En cambio, no estarán comprendidos en esta amnistía aquellos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos. Según informó la agencia Efe, también excluye delitos de terrorismo que tengan una condena firme y estén previstos en las directivas europeas.

Por otra parte, esta norma, llamada “Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, deja fuera cualquier referencia al lawfare, un punto que había generado rechazo de operadores judiciales.

Al enviar la propuesta al Parlamento, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, argumentó que esta ley es una “herramienta imprescindible” para mejorar la convivencia en Cataluña. “Es una ley que presenta el PSOE absolutamente convencido de que es impecable desde el punto de vista constitucional”, agregó, en momentos en que la oposición acusa a Sánchez de no respetar las normas constitucionales.

“Vamos a devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. No sólo es constitucional la ley en su contenido, sino en su finalidad y motivación. El objetivo coincide con el objetivo de garantizar la convivencia democrática”, manifestó Bolaños.