La Policía nicaragüense les comunicó a diferentes autoridades de la iglesia católica que las celebraciones públicas del Vía Crucis y otras procesiones que se desarrollan habitualmente durante la Semana Santa no se podrán realizar en las calles, sino que los actos religiosos deberán tener lugar exclusivamente dentro de los templos.

Si bien no trascendió el motivo concreto ni la duración de la medida, el diario local Confidencial pudo comprobar que efectivamente la medida había sido comunicada.

“Los Vía Crucis se van hacer meditados, pero dentro del templo. La procesión en la calle no”, aseguraron a dicho medio feligreses de la comunidad parroquial de la ciudad de Matagalpa, situada en la zona central del país, detallando que los agentes amenazaron con cerrar la iglesia si se lleva a cabo cualquier tipo de procesión fuera del recinto.

En el marco de su deriva represiva el gobierno de Daniel Ortega se ha enfrentado con diversos sectores de la sociedad. Uno de ellos es la iglesia católica, la iglesia cristiana con mayor adhesión en el país, de la que son fieles aproximadamente 60% de los nicaragüenses.

La semana pasada, durante un acto político en Managua, la capital del país centroamericano, el mandatario había criticado duramente a la iglesia católica por no ser una entidad democrática.

“El pueblo debería elegir a los cardenales y tendría que haber una votación en el pueblo católico, en este caso, en todas partes, para que se elija también al papa por voto directo del pueblo, que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada allá en el Vaticano”, expresó Ortega.

Aunque no hizo referencia directa al papa Francisco, los agravios del mandatario fueron dirigidos hacia él por haber manifestado que se había “entristecido mucho” y “no podía dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto”.

Álvarez, una de las voces más críticas hacia el gobierno dentro de la iglesia católica nicaragüense, fue condenado el 10 de febrero a 26 años y cuatro meses de prisión por el delito de “traición a la patria”, un día después de que se negara a ser desterrado, despojado de su nacionalidad y trasladado a Estados Unidos junto a otros 222 presos políticos.

“El ensañamiento de Ortega contra monseñor Álvarez es, a todas luces, un castigo a su rechazo a ser desterrado de Nicaragua”, dijo al diario La Prensa Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Rights Watch. Taraciuk agregó que el juicio sin las menores garantías en el que fue condenado el religioso es una “burla” al debido proceso.

“Seguimos con mucha preocupación la situación del obispo, que se encuentra incomunicado desde su traslado a La Modelo”, expresó Taraciuk, haciendo referencia al nombre con el que se denomina habitualmente al centro penitenciario Jorge Navarro, el más grande de Nicaragua, ubicado en la localidad de Tipitapa, aproximadamente a 20 kilómetros de Managua.

La semana pasada la cancillería colombiana manifestó su “repulsión” por el trato que recibieron los más de 300 opositores al gobierno de Ortega que fueron despojados de su nacionalidad.

“La República de Colombia, liderada por su jefe de Estado presidente Gustavo Petro Urrego, ha registrado con repulsión las medidas tomadas de manera arbitraria por el jefe de gobierno de la hermana y sufrida República de Nicaragua contra ciudadanos de su país”, expresó la cancillería colombiana en un comunicado.

El “único delito” de los opositores “ha sido defender la democracia, el derecho a la crítica y los derechos humanos universales”, agrega el texto consignado por AFP.