La ola de detenciones de opositores que viene llevando adelante el gobierno nicaragüense que encabeza Daniel Ortega sumó un nuevo episodio en la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Según informó la organización Monitoreo Azul y Blanco, las detenciones ordenadas por la Justicia y ejecutadas por la Policía recayeron sobre 57 personas, 35 hombres y 22 mujeres en 13 departamentos del país centroamericano, incluyendo a la capital Managua.
De acuerdo al diario local La Prensa, la mayor parte de las personas arrestadas eran periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos. Tras ser detenidos y llevados a dependencias policiales, la mayor parte de los arrestados fueron liberados, aunque bajo la condición de tener prohibida la salida del país. Además, tendrán que presentarse periódicamente a firmar ante autoridades policiales o un juez.
Una lista difundida por el portal nicaragüense Despacho 505 detalló que entre las personas detenidas figuraban los periodistas William Aragón y Óscar Vallecillo, connotados opositores del gobierno. También estaban entre los arrestados los dirigentes campesinos Octavio Ortega y Teresa Mena; Maricruz Bermúdez, madre de uno de los jóvenes asesinados en el marco de las protestas que estallaron en Nicaragua en 2018; la abogada opositora Daniela Argüello Cano; y el activista de derechos humanos Harold Antonio González.
Según la abogada Yonarqui Martínez, defensora de opositores, cuyas declaraciones fueron consignadas por el portal France24, los detenidos fueron acusados de los delitos de conspiración en contra de la integridad nacional y propagación de noticias falsas, considerados “traición a la patria”.
Según denunciaron familiares y representantes de organizaciones de derechos humanos, la redada se produjo de manera prácticamente simultánea en la madrugada del miércoles al jueves.
De acuerdo a lo que declaró Martínez, los agentes policiales les mostraron a la mayoría de los detenidos publicaciones en sus redes sociales que fueron presentadas como pruebas para acusarlos de conspiración y propagación de noticias falsas.
Martínez recibió más de una decena de denuncias de esos arrestos, ya que se reportaron múltiples irregularidades. “Que los detenidos fueran trasladados en horas de la madrugada ante un juez y se hiciera una audiencia masiva es algo que jamás hemos visto en la historia de Nicaragua”, explicó la abogada.
Los detenidos tampoco tuvieron el derecho de ser defendidos por un representante legal a su elección. Fueron “acusados falsamente, se les prohibió el derecho a una defensa, [fueron] sustraídos de un juez natural”, denunció la jurista. “Es una completa aberración jurídica”, agregó Martínez, quien subrayó que observó que “no han sido liberados”, sino que gozan de una “medida cautelar de presentación periódica”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a protestar en contra de unas polémicas reformas de seguridad social y posteriormente pidiendo la renuncia del presidente Ortega. En ese momento, el gobierno respondió con un empleo de la fuerza excesivo e inusitado.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos, en el marco de dichas movilizaciones fueron asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado al menos 355 personas.