El gobierno ecuatoriano del presidente Guillermo Lasso declaró este martes el estado de excepción en todas las cárceles, luego de una serie de incidentes que se produjeron en varios centros de reclusión que dejaron en total un saldo de al menos 31 personas muertas, todas ellas producidas en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, considerada la más peligrosa del país.
Bajo esta medida, que estará vigente durante 60 días, efectivos de la policía y también de las fuerzas armadas ingresaron a varias cárceles del país.
“Las fuerzas del orden toman el control de los centros de privación de la libertad”, escribió en su cuenta de Twitter Juan Zapata, ministro del Interior de Ecuador, informó la cadena BBC.
La intervención se produce tras una huelga de hambre en varias prisiones y una serie de incidentes con disparos y explosiones en la Penitenciaría del Litoral, donde el sábado comenzó un enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes rivales. A la vez que se producían los incidentes en las cárceles, medios locales informaron que más de 90 funcionarios fueron tomados como rehenes por los reclusos, aunque con el paso de las horas todos ellos fueron liberados.
La violencia causada por las pandillas dedicadas al narcotráfico se incrementó de enorme manera en Ecuador en los últimos años, porque el país –ubicado entre Perú y Colombia, junto a Bolivia, los mayores productores mundiales de cocaína– es una ruta de salida de esta droga, principalmente con destino a Estados Unidos.
En los últimos años ya habían existido numerosos episodios de violencia grave en varias cárceles ecuatorianas. De acuerdo a cifras oficiales, desde 2020 más de 470 personas murieron de manera violenta en cárceles ecuatorianas, la mayoría de ellos por incidentes internos entre organizaciones delictivas que operan sobre todo en la zona costera del país.
Muchas veces estas situaciones de violencia traspasan los muros de los centros de reclusión y continúan en las calles, con actos vandálicos de todo tipo, como los que llevaron a Lasso a decretar el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas en noviembre del año pasado.
En esta ocasión pasó algo similar y el martes, de acuerdo a lo que informó el diario local Expreso, hubo numerosos hechos de violencia en la ciudad de Esmeraldas, situada en la costa norte del país, muy cerca de la frontera con Colombia, y también en Guayaquil, que esta semana está celebrando los 488 años de su fundación.
Pero la violencia carcelaria y sus efectos colaterales no son el único problema que tiene Ecuador por estas horas, sino que el domingo el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, había conmovido al país, que se encuentra además en plena campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 20 de agosto en las que se elegirá al remplazante de Lasso, quien, en mayo, ante un inminente juicio político en su contra, decidió disolver el Parlamento y llamar a elecciones.
El lunes, un día después del asesinato de Intriago, cuyo autor está detenido, Lasso decretó el estado de emergencia en las provincias de Manabí –cuya capital es Manta– y también en Los Ríos. Además, el presidente ordenó la adopción de la misma medida en el cantón Durán, una ciudad vecina a Guayaquil, que es una de las más violentas del país.