El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil abrió este miércoles el juicio contra los primeros cuatro acusados por los ataques del 8 de enero contra los tres poderes del Estado. En esos atentados, una multitud de bolsonaristas que reclamaban un golpe de Estado contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva causó destrozos en el Congreso, la sede de la presidencia y la del Poder Judicial.
El primero de los 1.390 imputados en ir a juicio por esos episodios fue Aécio Lúcio Costa Pereira, que está en prisión desde el 8 de enero. Se lo acusó de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, destrucción de patrimonio público y daños calificados.
Cuando fue interrogado después de su detención, Costa Pereira, de 51 años, dijo que fue a Brasilia invitado por amigos que acampaban frente al cuartel del Ejército en San Pablo, donde él reside. Dijo que se trasladó hasta allí para “luchar por la libertad” y negó haber causado daños en el Congreso, donde fue detenido.
Según informó Folha de São Paulo, una de las pruebas presentadas en su contra fue un video que él mismo difundió, en el que se lo ve sentado en la mesa de la presidencia del Senado con una camiseta que dice: “Intervención militar federal”.
El encargado de abrir el juicio fue el relator del STF para este caso, el juez Alexandre de Moraes. El magistrado calificó lo ocurrido el 8 de enero como un “ataque golpista” lanzado con “odio irracional, casi patológico”, contra la democracia. En su presentación, De Moraes destacó el simbolismo de que el juicio tuviera lugar en la misma sede que fue “destruida” ese día por una “turba violenta” que actuó con “la clara intención de interrumpir el proceso democrático” y derrocar a un gobierno legítimo.
El magistrado también señaló que los daños causados ese día fueron estimados en unos 15 millones de reales, más de tres millones de dólares. A su vez, la Fiscalía General pidió que Costa Pereira sea condenado a 30 años de prisión y sugirió también una sanción económica de 100 millones de reales, unos 20 millones de dólares, que debería ser repartida entre todos los condenados por estos hechos. Además de Costa Pereira, los otros acusados que fueron a juicio este miércoles son Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos y Mateus Lima de Carvalho Lázaro.
Después de la intervención de De Moraes, tuvo lugar la del viceprocurador Carlos Frederico Santos, encargado de coordinar el proceso. Manifestó que los investigados participaron en “delitos multitudinarios” y que, por lo tanto, “el Ministerio Público no tiene que describir la conducta de cada uno de los perpetradores del acto criminal, sino los resultados de los actos realizados por la turba, sin ser necesario precisar quién rompió una puerta, una ventana o una obra de arte”.
Santos señaló que el 8 de enero se desplegó un movimiento “totalitario” que intentó “derrocar al gobierno legítimo” con “el pretexto de un supuesto fraude en las elecciones de 2022”. Agregó que ese movimiento fue “exacerbado” por “noticias falsas” difundidas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, que perdió esas elecciones. Santos recordó que desde la segunda vuelta electoral del 30 de octubre hubo una “escalada muy preocupante” con manifestantes que se instalaban frente a los cuarteles y reclamaban un golpe de Estado, y con bloqueos “antidemocráticos” de carreteras.
El abogado defensor de Costa Pereira, Sebastião Coelho da Silva, cuestionó el miércoles la competencia que tiene el STF para juzgar este caso. Por otra parte, negó que las fotos y videos que muestran a su defendido en medio de la destrucción causada en el Congreso sean pruebas de que él participó en esos destrozos, y consideró que los atacantes no pueden ser acusados de golpe de Estado porque no tenían armas. Dijo que “en la cabeza” de Costa Pereira la invasión de los edificios “era una victoria”.
Coelho da Silva aprovechó su discurso para decirles a los integrantes del STF que “son las personas más odiadas del país” y comentar que la corte “quedó linda” después de ser reconstruida.
Según informó la revista Carta Capital, el abogado, además, manifestó su solidaridad con los integrantes de la Policía Militar que fueron detenidos tras ser acusados de ser omisos ante los ataques e incluso de colaborar con ellos. En respuesta, De Moraes dijo que efectivamente le corresponde al STF juzgar estos hechos, y no a instancias judiciales inferiores como pedía la defensa. Acerca de los dichos del abogado, agregó que “el terraplanismo y el negacionismo oscuro de algunas personas hacen parecer que el día 8 de enero tuvimos un domingo en el parque”.
El juez fue el primero de los integrantes de la corte en votar para emitir un fallo y se pronunció a favor de condenar a Costa Pereira a 17 años de prisión por los delitos que se le atribuyen.