Este jueves, en el primero de los días de audiencias destinados a presentar el caso, Sudáfrica acusó al gobierno israelí ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) –principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene sede en la ciudad neerlandesa de La Haya– de estar perpetrando un genocidio de la población palestina en Gaza.

Los representantes legales sudafricanos dijeron que la nueva ofensiva israelí forma parte de décadas de opresión sobre los palestinos, de acuerdo a lo que consignó Associated Press.

Con sus alegatos, Sudáfrica busca órdenes preliminares vinculantes para obligar a Israel a detener su campaña militar en Gaza, en la que hasta ahora han muerto más de 23.000 personas, según el Ministerio de Salud palestino, que maneja Hamas.

“Los genocidios nunca se declaran por adelantado, pero este tribunal tiene el beneficio de las últimas 13 semanas de evidencia que muestra de manera incontrovertible un patrón de conducta e intención relacionada que justifica como una afirmación plausible de actos genocidas”, dijo a los jueces la abogada sudafricana Adila Hassim durante la audiencia.

“Nada detendrá el sufrimiento, excepto una orden de este tribunal”, agregó.

Israel, por su parte, defiende su postura en esta guerra y afirma que está combatiendo a una organización terrorista que gobierna desde 2007 la Franja de Gaza y que el pasado 7 de octubre llevó adelante el ataque más mortífero perpetrado en su territorio, en el que fueron asesinadas más de 1.200 personas.

Ante las numerosas acusaciones desde la comunidad internacional ante los permanentes y feroces ataques en Gaza, Israel se mantiene en una postura inflexible de que está amparado en el derecho internacional y que hace todo lo posible para evitar daños a los civiles. Responsabiliza a Hamas por el elevado número de víctimas, afirmando que la organización se escuda en áreas residenciales.

Sudáfrica desconoce tales argumentos e insiste con que el gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu está cometiendo un genocidio de manera totalmente deliberada.

“La magnitud de la destrucción en Gaza, los ataques contra hogares familiares y civiles, el hecho de que la guerra sea contra los niños, dejan claro que la intención genocida se entiende y se ha puesto en práctica. La intención articulada es la destrucción de la vida palestina”, dijo el abogado Tembeka Ngcukaitobi.

“¿Qué Estado admitiría una intención genocida? Sin embargo, la característica distintiva de este caso no ha sido el silencio como tal, sino la reiteración y repetición del discurso genocida en todas las esferas del Estado de Israel”, sostuvo.

Antes de que comenzara la audiencia, fuera de la sede judicial se produjeron manifestaciones proisraelíes y propalestinas, aunque las movilizaciones fueron ordenadas y no se produjeron incidentes.

La posición de Sudáfrica en este caso –apoyada por muchos países, entre otros Brasil, Colombia y todos los que integran la Liga Árabe– se cimienta en su propia historia durante el régimen del apartheid impuesto por la minoría blanca, que restringía todo tipo de derechos a la mayoría negra, una situación que, entienden, se está replicando en el caso de israelíes y palestinos.

Aunque normalmente Israel considera a las cortes internacionales de Naciones Unidas injustas y sesgadas, Netanyahu, desoyendo la sugerencia de algunos integrantes de su gobierno que entendían que era mejor no presentarse, envió a La Haya a un importante equipo legal, que este viernes tendrá la oportunidad de exponer sus alegatos.

Quien lidera el equipo de abogados israelíes es Aharon Barak, un prestigioso jurista de 87 años, ex juez supremo y factótum de la reforma judicial liberal de la década de 1990, cuyo legado quiso destruir el actual gobierno con la abortada reforma judicial impulsada el año pasado, que generó un enorme rechazo en vastos sectores políticos y sociales del país.

La estrategia de Netanyahu es clara: intenta mostrar una imagen liberal, aun siendo Barak un personaje bastante poco apreciado dentro de las filas del Likud.

El caso obviamente es seguido de cerca en Israel, donde más de 500 ciudadanos firmaron una petición de apoyo a la demanda sudafricana, advirtiendo que la actuación militar israelí en la Franja de Gaza conduce al genocidio.

Uno de los firmantes de este petitorio fue el diputado comunista Ofer Cassif, quien por ello afronta un proceso de desafuero en el Parlamento, la Knéset.

Más de 70 diputados del total de 120 que integran el órgano unicameral legislativo israelí promueven la expulsión de Cassif del órgano legislativo, iniciativa que cuenta con el apoyo no sólo de la derecha gobernante, sino también del partido Yesh Atid (Hay un Futuro), liderado por uno de los máximos referentes de la oposición, Yair Lapid.