Una gran polémica se generó en Bolivia en las últimas horas por una acusación a nivel judicial que involucra al expresidente Evo Morales, quien está enfrascado en una durísima lucha con el presidente Luis Arce por la jefatura del Movimiento al Socialismo (MAS).   El miércoles se dio a conocer que Morales enfrentaba una orden de aprehensión por los presuntos delitos de estupro, trata y tráfico de personas. La medida fue emitida por la Fiscalía de la región de Tarija, pero, horas después, fue desactivada por una “acción de libertad” mientras que la fiscal a cargo denunció presiones desde la Fiscalía General del Estado, según lo que informó el portal France 24.

El jueves, en una serie de mensajes en sus redes sociales, Evo Morales respondió que la situación “no me extraña ni me preocupa”. El expresidente boliviano afirmó que el gobierno de Arce y otros “neoliberales” lo amenazaron, lo persiguieron, intentaron encarcelarlo y hasta “matarlo”.

“¡No tengo miedo! ¡No me callarán! Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron. Junto al poncho y la pollera”, dijo Morales en alusión al apoyo que tiene por parte de algunos sectores indígenas.

De acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón, si bien el caso de Morales data de 2016, cobró fuerza el miércoles, cuando se conoció la orden de aprehensión en su contra y, casi en paralelo, una acción de libertad presentada por su defensa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que frenó su captura.

La acción de libertad es un recurso tutelar que existe en la legislación boliviana frente a privaciones o limitaciones arbitrarias, indebidas o ilegales de la libertad física o de locomoción, similar al habeas corpus.

La Fiscalía Departamental de Tarija inició la investigación, con fecha 26 de setiembre, y fue impulsada por la ahora exfiscal departamental Sandra Gutiérrez.

Según la exfiscal, la orden de aprehensión contra Morales fue frenada por el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a quien también acusó de presionar para su destitución.

Sin embargo, este jueves en una conferencia de prensa que ofreció en la ciudad de Sucre, Lanchipa se defendió de las acusaciones. “En la tramitación de la causa, el suscrito fiscal general del Estado en ningún momento dio instrucción alguna para paralizar el proceso indicado”, afirmó.

Y aclaró: “[Es] por una determinación de una jueza de garantías constitucionales en la tramitación de una acción de libertad, en la que dispuso la nulidad de las mismas, al advertir la violación a derechos fundamentales de las partes”.

Asimismo, develó que la destitución de la exfiscal Gutiérrez responde a “negligencia” en su trabajo. “Tenía la inexcusable obligación de ejercer la supervisión del ejercicio de las investigaciones llevadas adelante por los fiscales de materia [...], siendo este y otros aspectos relacionados a su idoneidad profesional los motivos principales para que el Fiscal General determine su alejamiento de la institución y no por la emisión del referido mandamiento de aprehensión”, justificó Lanchipa.

En las investigaciones de la comisión de fiscales de Tarija se señala que Morales mantuvo relaciones sexuales con una adolescente de 16 años, con el presunto consentimiento de los padres de la menor.