El gobierno estadounidense del presidente Joe Biden anunció este miércoles la imposición de sanciones contra 21 funcionarios venezolanos de alto rango, entre ellos, dos ministros y dos jefes de los cuerpos de seguridad, por su papel en la represión de las protestas que hubo tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio.
Dichas elecciones, según las autoridades electorales venezolanas, fueron ganadas por el actual mandatario, Nicolás Maduro, pero nunca se presentaron los detalles del escrutinio. Por ese motivo, la mayor parte de la comunidad internacional no reconoció los resultados, que paralelamente fueron cuestionados por la oposición, que entiende que el vencedor fue su postulante, Edmundo González Urrutia, quien actualmente se encuentra asilado en Madrid. Según lo que informó la agencia Reuters, entre los funcionarios sancionados por Estados Unidos se encuentran los ministros de Comunicación y Planificación, Freddy Ñáñez y Ricardo Menéndez, respectivamente, de acuerdo con la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
También están en la lista de sancionados los recién nombrados jefes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Alexis Rodríguez Cabello, y de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Javier Marcano Tabata y Daniela Cabello, hija del ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, quien está al frente de una fundación que se encarga de promover emprendimientos económicos en Venezuela.
Washington dice que las elecciones en las que Maduro fue proclamado ganador constituyeron una subversión de las normas democráticas. La administración Biden afirma que Edmundo González Urrutia ganó los comicios y se refiere a él como el “presidente electo”.
“Esto no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro”, dijo una fuente de la Casa Blanca a periodistas. “Los funcionarios que están actuando ilegalmente para defender su régimen basándose en tácticas represivas también se encontrarán en la mira de estas sanciones”. El gobierno venezolano no hizo comentarios sobre las sanciones, mientras el presidente Maduro se apresta a asumir un nuevo mandato el 10 de enero.
Durante el fin de semana, el líder bolivariano participó en el cierre del Congreso Mundial de la Juventud y Estudiantes Antifascistas, que se llevó a cabo en Caracas. Desde ahí, según informó la Radio Nacional de Venezuela, Maduro respaldó la convocatoria para la realización del Gran Festival Mundial Antifascista en la capital del país los días 8, 9 y 10 de enero, para que miles de jóvenes de varios países tengan la posibilidad de acompañar la investidura de posesión presidencial ante la Asamblea Nacional.
Por su parte, el líder de la oposición, González Urrutia, anunció en el inicio de esta semana en una entrevista con la agencia Efe que tiene la intención de viajar a Caracas el 10 de enero para asumir la presidencia de su país. “La Constitución venezolana sólo permite un presidente. Yo soy el que va a tomar posesión el 10 de enero”, afirmó.