Maximiliano Dávila, que fue el último jefe antidrogas del gobierno de Evo Morales durante 2019, fue extraditado este jueves a Estados Unidos. La Justicia de ese país, que en 2022 ofrecía una recompensa millonaria por su captura, lo acusa de participar en el ingreso de drogas a territorio estadounidense.

Según la investigación judicial, Dávila “utilizó su posición” como director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia “para proteger aeronaves empleadas para transportar cocaína a través de terceros países para la distribución”.

A comienzos de 2022, Dávila fue detenido en la ciudad de Potosí, desde donde intentaba huir hacia Argentina. En ese momento, también era acusado en Bolivia por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que implica penas de cinco a diez años de cárcel. Desde entonces, el exfuncionario permaneció en prisión preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras se dirimía su situación.

Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia aprobó en noviembre su extradición a Estados Unidos bajo el argumento de que se le imputan delitos más graves en ese país que en Bolivia, informó el portal Erbol.

La Justicia estadounidense lo acusa de asociación delictiva para introducir al país sustancias controladas, un delito que tiene una pena de 20 años a cadena perpetua, y de asociación delictiva para el manejo de armas relacionadas con el narcotráfico, que se sanciona con entre diez y 20 años de prisión.

Según informó el diario boliviano La Razón, la agencia antidrogas estadounidense (DEA, en inglés) inició en 2019 investigaciones que abarcaron Bolivia, Perú y Colombia, y concluyó que el exjefe antidrogas formaba parte de una organización regional que traficaba diversas sustancias, en particular cocaína, hacia Estados Unidos.

Durante la madrugada de este jueves, Dávila fue trasladado desde la cárcel de San Pedro a un avión estadounidense que lo llevaría a Nueva York, informó el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias. Se comprobó su estado de salud y fue escoltado por personal de Interpol, dijo.

“Hay una solvencia moral por parte de nuestro Estado respecto de no encubrir a ninguna persona que haya cometido hechos relacionados con el narcotráfico, sobre todo en otro país. Creo que es prueba clara la extradición de Maximiliano Dávila”, afirmó Limpias.

Por el contrario, para el expresidente Evo Morales, con esta extradición “Bolivia vuelve a ser una colonia de Estados Unidos”. “Los bolivianos son entregados al imperio norteamericano, violando los acuerdos internacionales, sin ser, primero, juzgados en su patria, donde supuestamente cometieron delitos”, agregó.

En su cuenta de X, Morales agregó que “los vendepatria deben aprender de la presidenta de México, que defiende la soberanía de su país ante la intromisión de Estados Unidos”, y citó declaraciones de Claudia Sheinbaum al respecto.

Días atrás, Morales, que está enfrentado al gobierno del presidente Luis Arce, había dicho a la agencia de noticias Efe que “hay una presión desde el Ministerio de Gobierno” boliviano, equivalente al Ministerio del Interior, para que Dávila declare en su contra ante la Justicia estadounidense. También había cuestionado que el exfuncionario siguiera en prisión pese a que no se había probado que fuera culpable.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, defendió las decisiones tomadas. “Desde el inicio de nuestra gestión, demostramos que no toleramos el narcotráfico en nuestro país”, dijo en su cuenta de X.

“No sólo somos la mejor gestión en incautaciones de droga, destrucción de laboratorios y fábricas, aprehensiones y políticas de prevención [...], también cumplimos con la comunidad internacional con extradiciones de personas vinculadas a este ilícito, como las realizadas con el señor Einar Lima Lobo para responder sus deudas con la Justicia en Brasil o la efectuada hace pocas horas con Maximiliano Dávila a Estados Unidos”, manifestó. Lima Lobo es un boliviano condenado en Brasil a 14 años de prisión por narcotráfico.

Para Del Castillo, la extradición de Dávila es un “hito” como lo fue en 1989 la de Luis Arce Gómez, que fue ministro del exdictador Luis García Meza. También en ese caso había sido reclamado por narcotráfico desde Estados Unidos. “No hay duda de nuestro compromiso en la lucha contra este delito”, concluyó el ministro.