Mientras todos los ojos están puestos en el bloque 2371 de Rafah –el perímetro designado como “zona humanitaria segura” por el ejército israelí el 22 de mayo, antes de bombardearlo el 26 de mayo, masacrando al menos a 45 refugiados civiles en sus tiendas–, nos llega a la mente un informe confidencial de 2009 interceptado por Wikileaks, que describía el drama de los civiles en los últimos días de la guerra civil en Sri Lanka.

Enviado a mediados de mayo desde la embajada de Estados Unidos en Colombo al Departamento de Estado en Washington, el telegrama relataba cómo el obispo de Mannar había llamado por teléfono para pedir a la embajada que interviniera en favor de siete sacerdotes católicos atrapados en una zona establecida como espacio seguro por el ejército de Sri Lanka.

El obispo estimaba que todavía había entre 60.000 y 75.000 civiles confinados en esa zona, situada en un pequeño terreno costero de aproximadamente el doble del tamaño de Central Park. Después de la llamada telefónica del obispo, el embajador de Estados Unidos habló con el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka y le pidió que alertara a los militares de que la mayoría de las personas que permanecían en esa zona eran civiles; al parecer, estaba preocupado por que debido al intenso fuego de artillería aquella franja de tierra junto al mar se hubiera convertido en una trampa mortal.

De manera similar a la experiencia de los palestinos que actualmente se refugian en Rafah, en un momento el ejército de Sri Lanka declaró unilateralmente que había creado “espacios seguros”, alentando a la población civil a dirigirse allí mediante panfletos lanzados desde aviones y transmitiendo el mensaje con megáfonos.

Si bien aproximadamente 330.000 refugiados internos se reunieron en estas áreas, las Naciones Unidas construyeron campamentos temporales y, junto con muchas organizaciones humanitarias, proporcionaron alimentos y asistencia médica a la población desesperada. Pero parece que los tigres tamiles también se habían retirado a esas zonas en la franja costera, donde previamente habían construido una compleja red de búnkeres y fortificaciones, y desde donde llevaron a cabo su última resistencia.

Mientras que el ejército de Sri Lanka afirmó estar involucrado en “operaciones humanitarias” destinadas a “liberar a los civiles”, un análisis de imágenes de satélite y numerosos testimonios revelaron que los militares atacaban continuamente esa zona con morteros y fuego de artillería, transformando las zonas seguras en lugares de muerte.

Entre 10.000 y 40.000 civiles atrapados murieron en las llamadas zonas seguras, mientras que miles resultaron gravemente heridos, a menudo abandonados durante horas y días sin recibir tratamiento, porque prácticamente todos los hospitales, tanto permanentes como temporales, habían sido afectados.

Las similitudes entre Sri Lanka en 2009 y Gaza en 2024 son sorprendentes. En ambos casos, el ejército obligó a miles de civiles a moverse, diciéndoles que se reunieran en “zonas seguras” donde no sufrirían daños. En ambos casos, los militares bombardearon las zonas seguras, matando e hiriendo indiscriminadamente a un gran número de civiles. En ambos casos, el ejército también bombardeó unidades médicas encargadas de salvar vidas civiles.

En ambos casos, los portavoces militares justificaron los ataques admitiendo que habían bombardeado las zonas seguras, pero afirmando que los Tigres Tamiles y Hamas eran responsables de las muertes de civiles porque se habían escondido entre la población y la habían utilizado como escudo humano.

En ambos casos, los países occidentales criticaron la matanza de inocentes, pero continuaron entregando armas a los ejércitos. En el caso de Sri Lanka, Israel figuraba entre los principales proveedores de armas.

En ambos casos, Naciones Unidas argumentó que los ejércitos estaban cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En ambos casos, los gobiernos movilizaron equipos de expertos que utilizaron acrobacias legales para justificar las masacres. Su interpretación de las reglas de enfrentamiento y la aplicación de conceptos fundamentales del derecho internacional humanitario, incluidas la distinción, la proporcionalidad, la necesidad y las nociones mismas de zonas seguras y advertencias, se han puesto al servicio de la violencia genocida.

Pero si bien a Sri Lanka le tomó tiempo reunir evidencia de violaciones y realizar investigaciones independientes, la atención global sobre Gaza y las imágenes transmitidas en vivo de niños decapitados y cuerpos carbonizados en el bloque 2371 pueden evitar que se repita completamente el horror de Sri Lanka.

El genocidio en Gaza no está ocurriendo en secreto. Los medios de comunicación mostraron cómo la “zona segura” en el sur de Wadi Gaza fue atacada con bombas de 2.000 kg, matando a miles de palestinos que se refugiaban allí. La Corte Penal Internacional (CPI) ha reunido pruebas y solicitado órdenes de arresto contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) observó el uso de la violencia implacable por parte de Israel contra civiles y ordenó al gobierno “detener inmediatamente” la ofensiva en Rafah, precisando que sus acciones no eran suficientes “para aliviar el inmenso peligro al que está sometida la población palestina debido a la ofensiva militar en Rafah”.

Pero incluso ante un fallo del tribunal más alto, Israel continuó bombardeando las zonas seguras de Rafah, lanzando más de 60 ataques en las 48 horas posteriores a la orden del CIJ. Todos los ojos están puestos en Gaza, pero Israel sigue perpetrando sus crímenes a plena luz del día mientras Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania siguen proporcionándole armas.

La CPI y el CIJ han hablado, al igual que Sudáfrica, Irlanda y Noruega. Los campamentos universitarios y el movimiento de solidaridad global exigen a sus gobiernos un embargo de armas y un alto el fuego, mientras ven cómo Israel convierte las zonas seguras que creó en campos de exterminio. Como en otras situaciones de violencia colonial extrema, la aceleración de las prácticas de exterminio por parte de Israel y sus torpes intentos de presentarlas como respetuosas de la ley son síntomas del declive de su proyecto de expropiación. Las antiguas potencias coloniales como Reino Unido, Francia y Alemania deberían saberlo. Estados Unidos debería saberlo. Todos los ojos están puestos en Gaza. Y sobre ellos también.

Este artículo fue publicado originalmente en Il Manifesto.