La polémica diplomática entre Colombia y Estados Unidos que se había desatado el domingo luego de la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir en su territorio a dos aviones estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados se resolvió rápidamente.
El gobierno de Colombia cedió ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, que había reaccionado a la negativa de Petro anunciando aranceles de 25% para todos los productos colombianos que ingresaran al mercado estadounidense, además de la revocación de visas para varios funcionarios del gobierno.
VIDEO Gustavo Petro acepta deportaciones tras advertencias de Trump a Colombia
En una conferencia de prensa en la noche del domingo, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo anunció que la situación había sido superada para preservar las relaciones diplomáticas y evitar las sanciones de Estados Unidos, que es el principal socio comercial de Colombia.
“Hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos”, dijo Murillo, quien apareció acompañado de la canciller entrante, Laura Sarabia, quien asumirá el cargo esta semana, el embajador Daniel García Peña, el vicecanciller Jorge Rojas y el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes.
De acuerdo a lo que consignó el portal local La Silla Vacía, Murillo, quien fue embajador en Washington entre 2022 y 2024, anunció que Colombia seguirá recibiendo a sus ciudadanos que retornen en condición de deportados, “garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos”.
Murillo dijo también en un comunicado que el embajador García y él viajarán a Washington en los próximos días para reunirse con el gobierno de Trump para darle seguimiento a los acuerdos de deportación.
Por su parte, la Casa Blanca también emitió un comunicado en el que ratificó que el gobierno de Colombia aceptó los términos del presidente Trump, y que, por tanto, retirará los aranceles y las sanciones con los que había amenazado al Estado colombiano.
Cuando lleva apenas una semana en el cargo, Trump viene implementando plenamente la política de deportaciones de ciudadanos indocumentados hacia sus países de origen en varios países de América Latina, una de sus principales promesas de campaña.
Aunque la orden ejecutiva dada por Trump permite que ahora para realizar las deportaciones se utilicen aviones militares, la política de deportación en realidad no es nueva, sino que es una continuación de la impulsada por su predecesor, Joe Biden, para combatir la migración irregular.
Según informó la revista colombiana Semana, en 2024, el último año de Biden en la Casa Blanca, Colombia recibió 126 vuelos con ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
La diferencia con los que están llegando ahora a los países latinoamericanos es que los migrantes viajan desde Estados Unidos esposados de manos y pies, como los que llegaron el sábado a la ciudad brasileña de Manaos, un hecho que generó duras críticas por parte del gobierno que encabeza el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el trato humillante que recibieron sus connacionales.
Sin embargo, contrariamente a lo que hizo Petro, Lula activó a la cancillería que realizó sus protestas a Estados Unidos por los carriles diplomáticos.
Pero las deportaciones, y más que nada la manera en la que las está impulsando la administración de Trump, no sólo provocaron reacciones adversas en Colombia y Brasil.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un vuelo de deportación porque este incluía ciudadanos venezolanos y haitianos, y la mandataria afirmó que únicamente acogería a ciudadanos mexicanos.
Mientras tanto, en Honduras, la presidenta Xiomara Castro también arremetió contra Trump y amenazó con cerrar la base militar estadounidense de Palmerola si la Casa Blanca continúa con la deportación masiva de ciudadanos hondureños.
En este contexto, Castro, quien es la actual presidenta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocó a sus homólogos de la región a una reunión “urgente” para hablar de los problemas migratorios, en medio de la ofensiva estadounidense contra la migración irregular.
“Convoco con carácter urgente a una reunión de presidentes y jefes de Estado; próximo jueves 30 de enero”, indicó Castro en su cuenta de X.
Según el gobierno hondureño, en la reunión de la Celac, además del tema de la “migración”, se abordarán las cuestiones de la “unidad latinoamericana y caribeña” y el “medioambiente”.