La redada de las autoridades de inmigración de Estados Unidos (ICE) en un edificio de apartamentos al sur de Chicago tuvo lugar hace una semana, pero los detalles que desde entonces han conmocionado al público estadounidense apenas están saliendo a la luz. En plena noche del martes de la semana pasada, decenas de agentes del ICE y fuerzas de otras agencias federales irrumpieron en el edificio. Según testigos presenciales, los niños fueron separados de sus padres, los apartamentos fueron saqueados e innumerables ciudadanos estadounidenses fueron detenidos durante horas.
“Nos trataron como si no fuéramos nada”, declaró la residente Pertissue Fisher a la cadena de televisión local ABC7. Fisher explicó que ella y otros residentes del complejo de apartamentos fueron detenidos por guardias de seguridad armados durante varias horas. “Me preguntaron mi nombre y fecha de nacimiento y si había una orden de arresto. Dije que no”, recordó Fisher.
No la liberaron hasta las 3.00. “Fue aterrador. Nunca antes me habían apuntado con un arma a la cara”, dijo Fisher, ciudadana estadounidense.
Otros testigos presenciales informaron que los niños fueron separados de sus padres. Las fotos muestran a los niños pequeños atados con bridas, descalzos y vestidos sólo con pijama o ropa interior. Los videos de la redada, compartidos en redes sociales, muestran vehículos de emergencia y agentes rodeando el edificio.
Chicago en la mira de la administración Trump
La redada demostró una vez más la brutalidad y severidad con que la administración estadounidense del presidente Donald Trump está reprimiendo a los presuntos inmigrantes indocumentados. A pesar del cierre gubernamental, las redadas continúan en todo el país.
En los últimos días, Trump también anunció nuevamente que enviará la Guardia Nacional a Chicago y Portland (Oregón), para apoyar a los agentes del ICE, a pesar de que una jueza federal prohibió la movilización de la Guardia Nacional para su despliegue en Portland durante el fin de semana. La ciudad de Chicago y el estado de Illinois presentaron una demanda conjunta para detener la movilización de las tropas de la Guardia Nacional.
El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció ese mismo día la creación de “zonas libres de ICE”, lugares designados donde las autoridades migratorias tienen prohibido realizar redadas. El gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker, declaró durante una conferencia de prensa el domingo que el despliegue de la Guardia Nacional constituiría una “invasión” ilegal.
Pretexto del crimen organizado
Una operación migratoria llamada Midway Blitz ha estado en marcha en Chicago desde el mes pasado. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 800 inmigrantes indocumentados fueron arrestados entre el 8 de setiembre y el 1° de octubre. La redada de la semana pasada en el edificio de apartamentos también formó parte de esta operación.
Finalmente, 37 personas fueron arrestadas durante el operativo. Según el DHS, el motivo del allanamiento fue la sospecha de que miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua frecuentaban el edificio residencial. Se cree que al menos dos de los arrestados son pandilleros. Bajo el gobierno de Trump, Tren de Aragua fue declarado organización terrorista junto con otras redes criminales.
Según informes de medios estadounidenses, el complejo de apartamentos donde tuvo lugar la redada ya había recibido atención negativa en el pasado. Se habían reportado daños por agua, montones de basura en los pasillos y escaleras, y vandalismo. Sin embargo, el gobernador Pritzker cree que esto no justifica las acciones excesivas de las autoridades federales, y sostiene que tales acciones sólo siembran el pánico en las comunidades.
“La administración Trump debe poner fin a la guerra contra Chicago. La administración Trump debe poner fin a la guerra contra los estadounidenses. La administración Trump debe poner fin a su intento de destruir nuestra democracia”, exigió, por su parte, el alcalde de Chicago, Johnson.
La justicia falla contra Trump
California y Oregón solicitaron conjuntamente una orden de restricción temporal para el despliegue de tropas el domingo, después de que Trump, ese mismo día, enviara a miembros de la Guardia Nacional de California a Oregón para combatir lo que describió como una delincuencia rampante en la zona.
El sábado, la jueza federal Karin Immergut había suspendido una orden presidencial similar para redistribuir a miembros de la Guardia Nacional a Portland, tras el anuncio de un portavoz del Pentágono de que unos 200 miembros de la Guardia Nacional de California desplegados en el área de Los Ángeles serían desplegados en esa ciudad. Su orden estará vigente hasta el 18 de octubre.
La gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, indicó que unos 100 llegaron el sábado y otros 100 estaban en camino el domingo. La medida parece haberse tomado deliberadamente para eludir el fallo inicial de la jueza: no hubo comunicación oficial a la administración sobre el despliegue. La gobernadora reiteró que una intervención militar en Oregón no era necesaria y que no hubo insurrección ni amenaza a la seguridad nacional en Portland.
Inicialmente, California y Oregón habían solicitado una orden judicial más restrictiva que habría impedido únicamente el despliegue de tropas de la Guardia Nacional de California en ese último estado. Sin embargo, tras recibir el tribunal un memorando del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el que se indicaba que se activarían hasta 400 tropas de la Guardia Nacional de Texas para su despliegue en Oregón, Illinois y posiblemente otros lugares, solicitaron que la orden judicial se aplicara a todos los miembros de la Guardia Nacional.
“Una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”
El gobernador de Texas, Greg Abbott, republicano al igual que Trump, anunció en una publicación en la plataforma X el domingo por la noche que había aprobado el despliegue. “O se aplican plenamente las protecciones para los empleados federales o se abre el camino y se deja que lo haga la Guardia Nacional de Texas”, escribió Abbott. Sin embargo, su homólogo demócrata de California, Gavin Newsom, lo calificó de “abuso de poder vertiginoso”. “El comandante en jefe está utilizando las fuerzas armadas estadounidenses como arma política contra los ciudadanos estadounidenses”, declaró Newsom.
La jueza Immergut suspendió la orden del presidente el sábado a la espera de nuevos procedimientos, atendiendo la demanda interpuesta por la ciudad de Portland y el estado de Oregón. Immergut escribió que las protestas en Oregón fueron relativamente pequeñas y no justificaban un despliegue de fuerzas federales que pudiera menoscabar la soberanía de ese estado. “Esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial”, escribió.
En junio, el presidente había desplegado tropas de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles para sofocar las protestas contra los arrestos realizados por agentes enmascarados del ICE. Y en los últimos días, describió la situación en Portland en los términos más desesperados. La ciudad está “devastada por la guerra” y las instalaciones del ICE están siendo atacadas por “terroristas domésticos”, escribió Trump a finales de setiembre.
También el sábado el presidente autorizó el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional de Illinois para proteger a los funcionarios e instalaciones federales en Chicago. Sin embargo, la oficina del gobernador Pritzker declaró que la situación en esa ciudad no requería un despliegue militar, y declinó desplegar la Guardia Nacional.
Trump envía la Guardia Nacional a Chicago
El objetivo de los 300 efectivos de la Guardia Nacional que Trump ordenó para Chicago es proteger a “funcionarios federales y propiedades”, según declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. El senador demócrata de Illinois Dick Durbin afirmó, en cambio, que la intención de Trump no es combatir la delincuencia, sino sembrar el miedo.
El despliegue de la Guardia Nacional en esa importante ciudad del estado de Illinois se esperaba desde hacía tiempo. El gobernador Pritzker había declarado previamente, el sábado, en X, que el Departamento de Defensa de Trump le había dado un ultimátum: si él no enviaba la Guardia Nacional a Chicago, lo haría la administración en Washington.
Antes del despliegue anunciado en Chicago, Trump ya había enviado la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington, Memphis y Portland, ciudades también gobernadas por la oposición demócrata. El presidente estadounidense justificó esta acción alegando disturbios contra la autoridad migratoria ICE y un presunto aumento de la delincuencia.
“Simplemente desconectados de los hechos”
En su orden de finales de la semana pasada, Trump justificó el despliegue de tropas alegando que era para proteger a los funcionarios de inmigración de “terroristas nacionales”, como el movimiento Antifa. La jueza Immergut –que fue nombrada por Trump durante su primer mandato– declaró, en cambio, que las acciones del presidente estadounidense estaban “simplemente desvinculadas de los hechos”.
El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, calificó la decisión del tribunal como una “insurrección”, y acusó a los líderes de Oregón de un “ataque terrorista organizado contra el gobierno federal”.
El senador demócrata de Oregón Ron Wyden elogió la decisión de la jueza como una “victoria” legal que subraya “lo que la gente de Oregón ya sabe: no necesitamos ni queremos que Donald Trump provoque violencia estacionando tropas federales en nuestro estado”.
El presidente había declarado previamente, tras el ataque mortal contra el podcáster y activista de extrema derecha Charlie Kirk el 10 de setiembre, que clasificaba al movimiento Antifa como una “organización terrorista nacional”. Dado que el término “Antifa” es amplio y vago, existe la preocupación entre los opositores de Trump de que la designación de “terrorista” pueda usarse para lanzar una represión masiva e indiscriminada contra los críticos del gobierno.
Este artículo fue publicado originalmente por Die Tageszeitung.