Donald Trump llegó a su segundo mandato, el 20 de enero, con mayores aspiraciones, más agresivo en sus políticas y más impredecible que en su primer gobierno (2017-2021). En esta presidencia, se propuso presionar a otros países para que se ajusten a sus intereses y dejar su nombre grabado en la historia y en todos aquellos lugares en los que sea posible. Incluso aspiraba a ganar el Nobel de la Paz.

“Tenés que poner tu nombre en las cosas o nadie te recuerda”, dijo el gobernante, cuyo apellido designa a la Torre Trump, los hoteles Trump, la Organización Trump y los complejos de golf Trump en distintas partes del mundo.

En su actual mandato como presidente de Estados Unidos, el histórico Centro John F Kennedy para las Artes Escénicas de Washington DC pasó a denominarse Centro Trump-Kennedy, y a mostrar en su fachada, junto al nombre del presidente asesinado en 1963, el de “Donald J Trump”.

Días atrás, el presidente estadounidense también anunció la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre y dijo que serán “los más grandes y poderosos de la historia”. A diferencia de los portaviones John F Kennedy y Gerald R Ford, que fueron bautizados de manera póstuma, el actual gobernante se homenajeará a sí mismo en vida.

Trump también prevé dejar su marca en la Casa Blanca, y derribó el Ala Este para crear un nuevo edificio, más grande y con “el salón de baile más bello del mundo”, para un millar de invitados. Esta desmesura de Trump –que no consiguió todavía el Nobel, pero obtuvo el Premio de la Paz de la FIFA, creado un mes antes– se refleja en su conducción política, que muchas veces se mueve en el límite de la legalidad y de sus potestades como presidente.

Nueva política migratoria

Si en su primer gobierno Trump prometía levantar un muro para bloquear el paso de inmigrantes indocumentados, este año, con la One Big Beautiful Act, un compilado de leyes y decretos, convirtió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en la mayor fuerza de seguridad interna de su país.

Criminalizó la inmigración irregular para perseguir a quienes ingresaron sin papeles y deportarlos. En este proceso separó familias y envió a personas de origen extranjero a cárceles conocidas por no respetar los derechos humanos: la de Guantánamo, en Cuba; el Cecot de Nayib Bukele, en El Salvador, o el Alligator Alcatraz, un nuevo centro de detención creado en Florida.

Estas acciones fueron objeto de batallas judiciales, como muchas otras decisiones del presidente. Llegaron a los tribunales sus propuestas de desplegar fuerzas de seguridad federales en los estados gobernados por opositores, y las iniciativas para sancionar a universidades por no castigar las protestas en defensa del pueblo palestino o por aplicar políticas de discriminación positiva para que las minorías pudieran acceder a los estudios.

A lo largo de este año, Trump ha utilizado los fondos federales para conseguir que algunas instituciones universitarias cambien sus políticas, por temor a ser desfinanciadas. Las presiones económicas también fueron un arma en la política exterior, en la que tampoco se privó de usar la fuerza.

Del mismo modo en que enfrenta a la Justicia dentro de su país, Trump desafía la legalidad internacional. Retiró a su país de varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reclamó para Estados Unidos territorios de otros países.

Apenas inició su mandato, amenazó con apropiarse del canal de Panamá, alegando que lo gestionaba China, algo que el gobierno panameño negó. También causó indignación en el gobierno de Groenlandia y en el de Dinamarca, país al que pertenece ese territorio que Trump insiste en incorporar a Estados Unidos. Días atrás, dijo que la presencia de barcos rusos y chinos en torno a sus aguas convierte a Groenlandia en un lugar clave para la seguridad estadounidense.

Aranceles y elecciones

Apenas volvió a la presidencia, Trump lanzó una guerra arancelaria que sacudió la economía mundial, enfocada en particular en castigar a China, su principal rival comercial. Pero también la utilizó para presionar a otros países a no negociar con Pekín, o incluso, para imponer su voluntad en cuestiones internas. Amenazó a Brasil con enormes aranceles para exigir al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que frenara las investigaciones de la Justicia brasileña contra el expresidente Jair Bolsonaro por liderar una trama golpista.

Como en otros casos, esta decisión finalmente fue revertida. Después de conversar con Lula, que no cedió ante las presiones y dejó claro que en Brasil el Poder Judicial es independiente, Trump reconoció que congenió con el presidente brasileño.

Las presiones de Trump llegaron también a Argentina: prometió un salvataje económico, pero sólo si el gobierno ganaba las elecciones legislativas de octubre.

En Honduras, según denuncia el oficialismo, se hizo una campaña en la que se advertía a los ciudadanos que el país podría dejar de recibir remesas si no ganaba el candidato de Trump, Nasry Asfura, que por pocos votos fue electo presidente.

También en Chile tenía un candidato favorito. Cuando en la segunda vuelta electoral de diciembre fue electo presidente el ultraderechista José Antonio Kast, Trump afirmó: “Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que yo había apoyado, que no lideraba [en primera vuelta], acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo pronto. He escuchado que es una muy buena persona”.

Doctrina Trump-Monroe

Con su decisión de declarar a los carteles de la droga como organizaciones terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva, Trump creó una excusa para atacar diversos territorios. También el tráfico de drogas fue un argumento para imponer aranceles. Además de afirmar que su país no había sido tratado de una manera justa económicamente, acusó a México, Canadá y China de no hacer lo suficiente para evitar que ingresaran a su país el fentanilo o los insumos para prepararlo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue acusado de “narcoterrorismo” en el primer gobierno de Trump, fue declarado este año líder del llamado cartel de los Soles, cuya existencia es muy dudosa, pero que Estados Unidos calificó como una organización terrorista global, como lo hizo también con el Tren de Aragua, de origen venezolano, o el cartel de Sinaloa, de México.

Desde setiembre, Washington lanzó un fuerte despliegue militar frente a aguas de Venezuela, en el mar Caribe, y en menor medida en el Pacífico, ante las costas de Colombia. “En el siglo XXI algunos creen que se pueden volver reyes y virreyes, y en repúblicas no es posible”, dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Los militares estadounidenses mataron a cerca de un centenar de personas en bombardeos contra supuestas “narcolanchas” venezolanas. Nunca presentaron pruebas ni identificaron a los asesinados. Además, secuestraron dos buques petroleros, a los que le confiscaron su cargamento, y persiguieron a varios otros, mientras Trump advertía sobre posibles ataques terrestres en Venezuela.

La prensa estadounidense divulgó el lunes declaraciones de Trump acerca de que su país había destruido unas “grandes instalaciones” que se usaban para cargar drogas en buques en Venezuela. Según informó este martes el diario The New York Times, se refería a un ataque con drones de la CIA a una instalación portuaria en la que el Tren de Aragua almacenaba droga.

Al mismo tiempo, Trump alegó días atrás que Venezuela se quedó con recursos que eran de Estados Unidos. Esto se interpretó como una supuesta alusión a la nacionalización de la explotación petrolera, que no llegó con Maduro ni con el chavismo, sino con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en la década de 1970. En cualquier caso, se trataba de recursos venezolanos.

El interés de Trump en América Latina fue plasmado en su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, presentada el 5 de setiembre, en la que habla de volver a la doctrina Monroe, que consideraba a esta región el patio trasero de Estados Unidos. En la nueva versión de esta doctrina, Washington “negará a competidores de fuera del hemisferio la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales”. Esto apunta a frenar, sobre todo, la presencia de China en la región.

Desde Ucrania hasta Medio Oriente

Cuando todavía Joe Biden gobernaba Estados Unidos, Trump dijo que si él fuera presidente, la guerra de Ucrania se hubiera terminado en apenas unos días. Sin embargo, sus intentos de resolver este conflicto, con una mediación que recogió los reclamos rusos más que los ucranianos, todavía no dieron sus frutos.

Trump no sólo negoció el fin del conflicto, sino que consideró que su país aportó demasiados recursos a la defensa de Ucrania y se propuso revertir esta situación. Obligó a sus aliados de la OTAN a aumentar su presupuesto en defensa, y al gobierno de Volodímir Zelenski le reclamó que Ucrania pague con sus riquezas naturales por el aporte en seguridad que recibió de Washington.

También en su papel de mediador, Trump llegó a anunciar la firma de un “plan de paz” en etapas para la Franja de Gaza, devastada por Israel.

Antes de presentar ese acuerdo, que por ahora es apenas una tregua con demasiadas interrupciones, Trump había propuesto convertir la Franja de Gaza en un balneario de lujo, una “Riviera del Medio Oriente”. También había apoyado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su plan de excluir a las agencias de la ONU que gestionaban la ayuda humanitaria en Gaza. Los dos acordaron que esa ayuda la entregara una empresa estadounidense creada para ese fin: la Fundación Humanitaria para Gaza. Como resultado, los palestinos fueron desplazados una vez más. Debían llegar a los escasos puntos de entrega que funcionaron cerca de zonas militarizadas, y allí fueron asesinadas cientos de personas de todas las edades que se acercaban a buscar alimentos.

En cuanto a esta primera etapa del llamado “plan de paz”, que el domingo cumplió 80 días, las autoridades de Gaza informaron que en ese lapso las fuerzas israelíes mataron a 418 palestinos e hirieron a 1.141. También comunicaron que en esos 80 días sólo ingresó el 41% de la ayuda humanitaria acordada.

Nada de esto fue mencionado por Trump el lunes, cuando recibió a Netanyahu por quinta vez en el año, desoyendo el pedido de detención emitido por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí. En ese encuentro, esperaba avanzar hacia una segunda etapa del plan, aunque no hubo anuncios claros al respecto.

Consultado en conferencia de prensa sobre el fuerte avance de Israel en la colonización en Cisjordania, algo considerado ilegal por la comunidad internacional y que busca impedir en los hechos la existencia de un Estado palestino, Trump reconoció que tiene diferencias con Netanyahu. Pero afirmó que el primer ministro israelí “va a hacer lo correcto”.