Frente a una “inminente crisis fiscal”, y después de que el Congreso rechazara por segunda vez su reforma tributaria, el presidente colombiano, Gustavo Petro, declaró en la noche del lunes “el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional”. Este régimen, dispuesto por 30 días, permite que el gobierno aplique impuestos especiales.
De acuerdo con los números que hizo públicos el presidente, son necesarios 41.000 millones de dólares para cumplir con el presupuesto de 2026. Según la prensa colombiana, el objetivo de los nuevos impuestos es conseguir el equivalente a unos 4.190 millones de dólares para completar esa cifra. Esos tributos se establecerán mediante decretos reglamentarios en los próximos días.
El presidente adelantó que los impuestos se basarán en los criterios que establecía su reforma tributaria. “Los nuevos recursos sólo deben salir de los megarricos, que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña [a la sociedad] de los grandes beneficios obtenidos”, dijo al anunciar su decreto.
La reforma tributaria buscaba recaudar unos 4.000 millones de dólares más para 2026, en un contexto en que, si bien la economía crece, incluso por encima de las previsiones, también lo hace el déficit fiscal. Por eso, porque no hay ingresos fiscales suficientes, el gasto público se apoya en endeudamiento, informó la agencia Efe.
El presidente cuestionó al Congreso por rechazar su iniciativa y dejar al Estado “desfinanciado”, y también al Banco de la República (equivalente al Banco Central), por mantener desde abril una tasa de 9,25%, que aumenta el endeudamiento y también el déficit primario en las finanzas públicas.
Señaló que este déficit se arrastra desde el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y que la deuda se vuelve cada vez más insostenible. “Las condiciones de la emergencia por este hecho son evidentes, y si la Corte Constitucional [encargada de evaluar los decretos de emergencia económica] decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza, sino simple economía de primer semestre”, dijo el presidente.
Petro manifestó en su decreto que actualmente Colombia está ante una “inminente crisis fiscal” que podría causar “un ajuste drástico” en las finanzas estatales y repercutir en el “bienestar de la población”. “Si no hay emergencia [económica], hay recorte”, sintetizó el presidente colombiano. Su gobierno intenta evitar esos recortes porque argumenta que afectarían el funcionamiento del Estado, mientras que la oposición de derecha reclama una disminución del gasto público.
Además de ese cuestionamiento de fondo, basado en diferencias políticas, los opositores también plantean dudas formales acerca de si se cumplen las condiciones que establece la Constitución para declarar la emergencia económica, que exige que exista una situación extraordinaria e imprevista. Varios dirigentes entienden que no se cumplen esos requisitos y tienen la expectativa de que la Corte Constitucional rechace la declaración.
De acuerdo con el diario El Colombiano, el senador Carlos Fernando Motoa dijo que el decreto es “abusivo e inconveniente” y la senadora Angélica Lozano acusó al presidente de “abuso de poder”, tal como lo hicieron algunos dirigentes empresariales.
La Cámara Colombiana de la Construcción y la Asociación Nacional de Empresas de Colombia coinciden en que el decreto no resuelve las finanzas públicas y crea incertidumbre jurídica, según informó el diario bogotano El Espectador.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que la falta de recursos es un factor de riesgo para áreas clave como la salud o el funcionamiento del sistema judicial, y que impide atender cuestiones de seguridad pública emergentes vinculadas con organizaciones delictivas.
El gobierno de Petro, que el año que viene finaliza su mandato, argumenta que el decreto busca terminar con “la incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos materiales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”, y que fue emitido por una “situación fiscal que adquirió el carácter de grave”.