Terry Cole, el director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (conocida como la DEA), acusó el jueves a Venezuela de haberse “convertido en un Estado narcoterrorista que sigue colaborando con las FARC y el ELN de Colombia para enviar cantidades récord de cocaína” a los cárteles mexicanos”. Esa droga, agregó, termina por ingresar a su país.
“La corrupción venezolana, la dictadura venezolana, es narcoterrorista”, dijo Cole entrevistado por la cadena Fox News.
“Siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros de [la organización criminal de origen venezolano] Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles”, agregó.
En los últimos días, esta retórica fue acompañada de acciones. Primero, el gobierno de Donald Trump aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que en 2020 fue acusado de “narcoterrorismo” en un tribunal estadounidense.
Washington, además, envió tres buques de guerra para patrullar cerca de aguas venezolanas, en el sur del Caribe, en busca de cargamentos de drogas. En esos barcos, que se prevé que lleguen el fin de semana, llevan a bordo cerca de 4.000 soldados, sistemas de misiles guiados y radares.
Este despliegue, que se extenderá por “varios meses”, fue informado primero por CNN y confirmado el martes por Washington. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo ese día que Estados Unidos está dispuesto a “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su territorio”.
Para justificar estas acciones, la funcionaria se apoyó también en los cuestionamientos que pesan sobre el gobierno de Maduro por no haber hecho públicas las actas de las últimas elecciones presidenciales, en las que se proclamó reelecto.
“El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta administración”, dijo Leavitt, y consideró a Maduro “un líder fugitivo de este cartel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas al país”.
El gobierno de Maduro anunció el lunes el despliegue en todo el país de 4,5 millones de milicianos, que son parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como parte de un “plan de paz”. También prohibió por 30 días la compra, venta, fabricación y uso de drones.
Yvan Gil, el ministro de Relaciones Exteriores venezolano, calificó las acusaciones de Estados Unidos como una “cortina de humo” y repudió “esta burda operación de propaganda política”, que en su opinión busca “complacer a la extrema derecha derrotada en Venezuela”.
Las acciones estadounidenses generaron respuestas de rechazo, pero también algunas de respaldo. El opositor Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, ahora radicado en España, dijo que “está más que justificada la actuación de Estados Unidos y de cualquier país que tiene que proteger la seguridad de sus ciudadanos”. En su opinión, “no se trata de invasiones”, sino de acciones con “marco legal”.
Sin embargo, consideró que esta situación puede terminar con “que Maduro salga del poder”. Al respecto agregó: “Nosotros no pedimos que Estados Unidos, Alemania ni Inglaterra produzcan un cambio de régimen; nosotros ya hicimos un cambio de régimen en las elecciones, pero necesitamos de la comunidad internacional”.
Incluso el expresidente colombiano Álvaro Uribe justificó públicamente las acciones de Estados Unidos y dijo que el despliegue militar no apunta contra el pueblo venezolano, sino contra Maduro, por las “pruebas” que Washington tiene de sus vínculos con el “narcoterrorismo”.
Hasta hace unos días, Uribe cumplía en prisión domiciliaria una condena a 12 años de cárcel por fraude procesal y soborno de testigos, por pagarles a paramilitares presos para que declararan a su favor ante la Justicia en perjuicio de un senador de izquierda. Sin embargo, como apeló este fallo, Uribe quedó en libertad mientras un tribunal de segunda instancia tramita su causa, y el miércoles protagonizó un acto político.
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, dijo que habrá represalias para quienes pidan “invasiones y sanciones”, y advirtió: “Tengan cuidado porque una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir de allá para acá tongoneándose [contoneándose]”.
Los gobiernos de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Colombia repudiaron las acciones estadounidenses.
La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, dijo este jueves que su país “se opone a cualquier acción que viole los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas o infrinja la soberanía y seguridad de otros países”.
También el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, mediante su portavoz adjunta, Daniela Gross, llamó a Estados Unidos y Venezuela a “resolver sus diferencias por medios pacíficos”, a “desescalar las tensiones y ejercer la contención”.