José Jerí, el presidente peruano en funciones que reemplazó a Dina Boluarte, aprobó un decreto con carácter urgente que abre el camino para que la inversión privada ingrese a la empresa estatal Petroperú. Lo hizo un par de horas antes de que comenzara 2026, que es año electoral en Perú.

Según informa su web oficial, Petroperú es “una empresa de propiedad del Estado peruano y de derecho privado”, que se dedica al transporte, la refinación, la distribución y la comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo”.

El decreto dispone su “reorganización patrimonial” y la incorpora al régimen de promoción de la inversión privada. Con este fin, deroga el artículo de una ley que excluía a esta empresa estatal de ciertas modalidades de inversión privada. Así habilita el ingreso de esos capitales incluso en sectores estratégicos de la empresa, como una nueva refinería instalada en la ciudad de Talara.

Frente a esa refinería se concentraron el martes los sindicatos de trabajadores de la empresa estatal –los administrativos y los que se dedican más directamente a la producción petrolera– para manifestar su rechazo a la decisión. También participaron en la protesta organizaciones sociales y trabajadores de la construcción y de los mototaxis, vehículos de transporte público de tres ruedas.

Llevaban consignas contra la privatización de Petroperú y en particular de la nueva refinería, a la que consideran “un patrimonio de Talara”. También advertían que el país podría volver a sufrir prácticas de desmembramiento de empresas públicas como en la década de 1990.

Según dispuso el gobierno, la reorganización de Petroperú queda a cargo de ProInversión, una agencia que depende del Ministerio de Economía y se encarga de promover la inversión privada. Esa institución tendrá la tarea de diseñar y conducir el proceso por el cual ingresarían los capitales privados, informó el diario peruano La República. En un plazo de 30 días, ProInversión deberá aprobar una nueva estructura para la petrolera.

De acuerdo con la agencia Europa Press, el decreto de Jerí contempla la asignación de hasta 60,8 millones de dólares para esta reestructuración y esa cifra cubriría también el pago de despidos de trabajadores en una probable reducción de personal.

Para el gobierno de Jerí, estas acciones tienen como objetivo “garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles” y también los derechos de los trabajadores. Así lo manifestó el Ministerio de Economía antes de que el decreto fuera emitido. A su vez, en el propio decreto se afirma que Petroperú ha tenido pérdidas operativas desde 2022, que la empresa depende del endeudamiento externo y que se redujeron sus líneas de crédito.

Los dos sindicatos de la empresa estatal rechazaron en un comunicado la decisión del presidente. Afirmaron que “Jerí prefirió el negocio de la privatización antes que defender la seguridad y soberanía energética del Perú”.

“Petroperú no es una empresa quebrada. Es una empresa golpeada por malas decisiones, interferencias políticas y una campaña mediática orquestada para justificar su desmantelamiento. La refinería de Talara es una infraestructura moderna y estratégica que el país no puede darse el lujo de perder ni de entregar a intereses ajenos al interés nacional”, agregaron los trabajadores. “La refinería es un patrimonio de Talara y la vamos a defender de este gobierno transitorio”, concluyeron.

Rafael Noblecilla, el secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros, dijo al periódico peruano que el Ministerio de Economía se propone “descuartizar” a la petrolera en diversos bloques para luego venderlos a privados. Señaló que Petroperú ha abastecido a zonas de difícil acceso, como las selváticas, y puso en duda que esos servicios se mantengan si se privatiza.

“Estamos en contra de que, bajo esa supuesta reestructuración, se esté manejando bajo la mesa el despido de 1.000 trabajadores [...] De lo que se trata es de defender el patrimonio del Perú. Tenemos que ver qué responsabilidad social cumple Petroperú, cuando otros privados no la tienen, en los sitios más inhóspitos de la selva peruana”, dijo.

José Luis Saavedra, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú-Petroperú SA, manifestó al periódico su expectativa de que el gobierno dé marcha atrás con el decreto.

Antes de que la norma fuera publicada, cuando todavía era un plan del Ejecutivo de Jerí, Saavedra manifestó: “Hemos tomado conocimiento, por los diferentes borradores, de que se estaría buscando una privatización encubierta. En nuestra opinión, el Ejecutivo no está tomando en cuenta todos los riesgos que traería esta medida, como el desabastecimiento o la paralización de operaciones, lo que incrementaría el precio de los combustibles y afectaría el costo de la canasta básica familiar”.