Un tribunal penal especializado en corrupción y violencia de género del departamento boliviano de Tarija fijó para el lunes 11 de mayo la primera audiencia del juicio oral contra el expresidente Evo Morales por el delito agravado de trata de personas.

La víctima sería una adolescente con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando todavía gobernaba. El dirigente llegó a la presidencia en 2006 y continuó en el cargo hasta 2019.

Los fiscales que investigan el caso reunieron más de 170 pruebas contra Morales que integran el pliego acusatorio. Así lo comunicó a fines de abril el fiscal departamental de Tarija, José Mogro, ante periodistas locales. Dijo también que se notificó a la defensa del expresidente que está citado para presentarse a la audiencia del lunes, y que esta semana vence el plazo para que presente sus descargos y las pruebas a su favor.

Los intentos de llevar la citación al domicilio de Morales fracasaron porque no pudieron ubicarlo en la dirección que había comunicado, según la Fiscalía. Desde que se presentó esta denuncia, en octubre de 2024, se ha mantenido protegido por sus seguidores, en su mayoría activistas cocaleros del Trópico de Cochabamba. Allí Morales tiene su mayor base de apoyo y se levantaron barricadas en torno a la localidad de Lauca Eñe para evitar un posible ingreso de las autoridades.

Nelson Cox, abogado de Morales, dijo que la defensa está notificada de la convocatoria para la mañana del lunes, pero que no puede garantizar la presencia de Morales en la audiencia. Según informó el diario boliviano La Razón, Cox anunció que va a presentar un recurso porque “no se han cumplido los procedimientos de notificación” correspondientes. Cuestionó que “se lo notificó por edicto, pese a que se conoce su domicilio procesal”.

Otro de los abogados de Morales, Wilfredo Chávez, dijo a la radio boliviana Erbol que no se notificó a su defendido de forma personal y, por lo tanto, “no se puede asistir” porque se desconoce “de qué se trata” la citación. Agregó que en este juicio, “que es totalmente ilegal”, se está vulnerando el principio de no juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Según Chávez, Morales ya fue investigado por este caso.

El fiscal Mogro informó que el avance del trabajo del Ministerio Público fue verificado días atrás por la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, que concluyó que “ha actuado con transparencia y celeridad dentro de este proceso” y que cumplió con las normas.

También el propio Morales se pronunció este miércoles sobre el juicio y sobre informaciones acerca de que el gobierno intenta indagar en Estados Unidos si participó en delitos de narcotráfico por los que se investiga a exjefes policiales. El expresidente dijo en su cuenta de X que enfrenta una “guerra jurídica” y una “brutal persecución judicial y mediática” por parte del gobierno de Rodrigo Paz, y afirmó que las investigaciones en su contra son “causas armadas” para aniquilarlo “moral y físicamente”. El gobierno “no tiene vergüenza de su sometimiento a Estados Unidos pidiendo informes falsos”, dijo.

“No busco la impunidad. Quiero que mis acusadores demuestren –con pruebas legales y reales– los presuntos delitos que cometí. Pido una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político”, argumentó Morales.

En el juicio que comienza el lunes, además del expresidente, es investigada la madre de la supuesta víctima. Según publicó la agencia de noticias Efe, se presume que obtuvo beneficios, en particular un empleo, gracias a la relación de su hija menor de edad con Morales. La joven comunicó a medios locales que actualmente está radicada junto con su hija en Argentina.