Este lunes, luego de más de un mes de conflicto, con movilizaciones y cortes de ruta que aún persisten en varias partes del país, sobre todo en El Alto y La Paz, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley de Regulación de Estados de Excepción, que determina los procedimientos adecuados para la implementación del mecanismo.
La ley tuvo un rápido tratamiento: tras ser aprobada por la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue ratificada en Diputados en la madrugada de este domingo, para ser promulgada esta tarde. Según consignó la cadena boliviana Unitel, el documento consta de 27 artículos y faculta al presidente a declarar el estado de excepción mediante decreto, aunque requiere la aprobación del Poder Legislativo.
La medida fue reprobada por el expresidente Evo Morales, quien denunció en un posteo en la red social X que la ley “debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos”. El exmandatario evaluó que “la norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios y amplía la intervención militar en conflictos internos”, por lo que solicitó “el seguimiento y la vigilancia permanente de los organismos internacionales para resguardar el estado de derecho y las libertades fundamentales”.
Por su parte, en una conferencia de prensa a la que asistieron integrantes de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía de Bolivia, Paz defendió la promulgación de la ley, en tanto “de nada sirve desarrollar una visión de desarrollo económico” sin seguridad. En su discurso, el mandatario denunció en reiteradas oportunidades la existencia de actores vinculados al “narcoterrorismo”, que interfieren en la política del país del altiplano.
Paz acusó que esos sectores llevan a cabo ataques en diferentes regiones del país que perjudican a varios ámbitos de la sociedad, y denunció la infiltración de organizaciones sociales con “justas reivindicaciones”, pero que “son boicoteadas” para afectar las negociaciones con el gobierno que lidera. “No puede haber bolivianos que estén por encima de la ley”, aseveró, y llamó a defender las organizaciones, de manera que no se vean “contaminadas por la política, y menos por la política vinculada al narcoterrorismo”. De este modo, aseguró que la norma promulgada este lunes es “una ley para proteger bolivianos” y garantizar el cumplimiento de “lo que manda la Constitución”, algo que resumió como “el vivir bien y no en confrontación”.
De todos modos, el mandatario se dirigió a los integrantes de las fuerzas armadas y policiales presentes en el lugar, y les recordó su responsabilidad con “el futuro” del país. Dijo que esto requiere “actuar con firmeza [y] profesionalismo”, aunque recordó que esto debe darse “respetando los derechos humanos”. De todos modos, reiteró su apertura al diálogo y llamó a las organizaciones a “cuidarse” de “los infiltrados y los violentos”. “Así como cayó Marset, sus días están contados. Y vamos a hacer cumplir lo que mandan la Constitución y la ley”, advirtió el mandatario.