La líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asumió este martes la presidencia de Perú, con un discurso muy crítico con los gobiernos pasados, pese a que muchos de ellos contaron temporalmente con su apoyo. La oposición ha afirmado incluso que el partido de Fujimori gobernó desde el Congreso mientras pasaban ocho presidentes en diez años, y que controla distintas instituciones del país.
“Debemos tener el valor de mirar nuestra realidad de frente, sin anestesia, sin maquillajes, sin medias verdades. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación” de las anteriores autoridades, dijo la nueva presidenta. Manifestó que hay “un Estado a la deriva por la carencia de una visión estratégica” que oriente las políticas. Dijo que los “servicios básicos nunca llegaron a quienes más lo necesitaron” y que el país atravesó “décadas de gobiernos que no cerraron la brecha entre ciudadanos”. Se enfocaron en “obtener beneficios en desmedro de los ciudadanos y de la libre competencia”, afirmó.
Uno de los ejes de su discurso de asunción fue el crecimiento del crimen organizado. Anunció que en esta área pedirá al Congreso facultades delegadas y emitirá decretos de urgencia para impulsar las primeras reformas. Dijo también que las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente las operaciones de seguridad interna, “en estrecha colaboración con la Policía Nacional, hasta recuperar el control del Estado” en zonas declaradas en emergencia.
“Iremos contra las mafias nacionales e internacionales responsables del sicariato, la minería ilegal” y otras prácticas delictivas, aseguró la nueva presidenta.
Afirmó que el “abandono del Estado se evidencia también en la extorsión que asfixia al pequeño comerciante, al mototaxista, al emprendedor”. Dijo que cinco días atrás, cerca del Congreso, en la zona de La Victoria, murieron cinco personas, entre ellas menores de edad, en un incendio que supuestamente fue provocado por no ceder a esas extorsiones.
La mandataria dijo que uno de sus planes es impulsar “una profunda reforma penitenciaria para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión y no de operación del crimen organizado”, y dijo que se implementará “un ambicioso proceso de modernización tecnológica, incluyendo sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear el delito, herramientas modernas de comunicación y centros de comando que permitan una respuesta rápida y coordinada frente a la criminalidad”.
Advirtió también que ante aquellos policías que “deshonren la institución” se “responderá con todo el peso de la ley”, y “del mismo modo”, se creará “un sistema de recompensa al mérito” para los demás.
Fujimori se comprometió también a hacer una gestión más eficiente de los recursos, por ejemplo en las compras públicas, promover la obra pública y eliminar burocracia innecesaria. Prometió bajar a la mitad la pobreza infantil y dijo que su objetivo es “mejorar la calidad de vida de los peruanos desde la gestación hasta la tercera edad”.
Anunció la “aplicación progresiva de una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza”, y dijo que, para empezar, se duplicará el monto de la llamada Pensión 65, de 350 a 700 soles (205 dólares). Reciben esa prestación los mayores de 65 años que no tienen jubilación ni otros ingresos y cuyo hogar está catalogado como en situación de pobreza crítica.
Protestas en torno a la asunción
Fujimori ganó las elecciones en su cuarto intento y por una escasa diferencia de votos frente a su rival en segunda vuelta, Roberto Sánchez, 50,1% a 49,8% de los votos válidos.
Mientras se desarrollaba el cronograma de actos por la asunción, Sánchez, que cuestionó los resultados y que además reclama la libertad para el expresidente Pedro Castillo, encabezó una manifestación frente al Palacio de Justicia.
También se movilizaron organizaciones sociales que exigen que el Estado peruano pida perdón por las 50 muertes ocurridas durante la represión de las manifestaciones que siguieron a la detención de Castillo, a fines de 2021, cuando el entonces presidente intentó dar un autogolpe y fue reemplazado por la vicepresidenta Dina Boluarte. “La sangre derramada jamás será olvidada”, coreaban los manifestantes, que reclaman que esos crímenes no queden sin castigo.
Algunos colectivos, como No + Impunidad, también marcharon por las víctimas de la dictadura de Alberto Fujimori, padre de la nueva presidenta, que gobernó durante la década de 1990 y fue condenado por crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos.
Durante la asunción de Keiko Fujimori, en la sede del Congreso, legisladores de la oposición sostuvieron carteles con fotografías de manifestantes asesinados durante el gobierno de Boluarte, ante lo cual Fujimori se mantuvo en silencio un momento y se pudo escuchar un grito de “Justicia para las víctimas”. Cuando comenzó su discurso, algunos de esos congresistas se retiraron del hemiciclo.