Estamos asistiendo a una situación de crisis en la protección y cuidados que deberíamos brindar como sociedad a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables. La situación del Hogar Tribal del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); la debilidad en las respuestas ante situaciones de vulnerabilidad que llegan a materializarse en disposiciones judiciales a las que las instituciones y la sociedad civil no pueden dar respuesta en su totalidad; la falta de coordinación institucional entre los organismos que deben dar protección; la ausencia de respuesta de aquellas instituciones que, aunque la protección a la infancia no es su cometido, tienen un rol fundamental en la matriz de protección social, y la disconformidad de las organizaciones sociales que forman parte indisoluble del sistema de protección son algunos de los indicadores de esta situación.

En Uruguay la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están en el sistema de protección, particularmente vinculados al INAU, asciende a 90.000. Algunos se encuentran bajo el cuidado de familias de acogimiento, otros en centros de 24 horas del INAU (149 centros), gestionados por el Estado o en convenio con la sociedad civil. Por otra parte, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV) difundió los datos de 2017 sobre niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia a los que el Estado dio algún tipo de respuesta: son 3.155 casos, 20% más que en 2016. Nueve casos por día. El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) detectó 352 casos el año pasado. A estos datos deben sumarse las situaciones que aún no llegan al sistema de protección. El INAU tiene el cometido de brindar protección y promoción de derechos ante la vulneración que afecta a los niños, niñas y adolescentes que habitan el país; esto incluye la situación en que se encuentran los niños migrantes, la pobreza multidimensional y las situaciones de violencia en sus diversas formas.

Las directrices y recomendaciones internacionales obligan al Estado uruguayo a la desinternación de los niños, niñas y adolescentes y a buscar alternativas familiares de protección y cuidados. En ese sentido, el INAU promueve el derecho a vivir en familia; gracias a campañas y llamados, se han conformado más de 500 familias de acogimiento y cuidados transitorios, que cuidan a 1.300 niños, niñas y adolescentes, pero que no son suficientes para las demandas de protección. Por otro lado, existen equipos interdisciplinarios dependientes del INAU y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que trabajan en el territorio promoviendo redes familiares que protejan. Sin embargo, Uruguay ha sido observado por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que viven en centros de 24 horas. Las respuestas siguen sin ser suficientes para poder dar ese salto y garantizar el derecho a vivir en familia. Esto también es una corresponsabilidad necesaria y urgente entre Estado y sociedad.

Estas situaciones de crisis que estamos viviendo interpelan y desafían a brindar respuestas sólidas, rápidas e innovadoras, que a la vez generen autonomía y libertad a esta población. Estos niños, niñas y adolescentes son olvidados por sus familias, olvidados por los/as vecinos/as y por la sociedad en la que estamos todos y todas involucradas. ¿Qué papel jugamos cada uno/a en solucionar las vidas coartadas de estos seres humanos, que son nuestro futuro? ¿Cuál es la solución para la vulnerabilidad socioeconómica que crece y afecta principalmente a mujeres y niños/as?

El Estado y la sociedad civil tienen un rol fundamental en adoptar medidas en forma urgente y establecer un verdadero sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En este sentido, no vale la reivindicación, ni los reproches o las tensiones puestas en evidencia entre las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil de forma de ver quién es la que protege mejor. El ejercicio de pegarle a la institución que da respuestas a las situaciones de violencia y vulneración (INAU), aunque lo haga con ciertas debilidades por falta de recursos humanos y materiales, no es válido y no es la solución. Es necesario pasar al compromiso de generar acciones que respondan efectivamente a las necesidades de las familias y de los niños, niñas y adolescentes. Esto significa implementar un sistema de protección que actúe, que genere respuestas articuladas y efectivas entre todas las instituciones y la sociedad civil. No significa inventar una nueva institucionalidad ni crear una institución que dirija a todas las demás, significa que las instituciones ya existentes y la sociedad civil actúen de manera sistémica y articulada, en forma rápida y eficaz.

Pero, sobre todo, requiere que el sistema político y el movimiento social comprendan que la prioridad no debe ser sólo la primera infancia, sino que debemos priorizar la protección a la infancia y la adolescencia, que incluye, por supuesto, las necesidades de la primera infancia en cuidados y experiencias oportunas, pero también las oportunidades para salir de la pobreza y la vulneración en sus múltiples formas. Implica incrementos presupuestales para las instituciones del Estado que trabajan con estas realidades, mayores recursos humanos y capacitaciones para los/as operadores/as del sistema de protección; o sea, formación para las nuevas realidades de una sociedad en la que se incrementan y mutan las situaciones de violencia y también la pobreza en esta franja de la población. Todo ello debe ir de la mano con la promoción de más masa crítica y sociedad civil organizada y de su rol como corresponsable junto al Estado del sistema de respuestas a la infancia y la adolescencia, que debe ser una prioridad.

Andrea Venosa es abogada y secretaria letrada del directorio del INAU.