Afortunadamente, para posibilitar más informaciones y debates, y para minimizar secretismos, el Plenario del Frente Amplio postergó un pronunciamiento sobre el tratado de libre comercio (TLC) con Chile. No corresponde argumentar una “desautorización” del Poder Ejecutivo; es una decisión política trascendente para el país y, por lo tanto, nos involucra a todos. Todos compartimos las exhortaciones a analizar el tema con seriedad y amplitud, a ser realistas y, además, a tener visión de futuro. En todo caso, los avatares del tema muestran que Presidencia de la República se equivocó al firmarlo aceleradamente en 2016. Surgen dos preguntas claves. ¿Quién impulsa el TLC? ¿Qué ventajas y riesgos enfrenta Uruguay?

En la columna de Fernando Isabella publicada en la diaria el 2 de mayo, titulada “La inserción internacional de Uruguay y el TLC con Chile”, se afirma que “la ampliación de los mercados como un impulsor del desarrollo se señala desde Adam Smith a Karl Marx”. Pretender esto de Marx es muy fuerte; efectivamente lo señala, pero referido al desarrollo de las empresas capitalistas. En su evolución actual, las empresas transnacionales.

Tampoco es serio ejemplificar con los países que se mencionan en dicho artículo. A China es posible catalogarla de capitalismo dirigido por el Partido Comunista, y fomenta la ampliación de los mercados una vez consolidada su fortísima base industrial. En este aspecto, sigue al pie de la letra el ejemplo de todos los países que consideramos “desarrollados”. Inglaterra, la primera; se protegió (hoy una mala palabra) frente a la industria textil de India, desarrolló la suya (y otros sectores) y, luego, pasó a ser adalid del libre comercio. Jean-Baptiste Colbert hizo lo mismo en Francia, Georg Friedrich List en Alemania, y así sucesivamente.

En esto de comparar, incluso con Chile hay que ser muy cuidadosos, tanto que se lo menciona como “ejemplo de política económica” para Uruguay. En verdad, tiene muchos rasgos de un país “petrolero”, ya que posee 70% de las reservas mundiales de cobre, mineral con altos precios e imprescindible para la electricidad.

Entonces: ¿quién impulsa los TLC? Los gobiernos de los países dominantes y las empresas transnacionales asociadas que buscan ampliar mercados para su beneficio. Por sí solo, liberar el comercio exterior no lleva al desarrollo. Las grandes empresas capitalistas requieren trascender y minimizar fronteras (obstáculos para sus mercancías), al igual que en la época colonial.

El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas Gabriel Papa se refiere a la “producción organizándose en cadenas transnacionales con insumos y partes cruzando las fronteras”, y concluye que, sin sumarse, “será difícil atraer inversiones que apunten a diversificar y densificar la matriz productiva”. Al contrario, lo único que se puede afirmar, parafraseando a Gustavo Buquet, es: “Olvídense de la transformación de la matriz productiva”.

La participación en las “cadenas de valor” es un concepto sin definir; sin tradición concreta, flexible. ¿Acaso significa integrarse como ínfimo eslabón de la cadena de una empresa transnacional? ¿Se conocen ejemplos en el mundo en los que esto implique “acceder a la circulación de bienes [...] pero también de servicios, ideas, conocimientos, tecnología”, según postula Isabella?

¿Es preciso ampliar mercados? Por supuesto; para esto son los procesos de integración productiva, con base en programas nacionales y para desarrollar, de común acuerdo, cadenas productivas.

Ventajas y riesgos para Uruguay

Hacen falta análisis concretos y detallados, y no expectativas o buenos deseos para determinar cuáles son las ventajas y riesgos para Uruguay de este acuerdo.

No es de recibo sugerir que es un TLC “con Chile”, un “hasta aquí”. Esto no es así; una vez firmado y aprobado por el Parlamento, será casi imposible negarse a firmar uno similar con cualquier otro país (sin mencionar aquellos que ya tienen acuerdos de este tipo con Chile), y se aspira además al Tratado Transpacífico (TPP).

Uruguay ya tiene un acuerdo de libre comercio de bienes con Chile, y es unánime que no ha generado impactos notorios. Nada lleva a pensar un cambio en esta situación; en bienes, por tanto, no surgen “ventajas” por este TLC.

Las cláusulas “por la negativa” crean la trampa de la imposibilidad de considerar toda nueva actividad futura que no esté contemplada.

Sobre propiedad intelectual, Papa menciona que “no se conocen voces de alarma de las autoridades del Ministerio de Salud Pública”. Vale la pena un par de ejemplos referidos a Estados Unidos. “Epipen” es el nombre de un dispositivo para administrar rápidamente una hormona (epirefrina) imprescindible para salvar la vida de quienes son alérgicos a diferentes estímulos, desde comidas hasta la picadura de abejas. El fármaco cuesta aproximadamente un dólar, y es conocido y ha sido aplicado por muchos años. Un laboratorio patentó la vía de administración; en pocos años, la dosis pasó de costar 50 dólares a 600. Tales son los efectos de la vigorización extrema de las leyes sobre patentes.

Por otra parte, el tratado no establece cláusulas específicas sobre telecomunicaciones, pero en el capítulo “Comercio electrónico” existen disposiciones idénticas a las que figuran en el Acuerdo de Comercio y Servicios (TISA), que las afectan.

Por último, Uruguay se obliga a mantener indefinidamente las normas del TLC; sólo pueden modificarse en el mismo sentido, es decir, avanzar más en la liberalización.

Hay alternativas

Quienes defienden el acuerdo argumentan a partir de alegar la no existencia de alternativas. Pero las hay, y bien concretas. Nos referimos a los acuerdos de integración productiva. Difíciles, pero que nunca se intentaron siquiera con países del Mercosur. En este ámbito, específicamente, nuestro país fue prescindente del proceso de constitución del Banco del Sur, y fue el último en sumarse.

En acuerdos de un gobierno con empresas privadas, destaca hoy el concretado por Bolivia, que acordó con una empresa alemana la construcción de cuatro fábricas de litio, manteniendo la mayoría en el capital.

Es posible también acordar con China, que acepta acuerdos de diversa índole, cuidando no ser “libremercadista” a ultranza, ya que si bien se benefician intereses agroexportadores, China exigiría reciprocidad para algunos o muchos de sus productos industriales, lo que además de afectar nuestra escasa industria disminuiría la recaudación de la Dirección General Impositiva.

Fue perfectamente posible un acuerdo con los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pero el gobierno no dio ni un pasito de perdiz en tal sentido. Diversificar nuestros acuerdos internacionales es correcto.

En conclusión, no es conveniente firmar el TLC con Chile. No tiene prácticamente ninguna ventaja, y sí enormes riesgos. Incorporarse o no es una decisión política que nos involucra a todos y a nuestro futuro.

Gustavo Melazzi es doctor en Economía.