Desde hace ya dos años, julio es el Mes de la Afrodescendencia en Uruguay. Fue elegido para aprovechar la circunstancia de que el 18 de julio es el Día Internacional de Nelson Mandela y el 25 de julio es el Día Internacional de la Mujer Afrolatinoamericana, Caribeña y de la Diáspora. Para el lunes a las 18.00 estaba previsto el lanzamiento de las actividades correspondientes, pero la ceremonia tuvo que esperar una hora porque justamente a las 18.00, una concentración frente al edificio anexo del Palacio Legislativo buscaba llamar la atención sobre la forma natural y aproblemática en que, todavía hoy, el racismo emerge en sus formas más violentas en este pequeño país que presume tanto de ser civilizado y tolerante.
Los hechos se conocieron a fines del mes pasado: un hombre afrodescendiente y con discapacidad intelectual fue ultrajado reiteradamente por cuatro compañeros de trabajo que, además, registraron el hecho y lo compartieron por medio de las redes sociales. El asunto llegó a la justicia penal y la jueza Graciela Eustachio resolvió, en un juicio abreviado y a pedido de la Fiscalía, que los agresores deberán cumplir con medidas de libertad vigilada, tres de ellos durante cuatro meses y el otro por seis meses. A muchos les llamó la atención la liviandad de la pena, pero la jueza explicó que tomó la decisión porque, aunque los hechos fueron aberrantes, los autores asumieron su responsabilidad y la víctima pidió que no se los castigara. Son sus amigos, dijo. Entre ellos siempre se tratan así; es parte de la confianza que se tienen. Y claro, ellos, los agresores, también dijeron que se trataba de un juego. Una cosa hecha sin maldad, por pura diversión y picardía.
Hay una expresión latina para eso: animus iocandi. No es raro que las conductas humillantes que toman estado público se justifiquen en ese “ánimo de broma”, en ese espíritu juguetón que le quitaría toda mala intención a la violencia o al daño. Sin ir más lejos, cuando el joven haitiano Johnny Jean acusó de abuso a cinco marinos uruguayos integrantes de los cuerpos de paz, la defensa de los acusados se apresuró a decir que todo había sido una broma.
Lo peor, en el caso de la agresión del mes pasado, es que fue, efectivamente, un juego. Esa puesta en escena del abuso, esa recreación humillante del suplicio fue concebida como broma, como algo sin importancia que sucede entre cuatro paredes y sirve para jactarse ante los amigos. Por supuesto, fue posible no sólo porque cuatro son más que uno (porque una patota siempre tiene ventaja sobre un individuo), sino porque ese uno era más débil, más vulnerable que cualquiera de los otros. La gracia de la broma estaba ahí, en la fragilidad del agredido, en su incapacidad de defenderse, en su involuntaria disposición para ser un juguete.
Por otro lado, aunque reclamar medidas punitivas más severas me parece inconducente y errado, no puedo dejar de observar que, por ejemplo, para que un hurto se convierta en rapiña alcanza con que haya de por medio violencia física o amenazas. La idea es que en la rapiña se ve afectada, además de la propiedad, la libertad o la integridad física de alguien.
No sé si hace falta decir que la rapiña es uno de los delitos castigados más ferozmente por la legislación uruguaya, y tal como están las cosas, lo más probable es que eso no cambie en el sentido de la reducción de las penas sino en el contrario.
Pensemos entonces en estas dos situaciones: por un lado, una rapiña; por otro, una broma que incluye atar y abofetear a una persona, insultarla, humillarla, filmarla en esa circunstancia y hacer circular las imágenes. Es evidente que lo que está faltando en la segunda es la afectación de la propiedad, y claro, la propiedad es el bien supremo para nuestra legislación, que es como decir que es el bien supremo para nuestro ser colectivo, por más que nos guste decir que las cosas importantes son las que no tienen precio.
Con esto estoy diciendo dos cosas: la primera, que vivimos en una cultura en la que es aceptable la humillación en clave de broma (alcanza con mirar los programas de entretenimientos de la tele para comprobarlo, si tenemos alguna duda); la segunda, que vivimos bajo un régimen jurídico que protege la propiedad por encima de cualquier otro bien, y que puede hacer la vista gorda si las amenazas o la violencia no tienen como finalidad el robo.
Claro que no estoy diciendo que la Justicia, en el caso que nos ocupa, haya actuado en forma displicente o liviana, por la sencilla razón de que no creo que la cárcel enderece palos torcidos. Lo que estoy diciendo es que valoramos más la propiedad que la dignidad, aunque a nadie se le ocurriría admitirlo en voz alta.
Pero esto no es todo. Hay otra cosa igual de oscura, igual de innoble, que deberíamos confrontar: lo que tiene de inquietante la rapiña, lo que la hace tan temible, tan ominosa, es que le puede tocar a cualquiera. Como un virus o como un ataque terrorista, la violencia con fines de robo puede caer sobre cualquier hijo de vecino, a diferencia de otras violencias que tienen destinatarios bien específicos. Es poco probable que la sociedad se ponga nerviosa por los travesticidios, o por las condiciones indignas en que viven algunos presos, o incluso por la violencia que tantas mujeres y niños aguantan puerta adentro. No hay ningún clima de intranquilidad pública porque los ancianos o las personas en situación de dependencia severa puedan sufrir maltrato. Ni siquiera los ajustes de cuentas (es decir, los homicidios entre presuntos malvivientes) inquietan a la población tanto como la posibilidad de un asalto con amenazas. Porque no todos somos travestis o ancianos o malvivientes, pero todos tenemos algo que alguien nos puede querer robar.
Lo que deberíamos asumir tras el episodio del abuso sobre un trabajador afrodescendiente es que en rigor no nos importa nada que no nos pueda caer encima. Y que en ese régimen de indiferencia y miedo no es raro que la violencia se descargue sobre los más débiles y se exprese en términos de humillación y castigo.