Entre dos modelos: el programa de gobierno de Lacalle Pou

En este ciclo electoral se ponen en pugna dos modelos de país: uno que deja librada al mercado la suerte de la sociedad, y otro que apunta a un Estado presente para el ejercicio de los derechos humanos elementales. El Frente Amplio (FA) ha trazado un camino orientado a hacer un país más justo y equitativo ubicado en el último eje.

15 años después, podemos ver la concreción de ese objetivo en diferentes ámbitos. Aunque faltan metas por cumplir y resta hacer y mejorar, están a la vista las realizaciones. Ha sido una década y media de ampliación de derechos (reconociendo la heterogeneidad para alcanzar la igualdad), de una radical disminución de la pobreza, en la que se reinstalaron los Consejos de Salarios (una de las herramientas más poderosas a favor de la justicia social), se hizo llegar la cobertura sanitaria a toda la población por medio del Sistema Nacional Integrado de Salud, se amplió la oferta y la cobertura educativa de forma inédita en la historia del país y se logró estabilidad económica pese a los vaivenes de la economía internacional y regional.

Sin embargo, el discurso de la oposición es que cada día estamos peor y que el abismo está a la vuelta de la esquina. A semejanza de lo que ocurre en la región, se presenta una variedad de opciones electorales que traen las “soluciones a todos los males”.

Las posturas neoliberales han cobrado fuerza en los últimos años, con resultados catastróficos para la población, sobre todo para los sectores más vulnerables. Basta con mirar a nuestros vecinos. Otras alternativas, explícitamente de derecha (en algunos casos con tintes autoritarios), convocan con su discurso a posturas neonazis, y otros llaman a la xenofobia, desconociendo la historia de un país forjado por inmigrantes. Al mismo tiempo, la iglesia católica recuerda a sus fieles los postulados cristianos, pero sin intención de intervenir en la política partidaria. Observamos, además, la incursión de empresarios con billetera gorda que se largan a una aventura política con un fin aparentemente filantrópico.

Vivimos en tiempos en que se escuchan discursos en contra de los derechos obtenidos por sectores históricamente vulnerados. Bajo el lema de “Todos somos iguales” se buscó retroceder en las conquistas alcanzadas; con sabiduría, la ciudadanía respondió de forma contundente. Otra campaña, que nos promete “Vivir sin miedo”, estará en manos del electorado, pero que deja bien en claro la postura ideológica de quienes la apoyan.

Del shock a lo que nos une

El programa de Luis Lacalle Pou nos prometía un gobierno basado en el shock: austeridad. A tan sólo 78 días para el último domingo de octubre, la Convención del Partido Nacional (PN) aprobó un programa común del que desapareció por completo el término “shock”. O no estaban muy convencidos, o no era tan necesario. ¿Cómo saberlo?

“Nosotros nos comprometemos a poner fin a este manejo irresponsable de los dineros públicos”,¹ sentencia el Programa del PN en su página 4. Gran parte del documento se dedica a hablar de los ‘despilfarros’ del FA y promete un “Estado Eficiente” que no malgaste los dineros públicos. Esta idea de “austeridad” que tantas veces aparecía repetida en el programa de Lacalle Pou se desvaneció del texto definitivo. Quizá apareció algún asesor de marketing y barrió con el “shock” y la “austeridad”.

En esa línea discursiva se encuentra el caso de los cargos de confianza. En marzo de este año la senadora Verónica Alonso afirmó que existían en el Estado más de 2.500 personas en este tipo de modalidad. En primer lugar, es pertinente aclarar que este dato es falso, ya que son 695 y el número viene descendiendo en los últimos años.² De esos 695 cargos de confianza registrados al 31 de diciembre de 2018, 63% se desempeña en las 19 intendencias departamentales y el restante 37% en distintos organismos del Estado. Si observamos cómo se reparten esos cargos de confianza entre las distintas comunas, vemos que 54% pertenece a las intendencias gobernadas por el PN y 45% a las del FA. Esto no sería llamativo, ya que los blancos cuentan con el doble de intendencias que el FA (12 a seis); sin embargo, administran la mitad de la población. Es decir que el PN necesita 237 cargos de confianza para administrar a unos 900.000 habitantes, mientras que el FA administra a más de dos millones de personas con 192 cargos de confianza. Entonces ni son 2.500, como dijo la senadora Alonso, ni el PN es mejor administrador de recursos.

Es así que el Estado más eficiente y austero no lo encontramos en filas nacionalistas. Pero ese plan de austeridad, entre otros elementos, contempla un ahorro de 900 millones de dólares sin recortar programas sociales. Esto se lograría sin cubrir las vacantes generadas en el Estado pero sin afectar al personal de la salud, la educación ni del Ministerio de Interior. El resto del ahorro surge de un manejo más “eficiente” de los dineros públicos. Así se abona la idea del Estado superpoblado con un fin de clientelismo político.

Pero si miramos los datos, el vínculo total de funcionarios del Estado creció en el período 2005-2018 en 65.085, alcanzando el número de 260.231. De los nuevos vínculos creados en los años de referencia, 90% fueron destinados a educación, salud y seguridad. De la observación de estos datos y de escuchar las propuestas de la oposición surgen varias preguntas: ¿quiénes son los que acceden a salud y educación pública?; ¿cómo se verían afectadas la salud y la educación si reducimos la plantilla de trabajadores?; ¿cuál es la alternativa?; ¿acaso la educación privada no invierte más por estudiante, lo que se traduce en más salarios y trabajadores? Entonces, en el fondo, lo que va a pesar es si las personas pueden pagar por sus derechos y se mercantiliza la educación y la salud. Lo que promete Luis Lacalle Pou no se puede hacer sin afectar derechos.

“Achicar el Estado es agrandar la Nación”

Ese fue el eslogan que utilizó José Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura argentina y cómplice de delitos de lesa humanidad. La aplicación de una feroz política económica liberal y de endeudamiento con organismos internacionales llevó a resultados catastróficos para la economía argentina.

Pero no es necesario mirar tan atrás para ver los resultados de este tipo de políticas. Ni siquiera es necesario repasar lo sucedido en la América Latina de la década de 1990, cuando se trató de poner un cartel de “Se vende” a los estados nacionales. Resulta más sencillo observar a la Argentina de Mauricio Macri o el Brasil de Jair Bolsonaro en pleno 2019. Nuestro vecino del Plata no ha parado de caer desde la asunción de Macri en 2015. Lejos han quedado las promesas de campaña de “pobreza cero” y reducir a 10% la inflación en menos de dos años. La realidad muestra un duro revés a este tipo de recetas. La deuda se duplicó en los últimos años y alcanzó casi 100% del Producto Interno Bruto, que simultáneamente no para de caer. La política económica se ha entregado al Fondo Monetario Internacional. Se ha desmantelado la industria nacional. Pero estos datos se trasladan a la vida cotidiana de las personas. La inflación supera el 50%. Las tarifas públicas aumentaron exponencialmente. Y la pobreza, lejos del cero, se ubica en 35,4% de la población. Los aliados de la derecha nacional, profesionales de la economía, fracasaron en toda la línea. El caso de Brasil muestra, además, otros elementos que resultan aun más peligrosos. Al recorte del sistema educativo, la desregulación laboral y los cambios en el sistema de pensiones, bajo la promesa de más y mejores trabajos (lo que no se cumplió), se suma un discurso basado en el odio y la discriminación, enfocado en algunos sectores de la sociedad.

En resumen, las políticas liberalizadoras han demostrado su fracaso rotundo a nivel macroeconómico y sus efectos devastadores a nivel social. Precarización del trabajo, rebaja de salarios, reducción de la inversión en educación, aumento de tarifas de servicios esenciales, recortes a las pensiones, pérdida de derechos, cercenamiento de políticas sociales.

Para este modelo, las crisis económicas siempre las pagan los mismos. Pero la cosa es peor: defienden una ideología liberal en lo económico que ni siquiera mantienen los países que la sostuvieron como política exterior. Vale recordar las posturas más recientes de Estados Unidos en materia proteccionista o su actuación frente a las grandes industrias nacionales en la crisis de 2008.

Menos derechos

En el programa de gobierno del PN se dice defender la función de los Consejos de Salarios, pero al mismo tiempo se plantea que hay que revisarlos; entonces pueden mantenerse pero perder toda utilidad. Quizá el problema sea que los trabajadores hayan logrado un incremento real de sus salarios, de forma ininterrumpida, desde 2004. Incluso cuando el crecimiento económico se haya desacelerado. Los datos muestran claramente que sin negociación colectiva, como ocurrió a partir de 1992 bajo el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, se produjo un estancamiento de los ingresos. Para alguien que siempre ha tenido una importante holgura económica, en virtud de la posición de su familia o de sus altos ingresos como representante nacional, quizá sea muy difícil comprender las vicisitudes que afronta un trabajador que vive exclusivamente de su salario.

Uno de los principales argumentos para revisar es que se “debe evitar que se instale una cultura que coloca al conflicto como primera reacción ante cualquier diferencia, sin evaluar el impacto sobre la marcha de la economía y sobre el clima de convivencia”.³ Sin embargo, alrededor de 90% de las negociaciones se cierran con el acuerdo de las partes y sin intervención del Estado. Tampoco hemos observado niveles de conflictividad que paralicen la economía del país. Pero según Lacalle Pou, los Consejos de Salarios deben ser revisados.

Tampoco puede pasar inadvertido que en el programa del PN se propone derogar el decreto 165/006, “con el fin de asegurar el respeto del conjunto de derechos fundamentales reconocidos y protegidos por nuestra Constitución”, que justamente regula el derecho a la huelga, la libertad sindical y la negociación colectiva. Hay que reconocer la honestidad intelectual: el Estado, en retirada, dejando a los trabajadores a su suerte.

En la misma línea va la propuesta de modificar la Ley de Inclusión Financiera que, según el programa nacionalista, “ha coartado la libertad de las personas en el manejo de sus propios recursos”. En primer lugar, dejemos en claro que se trata de una afirmación errónea, ya que los ciudadanos son libres de administrar sus ingresos en la forma en que consideren más adecuada. Por otra parte, ha sido una herramienta fundamental para evitar la evasión de impuestos y el trabajo informal. Estar fuera del sistema implica no contar con los derechos legales a la salud o la previsión social, tanto del trabajador como de su familia.

Para mejorar la seguridad pública, el PN nos propone aumentar penas, facilitar el acceso a las armas por parte de los civiles, otorgar “autoridad al Cuerpo Policial” y derribar aviones. Ninguna de estas medidas es novedosa o ha mostrado mejorar la seguridad en algún punto del planeta; es una reformulación de una utopía conservadora en la que la presencia de armas en forma mágica actúa automáticamente. El efecto sobre la seguridad ha sido justamente el contrario: aumento de la violencia, de asesinatos y accidentes vinculados a la tenencia de armas, y la justicia por mano propia. Todas buenas prácticas para “recuperar la convivencia”.

A nivel educativo, se presenta la idea de quitar la representación docente en los consejos de la Administración Nacional de Educación Pública, eliminando la participación directa de los involucrados en los órganos de decisión. La confusión entre representante de los trabajadores y sindical es llamativa; una cosa es el hecho de que los sindicatos proponen un nombre en la representación de trabajadores organizados en su núcleo, y otra que, luego, los trabajadores que votan elijan para ello; lo que molesta es lo segundo. Es difícil encontrar ejemplos en los que los consejeros electos hayan sido un obstáculo para la gestión. Sin embargo, el odio a los trabajadores organizados tiene como consecuencia esta propuesta. No creen en la participación social y no los podemos culpar por eso.

Una segunda línea de propuestas sobre educación consiste en “reformular el concepto de libertad de cátedra”. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se haría esa reformulación? ¿Qué implica? No lo sabemos, pero permítanme un comentario al respecto. Pensar que desde las aulas se baja línea a los estudiantes, los subestima. Quizá parta de la vieja idea de los alumnos como recipientes que hay que llenar de saber, y hace tiempo que sabemos que esto no funciona de esa forma. Sólo dos ejemplos de la visión que tiene el PN sobre el accionar de los docentes y su rol en nuestro sistema educativo. Por otra parte, tampoco se explica por qué estas medidas mejoran los aprendizajes.

El 27 de octubre decidimos entre dos modelos. Uno es el del FA, que con errores y aciertos ha desarrollado una política basada en la mejora de la calidad de vida de la mayoría de los uruguayos y uruguayas, por medio del reconocimiento de derechos. Por el otro lado, el candidato que no votó la Ley Integral para Personas Trans, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Control y Regulación de Marihuana y sus Derivados, la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial ni la Ley de Jornada Laboral y Régimen de Descansos en el Sector Rural (que ni el propio Lacalle Pou sabe si votó o no, pero por la que argumentó en contra), y tantas otras que reconocen derechos.

Los proyectos son claros; los discursos y los hechos, también. En octubre defendemos el país que queremos. Debemos optar por seguir construyendo igualdad, ampliando los derechos y manteniendo las conquistas.

Sebastián Sabini es diputado del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio.