¿Usted votaría por una coalición sustentada en la impunidad?

Ante la inminente imputación fiscal al general Guido Manini Ríos por la omisión de informar la confesión criminal del represor José Gavazzo en el marco de un tribunal de honor militar, este optó por defenderse con una chicana jurídica. La presentación de un recurso de inconstitucionalidad –cuya respuesta ya es sabida– no persigue otra cosa que dilatar el proceso en el tiempo, algo más o menos usual en el foro profesional, fundado en un criterio amplio de las estrategias de defensa admisibles.

Así las cosas, el proceso jurídico está detenido hasta tanto se pronuncie la Suprema Corte de Justicia, que bien podría aplicar el mecanismo de la decisión anticipada para abreviar los plazos, dados sus pronunciamientos previos sobre el punto y los notorios fines dilatorios de los recursos interpuestos. Sin embargo, aun cuando la SCJ actuara con celeridad, es notorio que no existirá un pronunciamiento antes de las elecciones nacionales y es justamente allí donde radica el agravante muy especial que presenta este caso.

En efecto, el general Manini es candidato al Senado y, según todos los sondeos de opinión pública, el 27 de octubre será electo senador. A partir de entonces, según el artículo 112 de la Constitución de la República –interpretación estricta mediante– tendrá el privilegio de los fueros parlamentarios. Efectivamente, reza el citado artículo: “Ningún Senador o Representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aun por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”. Habrá tiempo para que se escriban sendas opiniones sobre el alcance de la expresión “desde el día de su elección”: si refiere al momento de la proclamación o de la toma de posesión, entre otros trivios jurídicos, pero desde ya adelantamos que nuestro punto no está en las aristas jurídicas del asunto, sino en las eminentemente políticas.

Resulta imposible no recordar aquella falacia de los jurídico y lo político formulada hace algunos años por el entonces presidente José Mujica, no porque el razonamiento ahora deje de ser falaz (todo lo jurídico es y será siempre esencial y naturalmente político), sino porque ahora una actuación judicial en particular penderá de la decisión concreta del poder político representado en el Legislativo, y habrá que ver aquellos que tanto se jactaron de nunca anteponer lo uno a lo otro qué actitud asumen ante las disyuntivas que se les presentan.

Es que a partir de los resultados de las elecciones del 27 de octubre, una decisión más que trascendente pesará sobre las espaldas de los nóveles parlamentarios: qué actitud asumirán respecto de una inminente solicitud de desafuero al senador Manini. Y en esto radica la primera disyuntiva política: ¿quiénes están dispuestos a ser cómplices para que el general Manini se escude y esconda en las prerrogativas del senador Manini?

Pero existe una segunda disyuntiva, aun más trascendente que la primera. Si los resultados del 27 de octubre arrojaran un escenario en el que ningún partido por sí solo ostente mayorías parlamentarias propias, ¿qué partidos están dispuestos a negociar la gobernabilidad parlamentaria sobre la actuación del Poder Judicial, el encubrimiento, la verdad y la justicia? Y finalmente, cabría también preguntarnos: ¿qué podemos esperar de un gobierno nacido de un pacto de esta naturaleza?

Estoy seguro y confiado en que las fuerzas progresistas no admitirán un pacto de ese tipo. Pero honestamente tengo dudas sobre la actitud del bloque conservador. Temo –y ojalá me equivoque– que, en su afán por retornar la conducción del Poder Ejecutivo, pacten una coalición de gobierno sustentada, una vez más, en la impunidad, esa que un día sí y otro también busca aniquilar las esperanzas en la ansiada y cada día más tardía verdad y justicia.

En horas en que los hechos muestran que aún se puede avanzar en su búsqueda, y que los pregones del olvido no tienen razón, bien valdría la pena que cada candidato se expida claramente sobre este punto. Pero lo fundamental es que cada ciudadano se cerciore sobre qué harán su candidato y su partido, porque si bien es cierto que el poder político se enfrenta a estas disyuntivas, somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos la responsabilidad última de hacer valer nuestro voto para que el próximo gobierno no nazca de una coalición sustentada en la impunidad que obstaculice a la justicia.

Alejandro Domostoj es abogado.