Lo que estará en juego en el balotaje

En el debate político se contraponen dos grandes bloques políticos y sociales: uno progresista y de izquierda y otro conservador, expresados por dos fórmulas presidenciales entre las que elegirá la ciudadanía dentro de pocos días. En ese marco se discuten –poco– algunos temas: seguridad, empleo, política exterior, tarifas, impuestos, comercio internacional; asuntos que actores influyentes instalaron en la escena pública.

Programa explícito, programa oculto: esa contraposición deja vislumbrar, además, debates subyacentes, en parte porque los temas no forman parte de las urgencias percibidas ni de la agenda política más “caliente”, y en parte por decisiones más o menos explícitas de no abordarlos. Esta disociación es palmaria en las ideas de la oposición hoy coaligada (claramente, en su no explicitación). El último texto divulgado, luego de que el viernes 1° se filtrara un borrador muy diferente, muestra hasta qué punto se difuminan las propuestas y se eluden los detalles, escamoteándose información a los ciudadanos.

No abundan las oportunidades de conocer qué es lo que realmente se piensa, pero cuando esto ocurre, es altamente ilustrativo. Por ejemplo, cuando las dos principales asesoras en economía del bloque conservador (blanca y colorada) señalaron al “mercado” como el mejor y más eficaz asignador de recursos, lo que no solamente deja en evidencia una visión ideológica y política del proceso social, sino que además resigna las políticas públicas a un plano secundario, mitigador o correctivo de desequilibrios, que genere el “libre juego” de las fuerzas económicas.

Ese “libre” juego es antagónico a la idea de proyecto. Proyectar es imaginar, proponer futuros; vincular pasado, presente y futuro desde la convicción de que las sociedades pueden ser conductoras de sus destinos. En esa convicción se fundamenta la política. Cuando se habla de un “proyecto de país” se hace referencia a la capacidad de imaginar futuros posibles y encaminar el esfuerzo social hacia ellos. De esto depende el bienestar colectivo. La producción de bienes públicos atiende al consumo colectivo (las redes de infraestructura, las calles, los espacios públicos, entre otros) y es, en las sociedades contemporáneas, una resultancia de la política. Su ausencia, resultado de un Estado también ausente.

¿Hay o no hay un imaginario del país al que apuntar?

La sola noción de planificación del desarrollo es una cuestión ausente en el programa del bloque conservador, quizá por su aversión a las políticas públicas que puedan condicionar o marcarle la cancha al sector privado.

Uruguay ha elaborado, por medio de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Estrategia de Desarrollo 2050, identificando complejos productivos estratégicos para una transformación productiva, como lo son las tecnologías de la información y la comunicación, el complejo forestal-maderero, las energías renovables, los agroalimentos, el turismo y las industrias creativas. Se identificaron áreas de actividad que para su desarrollo requieren planificación, regulaciones, incentivos, recursos humanos capacitados, investigación y desarrollo, infraestructura, inversión pública y privada; sectores que apuestan al conocimiento y al trabajo de calidad, y que generarán más ocupación, riqueza y distribución.

Estas cuestiones no están en el campo visual del bloque conservador. Entre otros motivos, porque esta estrategia contrasta con el programa simplón que reclama “rentabilidad” y “competitividad” a pura alza del dólar, reducción de impuestos y tarifas, y baja de costo salarial.

Ambiente, agua y cambio climático

Todo lo que hace a la cuestión del ambiente (por el que tanta sensibilidad aparentan algunos actores del bloque conservador) es una referencia decorativa o subsidiaria en su programa: se reduce a medidas de contralor o de mitigación de impactos.

La implementación efectiva de los lineamientos y las acciones contenidos en el Plan Ambiental Nacional, en el Plan Nacional de Aguas, y la continuidad y el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas son objetivos que requieren políticas sistémicas, transversales, proactivas y no reactivas.

Es también relevante todo lo que hace a la respuesta al cambio climático y las articulaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales, que laboriosamente se han venido tejiendo en los últimos años. Nada se dice de esto desde la coalición opositora, por lo que se puede asumir que no es un tema que preocupe.

Ciudades y territorios

En relación con la planificación y el ordenamiento del territorio, el cuadro es similar y también preocupante: luego de la acérrima oposición a la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial en 2008, la actual oposición dilató la aprobación y se opuso tanto a la aprobación de la ley de Directrices Nacionales de Ordenamiento Territorial y la Directriz Nacional del Espacio costero, seguramente procurando que decisiones veleidosas de gobiernos departamentales de inspiración autárquica no puedan sincronizarse con criterios de interés general.

Estos esfuerzos de la política nacional territorial, al igual que la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, se alinean con la idea de sistemas de ciudades inclusivos y sostenibles, que consoliden fortalezas y desarrollen complementariedades.

La oposición no lo quiere. Esto es explicable desde que se ha consolidado un estilo de liderazgo en ciertos departamentos, a fuerza de despliegue clientelar, de verdaderos sátrapas¹ que no admiten rendir cuentas ni alinear sus acciones con directrices, estrategias o criterios generales de organización territorial y sostenibilidad ambiental ante organismos de contralor ambiental o territorial.

Descentralización

Los gobiernos del Frente Amplio han impulsado la descentralización y desplegado las políticas públicas a lo largo y ancho del país (entre otros, en educación terciaria y universitaria, atención a la salud, deporte, cultura, desarrollo productivo).

En lo relativo a la descentralización política y su correlato institucional, el impulso dado a las transferencias –transparentes, puntuales y sin condicionalidad político-partidaria–, desde el presupuesto nacional hacia los gobiernos departamentales y, a su vez, la creación del tercer nivel de gobierno son elementos fuertes de una reestructuración de las políticas del territorio y en el territorio.

Nada dice la oposición acerca de estas lógicas de articulación multinivel, por lo que es más que probable que en un contexto de restricción de gasto y recortes presupuestales estas dinámicas se vean acotadas o discontinuadas. Ello redundará principalmente en afectaciones negativas para las regiones, departamentos y territorios de menor desarrollo relativo.

Desarrollo urbano y vivienda

En esta materia el país ha avanzado y ha construido una institucionalidad y una política sólida desde el paradigma del derecho a la ciudad. Se mejoró y priorizó la infraestructura social, y hoy tenemos ciudades mejor equipadas y planificadas. Esto se extendió hasta las localidades más pequeñas, con la llegada del agua potable y la energía eléctrica a los puntos más alejados del territorio.

Se ha avanzado en la aspiración de asegurar vivienda digna a todas las familias, con énfasis en lo público como articulador de diversidades. Ejemplo de ello es el notable avance del cooperativismo, así como las intervenciones de urbanización y mejora de viviendas en territorios de precariedad.

Frente a la propuesta de progresar en integración socioterritorial y en reducir brechas entre los grupos sociales, frente al impulso de proyectos urbano-habitacionales de escala mediana y vocación de urbanidad, las ideas que se contraponen son claramente regresivas.

Las ideas del bloque conservador se centran en la vivienda individual y reducen los problemas de la vivienda y el desarrollo de las ciudades a la atención de la “emergencia” y, en todo caso, a las situaciones de precariedad más evidentes.

Dos posturas, un solo proyecto

En la raíz de estos dilemas y alternativas está una discrepancia radical en el modo de entender el mundo y las sociedades. Se trata de discernir si las sociedades pueden plantearse propósitos y metas más ambiciosas y trabajar colectivamente de manera organizada e inteligente para lograrlos.

Si queremos avanzar en formas de convivencia más integradas, estimulantes y pacíficas, si queremos ser una sociedad mejor, más próspera e igualitaria, la apuesta es contar con personas más informadas, educadas y cultas, mejor remuneradas. Que vivan en entornos ambientalmente sanos y diversos, estimulantes estéticamente y culturalmente vivos.

Para ello es imprescindible la acción pública colectiva, políticas públicas con continuidad, planificación y coherencia.

El modelo –que no proyecto– conservador no solamente no lo asegura, tampoco lo propone; es garantía de retroceder –y mucho– en estos aspectos.

Salvador Schelotto es director nacional de Vivienda.