Claves para combatir las patologías de la izquierda*

Una vez diagnosticadas las falencias de la izquierda,¹ es posible superarlas. Para ello, primero, hay que reconocerlas; segundo, definir y acordar estrategias acordes para remover las malas prácticas; y tercero, generar y estimular las buenas prácticas. Desde una perspectiva genuina de cambio, apelar a la participación colectiva, a la utilización de instrumentos de control y fiscalización, a la rotación en los puestos de decisión y a las técnicas de rendición de cuentas, podría, junto con otras medidas, revertir los procesos patológicos. Varias de las modalidades antedichas se aplican, aunque no en la medida de las necesidades o con el entusiasmo con el que deberían ser utilizadas. Para asegurar la continuidad del Frente Amplio (FA) por varios períodos de gobierno, se debería concitar el interés de las grandes mayorías, aquellas que en 2005 soñaron y apostaron a un proyecto de transformaciones tan serias y equilibradas, como profundas y duraderas. Hoy, cuando recorremos un presente muy empinado, las debilidades e incumplimientos de la izquierda emergen con mayor nitidez y crudeza.

En ese sentido, el programa de gobierno, que articula y cumple la función de producir acuerdos sustentables y apoyados por todos los sectores que componen el FA, ha dejado a lo largo de estos años flancos débiles. Me explico con claridad; en referencia a la problemática de la seguridad ciudadana, los acuerdos alcanzados a nivel programático han dejado la sensación de fragilidad; algo similar ha sucedido con la temática de la educación. Los enfoques muy diversos y en ocasiones contradictorios no han sido bien resueltos, y ello se trasunta en los textos del propio programa de gobierno. Este es uno de los problemas que he advertido, que se manifiesta luego en la producción de políticas públicas en una permanente disputa, sea esta normativa o incluso ideológica.

¿Cuáles serían las condiciones imprescindibles para asumir la renovación de la izquierda? Presentaré brevemente algunas ideas al respecto.

La ética política

La ética de la política va de suyo en la práctica cotidiana, y para ello hay que ser coherentes y mantener una conducta moral intachable e impoluta. La honestidad y la rectitud en el ejercicio del poder, sea en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, es una condición sine qua non. La firmeza en las convicciones no debiera ceder ante el pragmatismo, o las maneras en que se “naturalizan” los desvíos y perversiones del poder, que arrojan a los inescrupulosos a saltearse la ética en la política. Los fenómenos de corrupción que salpicaron la izquierda en la región, y en mucho menor medida en Uruguay, no deben subestimarse en su relación con el quehacer de la política. Por el contrario, han de servir para evitarlos y, obviamente, combatirlos con y por todos los medios posibles, asumiendo el riesgo que conlleva la responsabilidad en la gestión pública.

Por otra parte, la ética no refiere exclusiva o únicamente al problema de la corrupción, es necesario considerar como importantes los comportamientos respetuosos, la tolerancia y el respeto al disenso en el marco de un sistema democrático que garantiza la libertad en su sentido más pleno. Promover activamente la igualdad de oportunidades, pero también desarrollar acciones tendientes a disminuir sensiblemente las desigualdades derivadas de puntos de partida asimétricos. La ética desde la izquierda implica, asimismo, crear y recrear las condiciones para que los ciudadanos sean sujetos de la política y no meros electores.

Control ciudadano

Establecer contralores institucionalizados y conformados por ciudadanos electos para salvaguardar los intereses del pueblo y asegurar que no haya desvíos de ninguna naturaleza es absolutamente necesario. Una suerte de “tribunal ciudadano” podría ser parte de la arquitectura pública, con cargos no remunerados pero con competencias en fiscalía, monitoreo y control del cumplimiento de las políticas públicas, e incluso con cierta capacidad de iniciativa. Se podrá argumentar que ya existen organismos de contralor (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de la Nación, entre tantos otros). No obstante, aquí se trata de establecer un ámbito independiente en el que la ciudadanía participe directamente, sin necesidad de mediaciones partidarias.

Asumo que no se trata sólo de aplicar el concepto de accountability, sino algo más que eso: impulsar un seguimiento activo, sistemático y permanente de lo que los gobernantes hacen o dejan de hacer, sobre todo con relación a las promesas electorales y compromisos asumidos con la ciudadanía.

Más democracia es igual a mayor participación

Debemos apostar a la participación permanente, voluntaria y promovida. Los canales de participación ciudadana están comprendidos en el sistema democrático, mas no necesariamente son ejercidos plenamente por la población. El descreimiento, la suspicacia y la apatía conforman una tríada compleja de deconstruir, sobre todo porque, durante mucho tiempo, hacer política se ha identificado y atribuido a los políticos profesionales. En consecuencia, la enorme mayoría de los ciudadanos ha optado –tácita, explícita o conscientemente– dejar la faena a los expertos o “mejor preparados”, o a quienes por vocación o por interés se han dedicado a ella.

Ciertamente, la introducción más vigorosa y sustantiva de ámbitos, canales o marcos más amplios de participación, institucionalizados y con efectos –de algún modo– vinculantes, redundarían en una profundización de la democracia.

Los procesos descentralizadores han marcado una intencionalidad en esa dirección; sin embargo, la excesiva burocratización de sus mecanismos y de las propias dinámicas de consulta, así como el acotamiento de los asuntos públicos a los límites establecidos de la gestión municipal (incluso no a todas las áreas), no han resultado lo suficientemente atractivos o convocantes para el conjunto de la ciudadanía. De todos modos, constituyen avances significativos que –sin duda– deberían conducir a la exploración de ajustes o cambios en dirección a la mayor inclusión de ciudadanos, a la ampliación de las arenas de debate y decisión, así como a establecer determinadas garantías de cumplimiento de las decisiones mayoritarias.

No sería descabellado que, en un proceso de profundización de la democracia, imbuida por el republicanismo, se pudiera diseñar nuevos ámbitos de debate y resolución de los problemas o asuntos que preocupan a los ciudadanos de a pie. No se trata de sustituir los existentes, sino complementarlos de una forma u otra. Aunque pueda suscitar suspicacias o reacciones elitistas, una reforma constitucional de medio o largo plazo bien podría incorporar transformaciones que supongan la creación de instituciones más abiertas y cercanas a una ciudadanía activa.

Evaluaciones sistemáticas programadas

En el ciclo de la implementación de políticas públicas, la evaluación adquiere una importancia singular, en la medida en que permite introducir ajustes y correctivos con el fin de mejorar su correspondencia con las demandas o necesidades que aquellas atienden. La retroalimentación es indispensable, y para ello la devolución de impresiones y valoraciones por parte de las poblaciones destinatarias se constituye en una herramienta más que útil. No alcanza con la consulta formulada por medio de encuestas, aunque ellas aporten información relevante y, sin descartarlas, debería pensarse en mecanismos innovadores como Plataformas Virtuales de Opinión, en los encuentros cara a cara con los gobernados, en asambleas barriales que acerquen las autoridades de gobierno a los principales destinatarios. El esquema de descentralización que tanto en la capital como en el resto del país se ha implantado ofrece unos ámbitos y oportunidades del encuentro entre las elites (locales, departamentales o nacionales) y los vecinos. Los eventos de proximidad pueden habilitar diálogos fecundos y extremadamente productivos. Las expectativas son dobles: por un lado, se ganaría en mayor legitimidad de la política pública y, por el otro, se obtendrían mejores correspondencias con las demandas agregadas de la ciudadanía.

Las evaluaciones sistemáticas y permanentes garantizarían la aplicación de correctivos y ajustes sin mayores traumas. Un flujo de información acorde suministraría los insumos para que aquellas no resultasen en torrentes de críticas ligeras o en demandas sinfín. La apertura de los gobernantes a instancias formalizadas de evaluación, arrojaría sin duda efectos en cadena, en dirección a obtener más respaldos y cooperación de los diversos grupos sociales y de las organizaciones civiles.

Formación de cuadros dirigentes

En épocas pretéritas, la formación de los cuadros y militantes resultaba una estrategia proactiva, con el objetivo de preparar a los individuos para la tarea política en varios sentidos. Por un lado, para contribuir a la difusión crítica de las ideas y propuestas que la izquierda sostenía como las más adecuadas para el país; por otro, como un paso previo para el ejercicio de gobierno. Recientemente, la izquierda ha anunciado la implementación de un plan en aquel sentido. Enhorabuena, si efectivamente se lograse una preparación de futuros o potenciales mandos altos o medios que, en paralelo al trabajo de la Oficina de Servicio Civil, mejorara sustancialmente la capacitación de aquellos que nutren la administración pública. Mas no se trata exclusivamente de una formación para la gestión, sino de aportar un conjunto de conocimientos, valores y normas que hacen al sistema democrático.

El futuro cercano

El principal y único desafío –a mi juicio– no sería que la izquierda pudiese retener el gobierno en 2019, sino qué haría luego de conseguir el cuarto triunfo consecutivo. He aquí el dilema o encrucijada que deberá enfrentar el FA. Los caminos están abiertos: continuidad en materia de política económica para tranquilizar al capital y atraer nuevas inversiones, profundizar las políticas sociales para disminuir aun más (¿casi erradicándola?) la pobreza y eliminar la indigencia (esas son las metas de desarrollo sostenible proyectadas para 2030), proveer de mayor infraestructura al país (correcto y necesario, en cualquier caso), promover la alta capacitación de su mano de obra, corregir los problemas en el sistema educativo.

El otro camino: inducir un cambio profundo de la matriz productiva, diversificándola (como se ha enunciado hasta el cansancio), lo que implicará depender menos de los commodities y más del desarrollo de otros sectores con mayor dotación de valor agregado y tecnología; dar un giro radical en materia de políticas inclusivas y redistributivas; adjudicarle la prioridad al cuidado del medioambiente (consigna de Uruguay Natural). En otras palabras, y fieles a los postulados esenciales y originarios de la izquierda, se trataría de impulsar una tercera generación de transformaciones traducidas en políticas públicas más audaces. La igualdad social debería ser un componente sustantivo en la nueva agenda política.

Esto es, la izquierda debería asumir un itinerario de reformas profundas y radicales. ¿Y para cuándo el socialismo? Además, ¿qué socialismo? ¿Es posible imaginarse a largo plazo una ruptura con un patrón de acumulación de tipo capitalista? ¿Es el capitalismo el final del recorrido, por tanto, es la realización definitiva de la humanidad? ¿O acaso es posible imaginarse una suerte de modelo híbrido? Estas son algunos de los interrogantes imprescindibles para cualquier organización de izquierda.

Corresponde, en primer lugar, al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que apoyaron o sostienen aún hoy al FA emprender y generar una corriente de renovación y, en segundo lugar, a la ciudadanía toda la construcción de un proyecto de país que –considerando los conflictos estructurales y coyunturales– produzca los consensos básicos en torno a las cuestiones que más le preocupan (ingresos suficientes, empleo, seguridad pública, educación de calidad para todos, pobreza persistente, eliminación de las desigualdades de toda naturaleza, entre tantas otras), de modo que se traduzcan en políticas públicas plausibles.

Las trayectorias políticas más recientes a nivel regional debieran incitar a la reacción a tiempo de las fuerzas de izquierda, de tal modo que las ambiciones y deseos de profundizar el proceso de transformaciones no se interrumpa, sea en razón de un posible (aunque poco probable) relevo en el poder, sea por la dilución de las utopías a manos del “pragmatismo realista”. Las condiciones o limitaciones estructurales (económicas, culturales o institucionales) no implican la imposibilidad de pensar y actuar para modificarlas, aun cuando, conscientes de la inserción y conexión con el mundo, parezca extremadamente difícil siquiera imaginárselo. Cada uno de quienes nos sentimos parte de la izquierda sabrá hasta dónde valdrá el esfuerzo mancomunado en la preservación de los mejores valores y principios, pero de lo que no cabe duda es que un cambio sustancial de orientaciones políticas en el futuro próximo podría alterar las condiciones y avances obtenidos hasta hoy. Los probables “perdedores” si cambiara la ecuación del poder serían inevitablemente los sectores socialmente más vulnerables; las pruebas están a la vista en la región, son consistentes e innegables. Por eso mismo, la responsabilidad es superlativa, militantes o votantes, simpatizantes y dirigentes, todos y todas, sin dudas, habremos de cargar en nuestras conciencias las consecuencias de nuestras decisiones. La voluntad política es imprescindible mientras el destino de la gente se juega ante la encrucijada del continuismo progresista en Uruguay y la pretendida restauración conservadora.

Christian Mirza es profesor universitario en la Facultad de Ciencias Sociales (Udelar) y fue director nacional de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social entre 2005 y 2010.

(*) Este artículo es el último de un ciclo de tres columnas que publicamos en la diaria, basadas en el libro (inédito) del autor 7 patologías de la izquierda.