Cada Marcha del Silencio, con su multitudinaria asistencia, con su silencio contenido, con las palpables ausencias que nos convocan, es una marca de la memoria. Esa memoria que está viva, que no ceja, que no se abandona al olvido.

Son muchas las tareas de la memoria. La memoria junta datos, investiga, denuncia. La memoria reflexiona, elabora, escribe su sabiduría y su amargura en páginas y páginas de historias, cuentos, novelas, columnas, archivos. La memoria está viva porque su recuerdo se plasma en cosas concretas, en mojones de una lucha más larga, que es la lucha por el sentido del mundo. De nuestro mundo. De este pequeño Uruguay, con su historia trágica, con su desequilibrio de poderes, con sus enfrentamientos, con todas sus viejas y nuevas injusticias.

Este tan político mes de mayo cumplió una función casi inaugural respecto de la marcha. Pocos días antes, en el pleno del Senado, la discusión sobre los cuatro generales de las Fuerzas Armadas (FFAA), destituidos por el Poder Ejecutivo a raíz de su participación en tribunales de honor que no consideraron un “deshonor” los crímenes de lesa humanidad, mostró que la memoria está viva. Y el pasado, también.

En estos tribunales, la perpetración de 28 asesinatos (comprobados, juzgados, sentenciados, hace ya varios años) no se consideró un deshonor. Sí, en cambio, se consideró un deshonor que los militares no se hubieran protegido entre ellos. Hay que leer el fundamento del fallo del Poder Ejecutivo entero, y no por partes. El contenido del Decreto 1322/19 explica claramente por qué el decreto avalará el fallo. Entre otros puntos, allí se manifiesta que “los 28 delitos de homicidios muy especialmente agravados [...] [son] reprochables desde el punto de vista del honor, como cualidad moral que debe revestir todo miembro de las Fuerzas Armadas”; “que el Poder Ejecutivo no comparte los fallos del Tribunal”; “que dicho Tribunal de Honor consideró que los hechos por los que fueron condenados por la Justicia Penal Ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción, que los oficiales sometidos faltaron al código de honor de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales, y del suyo propio”; que “el Poder Ejecutivo no puede soslayar que el Poder Judicial en oportunidad de dictar las condenas y confirmarlas en sede del Tribunal de Apelaciones y Suprema Corte de Justicia consideraron la prueba ‘francamente agobiante en su capacidad incriminatoria’, compartiéndose íntegramente la valoración tanto del Ministerio Público como la del Sr. Juez al sentenciar ‘que la participación y responsabilidad siquiera aparecen empañadas por la menor sombra de dudas’; “que el Poder Ejecutivo por todas las razones expuestas, y no sólo por los motivos restringidos expuestos por el Tribunal interviniente homologará los fallos”.

La discusión en el Senado quiso sustraerse a este hecho político inédito: que se cesaran altos mandos de las FFAA por “encubrir” la verdad de los hechos de la dictadura. Y no uno, ni dos, sino siete altos mandos fueron cesados por ello. Este hecho inédito, junto a otros (la ley que reformó la Caja Militar y el proyecto de ley en curso que reforma la Ley Orgánica Militar) muestran, en forma muy clara, la división de aguas que siempre operó en este país entre quienes están a favor de la impunidad y quienes luchan contra ella. No hay otro modo de entenderlo. Y bregar por que “nunca más haya uruguayos enfrentados entre ellos”, como dijo algún senador de la oposición en la sesión, es desconocer esta verdad tan simple. Verdad y justicia, por un lado. Obstaculización de las investigaciones y resistencia a juzgar lo que se considera “prescripto”, por otro. El Frente Amplio (FA) ha hecho su propio aprendizaje en esto. Y con toda la autocrítica de lo que se hizo y, especialmente, de lo que no se hizo, no cabe otra respuesta que esta: lo único que se hizo, se hizo bajo los gobiernos del FA.

Los fallos del Tribunal de Honor y las declaraciones de Guido Manini Ríos –a quien se remitieron los fallos– acaban de redondear una ecuación que es más conocida aun que las atrocidades cometidas por José Gavazzo. Para una parte de la población –algunos militares en actividad, sin duda, muchos militares retirados, pero también civiles–, lo que sucedió en la dictadura es aún “objeto de controversia”. Los fallos de la Justicia fueron realizados “sin prueba” o con “pruebas fraudulentas”. O sea, al igual que los que niegan el genocidio nazi, o el armenio, las violaciones a los derechos humanos son “materia de controversia”. Por fortuna, la clase política no viene a discutir esto: sabe que el terrorismo de Estado y las violaciones a los derechos humanos son la marca de sangre de la década larga de la dictadura uruguaya. Lo que dicen es otra cosa. Dicen: “Ya pasó”. Dicen: “No se puede juzgar”. Dicen: “Es difícil reconstruir hechos del pasado”. Dicen: “Basta de ojos en la nuca, hay que mirar el futuro”. Dicen: “Seguir con las investigaciones en busca de culpables es sólo revanchismo”. Dicen: “Esto ya no le interesa a nadie”.

Y se equivocan. Claro que interesa. Interesa a muchos. Y no se quedó en el pasado. Está latente, se manifiesta, aparece. Está en los fallos del Tribunal de Honor, está en las declaraciones de Gavazzo que reivindican la “obediencia debida” como eximente de la responsabilidad moral (y, por consiguiente, penal), está en la justificación de la dictadura como “exceso” frente a los “desmanes” de la guerrilla por parte de encumbrados políticos y escritores. Todo está vivo. Todo está presente.

En la sesión del Senado que vivimos, nadie quería “ensuciarse con la impunidad”. Pero, ¿quién votó la ley de caducidad que fue el “huevo de la serpiente” de toda esta lógica infernal? ¿Quién negó los votos para declarar imprescriptibles los delitos de lesa humanidad y obligar a los tribunales a que investigaran los casos? ¿Quién archivaba los expedientes que llegaban al Poder Ejecutivo porque estaban comprendidos en la ley de caducidad (aunque no lo estuvieran)? ¿No es, acaso, responsable el sistema político por eso? ¿No son responsables los gobiernos blancos y colorados por eso?

Me gusta que nadie quiera mancharse las manos con “la impunidad”. Es una señal de avance. Pero las manos están manchadas. Y esta es una terrible verdad que no puede decirse a medias. No, Gavazzo y Jorge Tróccoli no son “monstruos”, como nos enseñó Hannah Arendt. Son parte de un sistema perverso en el que el “cumplir órdenes” y respetar la cadena de mando (como nos enseñan también los tribunales de honor) anulan la responsabilidad política que, como ciudadanos, tienen los militares. Son antes ciudadanos que militares. Antes sometidos a la ley que a la cadena de mando. Y esto debe grabarse con fuego para futuras reformas de las FFAA. Sí, las FFAA continúan hoy en deuda con la verdad y la justicia. El sistema político también. A hacerse cargo.

Hoy decimos que la memoria está viva. Y el pasado también. Y nos están diciendo a gritos cosas que no queremos escuchar. A remangar el pasado y sus pesares. A remangar la memoria y ponerla a trabajar para el futuro. Todo está en el presente. Y todavía, el presente es nuestro.

Constanza Moreira es senadora del Frente Amplio.