La importancia del plebiscito de 1980 para la democracia uruguaya

Hoy se cumplen 40 años del plebiscito de 1980, que pretendía una reforma constitucional para que el gobierno de facto cívico-militar, instaurado en Uruguay con el golpe de Estado de 1973, se perpetuara en el poder. El texto de la reforma constitucional promovido por la dictadura incrementaba la influencia de las Fuerzas Armadas, reducía el número de legisladores, validaba todas las decisiones del régimen dictatorial adoptadas hasta la aprobación de la constitución y establecía una modificación en el mecanismo de aprobación plebiscitaria por el cual se consideraba aprobada la reforma constitucional por mayoría simple de votos.¹

El proyecto de reforma constitucional del gobierno de facto no siguió ninguno de los procedimientos previstos en la Constitución de 1967 para reformar la constitución. Corresponde aclarar que en el período de gobierno de facto (1973-1985) la Constitución de 1967 era válida, pero carecía de eficacia.

En Uruguay, los sectores de centro de los partidos tradicionales –hoy llamados fundacionales– y el Frente Amplio constituyeron la oposición al proyecto de constitución que pretendía imponer el gobierno dictatorial.

Es recordado el debate en Canal 4 del 14 de noviembre de 1980, 16 días antes del plebiscito, moderado por los periodistas Carlos Giacosa y Asadur Vaneskahian. Participaron en defensa del proyecto de reforma constitucional dos consejeros de Estado: el coronel Néstor Bolentini (abogado) y el doctor Enrique Viana Reyes, que era uno de los redactores del proyecto de reforma constitucional. Los que defendían la posición que se oponía a la reforma constitucional fueron los doctores Enrique Tarigo (perteneciente al Partido Colorado) y Eduardo Pons Echeverry (perteneciente al Partido Nacional). El doctor Enrique Tarigo dirigía el semanario Opinar, que se constituiría en uno de los pilares de la campaña contra la reforma constitucional. El doctor Eduardo Pons Etcheverry había sido ministro de Educación en el primer gobierno blanco del siglo XX (1959-1963). Aquel debate fue determinante para que muchos uruguayos decidieran votar en contra de la reforma constitucional.

Señalaba el profesor Héctor Gros Espiell que, pese a la presión oficial, la propaganda distorsionante y a que el plebiscito se realizó bajo las normas impuestas por un gobierno dictatorial, el pueblo repudió el proyecto de reforma constitucional, y en el plebiscito 57,9% de los votantes rechazó el texto elaborado y patrocinado por el gobierno de facto.²

Muy distinta fue la realidad de Chile, donde el plebiscito de reforma constitucional promovido por Augusto Pinochet en 1980 obtuvo casi 70% de respaldo de los ciudadanos chilenos.³ Recién este año, 40 años después de dicho plebiscito, el pueblo chileno está intentando reformar la constitución, a través de un procedimiento en el que intervendrá una Convención Constitucional votada por el pueblo, mecanismo de reforma constitucional que se aprobó en el plebiscito del 25 de octubre de este año.

Corresponde destacar la actitud de la Corte Electoral de Uruguay en el plebiscito de 1980, dirigida por tres interventores de facto, que proclamó el cómputo de los votos del plebiscito que determinó la derrota del proyecto de reforma constitucional del gobierno de facto.⁴ El papel que jugó la Corte Electoral en ese momento le valió que, desde el advenimiento de la democracia en 1984 a la actualidad, nadie dude de la credibilidad de este organismo de control del Estado, lo que prestigia el sistema electoral uruguayo y en definitiva la democracia de nuestro país.

Con posterioridad al plebiscito de 1980, el 28 de noviembre de 1982 se celebraron las elecciones internas de los partidos políticos, en las que se excluyó al Frente Amplio. En dichos comicios triunfaron los sectores opositores al gobierno de facto, el Wilsonismo en el Partido Nacional y el Batllismo Unido de los doctores Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo en el Partido Colorado.

En el mismo momento de las elecciones internas, ocurrió el episodio de la ruptura de “la tablita”, lo que provocó una crisis económica profunda en Uruguay.

Luego se realizó el “diálogo del Parque Hotel”, que fracasó porque los militares plantearon las mismas demandas que habían sido rechazadas en el plebiscito de 1980.

Más adelante se suscitaron movilizaciones sociales, el acto del Obelisco del 27 de junio de 1983 y la liberación del líder del Frente Amplio, Liber Seregni.

El llamado Pacto del Club Naval de agosto de 1984, en el que participaron los militares, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica, aseguró la apertura democrática, que tenía como etapas la liberación de presos políticos, las elecciones nacionales el 25 de noviembre de 1984, la instauración de las autoridades electas del Parlamento el 15 de febrero de 1985 y la asunción del presidente electo el 1° de marzo de 1985.

Restablecida la democracia, la Constitución de 1967, que estaba en vigencia, recobró su eficacia.

En definitiva, el plebiscito de reforma constitucional frustrado de 1980, sin que el gobierno dictatorial se lo propusiera, formó parte de un proceso constituyente para retornar a la democracia y a la eficacia de la Constitución de 1967.

Pablo Rodríguez Almada es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene un posgrado de especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es docente universitario.