Una propuesta del Frente Amplio ante la coyuntura actual

El contexto de la propuesta¹

La crisis sanitaria es sin duda la prioridad absoluta. Pero es responsable mirar los impactos sociales que ella genera. Es una paradoja que cuanto más adhesión a las medidas de aislamiento social, mayores son los impactos en los ingresos de trabajadores por cuenta propia, de trabajadores sin cobertura de la seguridad social, entre otros. Y es claro que estos efectos rápidamente se expanden al resto de la economía, por la retracción de la oferta laboral y la caída de la demanda de productos.

Por tanto, se necesita una respuesta global y liderazgo del Estado, como en todo el mundo. La Unión Europea ha definido una suspensión temporal de facto de las reglas fiscales. España, Italia, Francia, Alemania, los países escandinavos, Estados Unidos, Argentina y Chile, entre otros, han planteado paquetes de estímulo fiscal.

En estos días, el gobierno presentó una serie de medidas para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Estas incluyen líneas de crédito con condiciones flexibles para pequeñas y medianas empresas y aplazamiento de vencimientos en la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS). Se construyó un régimen especial de seguro de paro con algunas flexibilidades y se aprobó el envío a seguro de enfermedad para trabajadores mayores de 65 años. Se emplearán 1.000 millones de pesos en la creación de nuevos refugios, se reforzarán los planes de alimentación y se ampliará la Tarjeta Uruguay Social.

Consideramos que la dirección de las medidas es correcta, pero que son insuficientes en cantidad y calidad, es decir, en impacto y en alcance, teniendo en cuenta que no llegan a trabajadores sin acceso a la red de protección social. Al mismo tiempo, lo vemos como una suma de medidas particulares y a veces inconexas.

Por lo tanto, proponemos un plan con una mirada integral, articulado, y una perspectiva que busque no sólo sortear esta difícil situación, sino que piense en la construcción de condiciones para el crecimiento de la economía el día después.

A diferencia de otros momentos críticos en la vida del país, un plan como el que proponemos es viable porque se sustenta en la amplia red de protección social que Uruguay ha desarrollado en las últimas décadas, lo que le da rapidez y efectividad.

Propuestas económicas y sociolaborales

1) No aumentar la pobreza y la desigualdad: ingresos y transferencias. He aquí el punto central de este enfoque y la condición básica para que el aislamiento social sea viable. El argumento de que hay que garantizar la “olla” de las familias no se hace flexibilizando el aislamiento, sino dando ingreso a los afectados por esta situación transitoria.

El eje central es otorgar por dicho período un subsidio por un monto equivalente a un salario mínimo nacional para aquellos trabajadores más afectados que no se encuentran registrados en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ni en el sistema de seguridad social. En este subsidio estarían incluidos los trabajadores cuentapropistas y los que se encuentran en la informalidad (feriantes, vendedores ambulantes, artistas callejeros, etcétera) y los hogares que perciben la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y la Asignación Familiar (Afam). Es claro que los aumentos otorgados (en algún caso en dinero, en otros en canasta de alimentos) a la TUS y la Afam están muy lejos de los valores que proponemos.

Además de dar ingresos a estos hogares, hay que subsidiar costos, entre los que se destacan diferir el vencimiento de tarifas de UTE y OSE y establecer un período de gracia en intereses de cuotas hipotecarias vía los subsidios de la ley vigente.

Al mismo tiempo, proponemos suspender los cortes de los servicios a estas familias y también a trabajadores que sean enviados a seguro de paro, y con la misma lógica, suspender desalojos y lanzamientos de inquilinos por 90 días a dicha población.

Asimismo, se deben garantizar los derechos de salud por medio del Fondo Nacional de Salud ante la pérdida del trabajo formal o el cumplimiento de los 18 años de un hijo.

2) Preservar a las y los trabajadores y las empresas. Entre otras medidas, proponemos agregar en la flexibilización de las condiciones de acceso al seguro de desempleo la exigencia de número de jornales previos.

Proponemos la exoneración de los aportes patronales durante la emergencia a los sectores afectados y, en línea con lo ya planteado por el gobierno, diferir vencimientos de DGI y BPS de micro, pequeñas y medianas empresas, así como aplicar la misma lógica de diferimiento en el caso de las tarifas de agua y luz, también a micro y pequeñas empresas de sectores afectados.

Es muy importante, como se ha hecho en gran parte de los países que han optado por el diferimiento de contribuciones, que las empresas que reciban estos beneficios fiscales no despidan personal, y al mismo tiempo priorizar en estos instrumentos a las empresas que no envíen personal al seguro de paro.

3) Preparémonos para el día después, fomentando condiciones de crecimiento. Es necesario que la política macroeconómica sea consistente con la realidad que atraviesa el país, evitando saltos abruptos del dólar, continuando con la política de disminución de la volatilidad cambiaría de los últimos años. Sobre todo por el impacto que ello tiene sobre la inflación, que perjudica en mayor medida a quienes viven de su trabajo y más aún a los impactados por esta situación. Se propone regular el precio de venta al público del alcohol en gel y administrar el stock de mascarillas y tapabocas de forma pública y, al mismo tiempo, trabajar acuerdos de precios de productos alimentarios de la canasta básica.

En esta coyuntura deberían prorrogarse los recortes de gasto e inversión de 15% anunciados, sobre todo porque 70% de ese ahorro afecta a la obra pública, la vivienda, las políticas sociales y la seguridad, y ello ahondaría la coyuntura crítica. Más aún, habrá reforzamientos de gastos, y proponemos crear un fondo específico para que la Administración de Servicios de Salud del Estado haga frente a la mayor demanda de atención. En esa misma dirección proponemos fortalecer las transferencias a intendencias y municipios para mejorar la asistencia a afectados.

Finalmente, con la lógica del día después, proponemos desarrollar, en la medida de lo posible, un plan de aumento transitorio en la demanda, adelantando la inversión pública (como se hizo en 2008) o acelerando el inicio de obras bajo la modalidad de participación público-privada (PPP), en particular las educativas.

Conclusiones finales

Así como la red de protección social construida es la base de la rapidez y eficiencia de las acciones hoy, las fortalezas financieras y económicas construidas hacen viable el financiamiento de este plan integral. Dichas fortalezas se expresan en la reducción sustancial de la deuda neta con relación al Producto Interno Bruto, la mejora significativa del perfil de la deuda y contar con líneas de prefinanciamiento que permiten hacer frente a las contingencias de crisis y que en 2019, como comentó la ministra de Economía y Finanzas, ascendían a 2.200 millones de dólares.

Por todo ello, hoy más que nunca se debe construir un gran acuerdo nacional, en el que participe la totalidad del sistema político junto con las organizaciones sociales, sindicales y empresariales, y al mismo tiempo se garantice, para las medidas que impactan sobre lo laboral, el pleno funcionamiento de la negociación colectiva.² Para ese acuerdo nacional, desde el Frente Amplio estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, aportando todas nuestras ideas para encontrar soluciones, de manera de poder dar una respuesta inmediata y certera a la población, que tanto la está necesitando.