¿Cómo enfrentar un viejo discurso conocido?

Días atrás, un novel senador de la República perteneciente al novel partido Cabildo Abierto (CA) ha hecho un ataque (no hay mejor defensa que un buen ataque) a la mayoría de la sociedad uruguaya, al defender a criminales que cumplen condenas luego de haber sido juzgados en procesos que contaron con todas las garantías que la Justicia (y buena parte del sistema político) ofrece. No es para nada un tema menor el invocado por este inquieto representante nacional.

Toca un tema de alta sensibilidad para muchos uruguayos. Aclaramos: no creemos que para todos los uruguayos tenga relevancia. ¿Por qué? Porque no todos los integrantes de este país sienten y viven este tema como importante o relevante. Como intentaremos mostrar, desde el Estado y los gobiernos de turno se ha intentado olvidar estos episodios del pasado traumático. Y creemos que se ha logrado legitimar una posición contraria a encontrar verdad y justicia respecto de los crímenes cometidos por los agentes del Estado.¹

Este discurso de desprecio hacia lo que sufrieron ciudadanos uruguayos no es novedoso en el país. Tiene ya a esta altura una duración considerable. El senador nombraba los crímenes de hace 50 años (en sus dichos confirma dichos crímenes, no reniega de ellos).

Un poco antes ya existía en el país un discurso que habilitaría socialmente el desprecio y la estigmatización de un sector de la población. Investigaciones recientes han demostrado que las derechas en Uruguay han tenido un peso social considerable desde mediados de los años 50 del siglo pasado. Esto queda evidenciado en el fuerte sentir anticomunista, especialmente afianzado en el interior del país (Broquetas, 2014). Este sentir se engarza con el movimiento ruralista de los 60 encabezado por Benito Chicotazo Nardone (Bruno, 2007), quien tuvo una presencia relevante en el medio rural y en las ciudades fuera de Montevideo. En este panorama de fuerte presencia anticomunista es que surgió la Juventud Uruguaya de Pie. Como plantea Bucheli (2019), esta organización se ramificó por buena parte del territorio uruguayo y tuvo apoyos diversos: grandes empresarios, políticos reconocidos, fuerzas represivas. Pero también obtuvo apoyos en sectores populares en todos los departamentos del país. El mismo investigador afirma que esta organización de ultraderecha fue desapareciendo de la esfera pública hacia 1973, entrada la dictadura.

Este accionar de derecha fue acompañado desde el Estado con mucha potencia a partir del ascenso a la presidencia de Jorge Pacheco Areco. Rico ha denominado a este proceso como “camino democrático a la dictadura” (Rico, 2005). Es decir que desde mediados de los 60 del siglo XX, el Estado y los gobiernos –como ya veremos– han tenido una política estatal de reprimir al disidente. Al mismo tiempo que se desarrollaba la represión sistemática en los cuerpos de miles de trabajadores, estudiantes, artistas, militantes políticos, se bombardeaba desde los medios de comunicación de la época y se ubicaba a estos críticos del sistema como los enemigos de la nación.

Este discurso se potenció cuando los militares tomaron el poder del Estado. Todos los días sonaban las marchas militares en las radios y en los canales de televisión se hacían cadenas nacionales para denunciar a los subversivos requeridos. La repetición, el miedo, el espanto y el odio fueron calando en la sociedad. También la propaganda y los intentos de legitimar al régimen fueron parte del proyecto dictatorial (Marchesi, 2009), que encontró en el interior del país una base importante de apoyo. De hecho, los intendentes y las juntas departamentales permanecieron en buena medida luego del golpe de junio, es decir, no fueron removidos por los militares, y muchos no encontraron méritos para renunciar (Correa, 2018).

Con el gobierno encabezado por Julio María Sanguinetti este discurso estatal no varió en lo sustancial, pero sí se transformó. Quizá la transformación principal haya sido el pasaje de colocar a la subversión como agente del desorden y causante del quiebre institucional a construir la impunidad para los agentes del Estado. Es decir que los responsables de los crímenes de lesa humanidad serían defendidos por el poder político a través del sistema judicial. De esa forma y a través de estas transformaciones es que Sanguinetti presentará a los uruguayos (y por tanto a su Partido Colorado, uno de los mayores responsables del golpe de 1973) como “campeones de la democracia” (Di Giorgi, 2014) y proclamará que la salida de la dictadura fue un ejemplo para el mundo entero.

Construido este relato desde el Estado y desde el gobierno, se fue interiorizando en la sociedad (con mayor fuerza después del plebiscito de 1989). De allí que se sintiera la autoridad para decir que hay que dar vuelta la página de la historia, que tenemos que olvidar este pasado traumático del país.

Este fue el discurso oficial estatal, sin grandes fisuras, durante toda la década de 1990. Con el gobierno encabezado por Jorge Batlle² (tras una lucha pertinaz y persistente de las organizaciones sociales y el movimiento popular) se reconoce por primera vez la desaparición de personas durante la dictadura cívico-militar.

Una política con contradicciones

Más recientemente, en los tres gobiernos del Frente Amplio (FA) existieron luces y sombras respecto de este tema. Fueron grandes las contradicciones en los dos líderes más importantes de dichos gobiernos. Las figuras máximas de la fuerza política que estuvo durante tres períodos en el gobierno no estaban convencidas sobre qué política aplicar en cuanto al pasado traumático del país.

Recordemos el acto por el “Nunca más”³ (2007), llevado adelante en el primer gobierno del FA, encabezado por Tabaré Vázquez, donde se establecía “nunca más hermano contra hermano”, “nunca más uruguayo contra uruguayo”. La legitimidad de este mensaje fue cuestionada por distintas organizaciones sociales y especialistas referidos a la temática de la historia reciente. Sin embargo, el discurso y el mensaje que quedaron circulando en el imaginario colectivo fueron confusos.

El impulso de ese primer gobierno frenteamplista fue contradictorio, la señal no fue clara y la confusión estaba presente –nos parece– en el mismo discurso en que se anunció que se haría esa conmemoración, pues luego de desarrollar este primer punto (“nunca más hermanos contra hermanos”) se desarrolló el segundo, que explicitaba el estudio de cinco tomos que Presidencia había encomendado a los investigadores José Pedro Barrán, Gerardo Caetano y Álvaro Rico, que hicieron una exhaustiva Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos. Allí, decía el propio presidente Tabaré Vázquez, quedaba demostrado fehacientemente el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. Pero minutos antes había intentado convencer a todos los integrantes de la nación de “avanzar en la reconciliación, en el reencuentro entre todos los uruguayos” y de que “aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad uruguaya” habían quedado atrás.⁴

El segundo episodio que quisiéramos recordar, y que creemos que marca las contradicciones en esta materia en los gobiernos frenteamplistas, está basado en el discurso del presidente José Mujica del día 18 de mayo de 2011. En ese discurso se dijo lo siguiente: “No podemos trasladarles a las nuevas generaciones de militares las frustraciones de la nuestra, porque necesitamos un país convivible, un país que antes que nada y por encima de sus diferencias tenga el coraje de poner adelante el ‘nosotros’”. Luego agregaba que “debemos cultivar una tolerancia superior entre nosotros”, y todo esto lo decía no como presidente, sino “como viejo que se puso un arma al cinto”.

Algunas preguntas surgen luego de estas dos situaciones presentadas rápidamente: ¿qué mensaje queda en la sociedad luego de este tipo de discursos? ¿Sólo los “protagonistas” pueden hablar de esta época?

Entonces, parece que la complejidad del problema que trajo esta semana el inquieto senador es muy profunda y atraviesa a todos los partidos de Uruguay.

El problema aquí es el de la memoria en relación con la historia y los acontecimientos traumáticos para la sociedad. Y, por qué no decirlo, para la historia del país. Una hipótesis que se puede manejar es que para el relato de la historia nacional este es un escollo muy difícil de sortear. Siempre en las historias nacionales se expresa que todos los habitantes de una nación mantienen un lazo, mantienen una unión. Entonces, en el imaginario social está presente la idea de que los uruguayos formamos una gran familia. Aunque existen posiciones y lecturas que afirman que el Estado-nación está en crisis o lisa y llanamente que ha dejado de tener presencia a nivel económico y político internacional (pues la globalización lo habría arrasado), parece que la fuerza simbólica del Estado-nación, en este tipo de situaciones traumáticas, se hace presente (al menos en el imaginario colectivo).

En todos los países en los cuales ocurrieron sucesos traumáticos, en donde los crímenes fueron realizados de forma sistemática por agentes del Estado, en donde las torturas y las violaciones a los derechos humanos fueron moneda corriente existe esta problemática, o al menos conviven diferentes posiciones y visiones, pues, como afirma Traverso, los debates que se dan en torno a estos sucesos “superan largamente las fronteras de la investigación histórica” (Traverso, 2007: 78), y así se producen memorias “fuertes” y memorias “débiles” (Traverso, 2007: 86-88).

Es un gran problema –parece– no para los profesionales e investigadores que cultivan la temática, sino para otros actores que juegan en este campo un papel fundamental: los políticos profesionales que están al frente de los gobiernos. Recordemos que “la nación requiere de símbolos míticos de unidad para su eterna permanencia” (Piazza, 2003: 64). No es casual que los discursos citados anteriormente –el de Vázquez y el de Mujica– hayan sido pronunciados en fechas patrias (o hayan hecho referencia a ellas), fechas que conmemoraban la figura del prócer máximo de Uruguay; en ambos discursos se hace referencia al héroe que encarnó las ansias de todo un pueblo de ser libre: se hace referencia al símbolo de unidad nacional, al mito fundante. Que no por casualidad se lo ha apropiado en este último tiempo el novel partido CA.

Crímenes contra la sociedad

Lo que intentamos presentar en estas notas fue la complejidad que existe al momento de avanzar en la justicia respecto de los crímenes cometidos durante los años 60 y 70 del siglo pasado por parte de agentes del Estado.

Creemos que deberíamos tener claro –como comunidad– que los crímenes fueron cometidos contra toda la sociedad. Porque lo que se buscó fue encorsetar y atemorizar, difundiendo el miedo para que los ciudadanos se replegaran en su espacio y vida íntima. De esa manera los sectores dominantes tenían vía libre para imponer su proyecto social y económico: las “democracias de seguridad mercantil” (Acosta, 2005), es decir, democracias basadas en el mercado y la propiedad privada.

Pasaron 50 años de aquellos crímenes y los defensores de ese proyecto impuesto a sangre, tortura y prisión continúan reivindicándolo. Este nos parece que es el fondo del problema a superar como sociedad. El trabajo es quizá poder fusionar los motivos que llevaron a esos terribles episodios tan dolorosos y aberrantes con lo que sucede hoy, en pleno siglo XXI, con una pandemia que es aprovechada por los mismos sectores dominantes para obtener una y otra vez más ganancias.

La coyuntura mundial requiere tener inteligencia, y para eso no hay que caer en las provocaciones, sino trabajar para cambiar la realidad.

Héctor Altamirano es docente de Historia.

Referencias

Acosta, Y. (2005). Sujeto y democratización en el contexto de la globalización. Perspectivas críticas desde América Latina. Montevideo: Nordan Comunidad.

Broquetas, M. (2014). La trama autoritaria. Derechas y violencia en Uruguay (1958-1966). Montevideo: EBO.

Bruno, M. (2007). La caza del fantasma. Benito Nardone y el anticomunismo en Uruguay (1960-1962). Montevideo: FHCE-Udelar.

Bucheli, G. (2019). O se está con la patria o se está contra ella. Una historia de la Juventud Uruguaya de Pie. Montevideo: Fin de Siglo.

Correa, J. (2018). Lo hicimos ayer, hoy y lo seguiremos haciendo. Autoritarismo civil militar en dictadura. Durazno 1973-1980. Montevideo: Fin de Siglo.

De Giorgi, A. (2014). Sanguinetti. La otra historia del pasado reciente. Montevideo: Fin de Siglo.

Marchesi, A. (2009). “‘Una parte del pueblo uruguayo feliz, contento, alegre’. Los caminos culturales del consenso autoritario durante la dictadura”, en AAVV, Montevideo: EBO.

Piazza, E. (2003). “Caminos heroicos y caminos de la nación”, en C. Demasi y E. Piazza (comp.). Los Héroes fundadores. Perspectivas desde el siglo XXI. Montevideo: CEIU-FHCE, pp. 55-71.

Rico, A. (2005). Cómo nos domina la clase gobernante. Orden político y obediencia social en la democracia posdictadura. Uruguay 1985-2005. Montevideo: Trilce.

Traverso, E. (2007). “Historia y memoria. Notas sobre un debate”, en Franco, M. y Levin, F. (comp.), Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción. Buenos Aires: Paidós, pp. 67-96.