Nuestras verdaderas urgencias y la ley de urgente consideración versión 2.0

Apenas leyendo el título de esta columna ya queda bastante claro a qué nos referiremos a continuación. Es que la frase del título resume a la perfección cuál ha sido el reclamo y la reacción que han tenido importantes sectores de la sociedad y del sistema político apenas trascendió la noticia de que en breve se enviaría la tan comentada ley de urgente consideración (LUC). Es evidente la opinión compartida que ha dominado la escena política, donde se ha dicho hasta el cansancio que este no es el momento y las urgencias están en otro lado.

Esta nueva redacción de la LUC podría denominarse “versión 2.0”, ya que tuvimos la desdicha de conocer la versión anterior que se hizo pública durante el mes de febrero, unas semanas antes de la asunción del nuevo gobierno. Aquella versión, que tenía otro articulado y que representaba apenas la opinión del Partido Nacional. La que generó un debate que a la postre terminó siendo en vano, ya que ni siquiera contaba con el respaldo del resto de los socios de turno, pertenecientes a la autodenominada “coalición multicolor”. Hoy, la “versión 2.0” ya está amenazando con autoextinguirse y dar luz a la “versión 3.0”, a la luz de las nuevas discrepancias emergentes del seno mismo del gobierno. Tal vez esto no suceda y termine siendo la versión definitiva, pero la realidad indica que todavía existen diferencias a la interna de la coalición.

Toda esta situación de incertidumbre, descoordinación e improvisación ya ameritaría que no se propusiera la mencionada LUC y en cambio se trataran los contenidos de manera separada, otorgándole al Parlamento los tiempos necesarios para su discusión. Por si estos argumentos no fueran suficientes, el contexto actual, donde estamos viviendo una crisis sanitaria a raíz de la covid-19, vuelve más inoportuna la discusión del proyecto de LUC, ya que las verdaderas urgencias son otras.

Estamos convencidos de que el Parlamento Nacional debe adoptar un paquete de medidas urgentes para combatir no sólo la pandemia de la covid-19 sino las consecuencias económicas inmediatas que ya se están generando y las que se generarán en el corto plazo. Esto sí que no admite la menor demora, y así fue que lo manifestamos desde la bancada del Frente Amplio, presentando una serie de proyectos de ley que buscan atender la situación de varias personas a quienes la crisis ya está afectando gravemente. Hoy, esas son las verdaderas urgencias y no otras, por eso reiteramos nuestro rechazo a que se pretenda introducir en el Parlamento Nacional una discusión que, sin lugar a dudas, debería darse en otro momento.

Ya nos referimos en artículos anteriores a los vicios constitucionales de incluir en una especie de “ley ómnibus” varios temas que deberían tratarse por separado y con los tiempos razonables de discusión. Pero los aspectos constitucionales –discutibles, en cierta medida– quedan opacados por el hecho de pretender modificar, en una sola ley y en menos de 90 días, más de 50 normas que en promedio insumieron más de 250 días de trabajo del Poder Legislativo. Leyes que fueron ampliamente discutidas, en comisiones parlamentarias, y que contaron con el aporte de varios representantes de la sociedad civil.

Siguiendo la máxima de que quien pega primero pega dos veces, la LUC pretende agotar durante el primer año de gobierno las discusiones más difíciles y las decisiones más polémicas. Según esta perspectiva, el primer año es el momento más propicio para eso, ya que más adelante es muy probable que desciendan los niveles de aprobación e, incluso, que se resquebraje aún más la ya frágil “coalición multicolor”. De esta manera, el núcleo duro de su plan neoliberal queda concentrado en una sola ley, que luego se complementaría en 2021 con la futura Ley de Presupuesto Nacional.

Sin embargo, si hay algo que caracteriza la vida de un país y su agenda política es que los hechos muchas veces terminan pasando por encima de la realidad y de lo que se planificó. Administrar esa realidad y tener la altura y el pragmatismo de poder pensar las cosas desde otra perspectiva hacen a las virtudes de cualquier gobernante. La crisis de la covid-19 vino para quedarse y modificó radicalmente la realidad global. Que quede claro: países con fuertes tradiciones neoliberales que vieron cómo se desmoronaba su economía recurrieron y recurren al Estado para afrontar la crisis económica, social y sanitaria emergente.

Estamos ante una crisis que aparenta ser de largo aliento y que requiere que el Estado sea, más que nunca, el escudo de los pobres. Se necesita un Estado fuerte, que se haga cargo de los problemas de la gente, que sirva como medio para paliar las fuertes consecuencias que sufrirán las personas de mayor vulnerabilidad. Apostar a debilitar el Estado no sólo es una política equivocada en un contexto de bonanza; hacerlo en el marco de una crisis resulta un verdadero suicidio. Esto ha sido entendido por una gran cantidad de países, que han postergado o suspendido sus agendas neoliberales en pos de paliar las consecuencias de la pandemia. En definitiva, en Uruguay estamos ante un gobierno carente de pragmatismo que no logra comprender la realidad en la que vive y se mantiene en todo lo que planificó, sin considerar que hoy el Uruguay ya no es el mismo.

Esta nueva redacción 2.0 de la LUC vuelve a insistir con una regla fiscal, retomando la idea de generar una política de recorte del gasto público que vaya más allá de la voluntad del ordenador del gasto. Pero, además, una regla fiscal, si se pretendiera implementar, debería ser debatida durante la discusión de la próxima Ley de Presupuesto. Esto último porque son las leyes de presupuesto y de rendición de cuentas las que determinan, por mandato del Artículo 214 de la Constitución, los aspectos relativos a los gastos corrientes e inversiones del Estado, no otras.

Llevando esta discusión al extremo, pueden aprobarse varias reglas fiscales y el gobierno puede hacer gárgaras de lo poco que va a gastar durante este quinquenio, pero la realidad indica que si el año que viene proyecta una Ley de Presupuesto con gasto cero y su variopinta coalición multicolor decide abrirle el proyecto, aumentando o redistribuyendo el gasto, poco podría hacer la tan mentada regla fiscal. Esto último porque la regla fiscal estaría determinada por una ley, con igual jerarquía que la próxima Ley de Presupuesto o las de Rendición de Cuentas que en lo sucesivo serán aprobadas. Por tanto, la regla fiscal no implica otra cosa que un gran manifiesto de intenciones, que podría ser opacado por una ley posterior. Si se hubiera pretendido en nuestro ordenamiento jurídico que hubiera una regla fiscal, esta debería estar incluida en nuestra Constitución de la República.

En los hechos, más allá de las debilidades normativas, pretender una regla fiscal en el Uruguay de la pandemia y la emergencia sanitaria es un verdadero error de apreciación. De hecho, hoy el gobierno ha demostrado ser incapaz de cumplir con las propias metas que se había autoimpuesto, y las circunstancias lo llevaron a tener que aumentar el gasto público. ¿Por qué seguir insistiendo con esto? Es una buena pregunta que habría que hacerle al presidente.

Otro aspecto que se repite de la versión de la LUC que circuló en febrero es la idea de implementar la portabilidad numérica en los teléfonos celulares. Esto implica que la asignación de números pase a ser del usuario, independientemente de la empresa de telecomunicaciones. Bajo este régimen, uno podría cambiar de empresa, conservando el número de teléfono. Pero, como dice el dicho, “el infierno está empedrado de buenas intenciones”. Esta norma, que podría ser hasta simpática para cierta parte de la ciudadanía, es la puerta de entrada a una intensa competencia por los clientes que puede dejar en situación de vulnerabilidad a nuestra empresa Antel respecto de otras multinacionales. De hecho, en el ámbito comercial son corrientes las prácticas de dumping que buscan debilitar o hacer desaparecer a un competidor por medio de la fijación de precios y condiciones convenientes, pero de poca durabilidad.

La consecuencia del dumping es justamente la desaparición del competidor, y luego de que esto ocurre, se elevan los precios y se empeoran las condiciones, ya que el consumidor queda cautivo de la empresa que se apoderó del mercado, desapareciendo la competencia y naciendo un nuevo monopolio. Con esto no se pretende hacer un juicio de valor sobre las empresas de telecomunicaciones que operan en Uruguay, pero sí alertar sobre estos mecanismos que podrían llegar a desarrollarse si se implementa la portabilidad.

Finalmente, dentro de estas acciones tendientes a debilitar el Estado, no podemos dejar de mencionar la nueva modalidad propuesta para desmonopolizar el negocio de los hidrocarburos que hoy administra ANCAP. Nuevamente, se opta por la estrategia neoliberal, exponiendo a una empresa pública que ha sido un cimiento fundamental de nuestro país a que se debilite fuertemente o que incluso pueda desaparecer. Sobre este punto debemos decir que no es necesario ni estratégico proponer la desmonopolización de los hidrocarburos. De hecho, ni siquiera está asegurado que por este medio vayan a bajar los precios de los combustibles, según la información brindada por la administración saliente. El Estado uruguayo debe seguir contando con esta empresa, que cerró 2019 con un superávit de 39 millones de dólares. Que además fue defendida por los uruguayos cuando más de 60% votó en un referéndum contra la desmonopolización.

Se debe tener presente que tanto la decisión sobre la portabilidad como la desmonopolización de ANCAP son propuestas que serán muy difíciles de revertir en el futuro, si es que fueran aprobadas. Uruguay ha firmado a nivel internacional cientos de compromisos tendientes a la promoción y protección de las inversiones. Cualquier decisión, por más soberana que sea, que afecte los intereses de empresas extranjeras que vengan a invertir, nos expone a arbitrajes multimillonarios, regulados por diferentes organismos, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, por ejemplo. Por tanto, se debe ser muy cauteloso a la hora de analizar estas decisiones. Como fuerza política tenemos muy clara nuestra postura, que se encuentra en las antípodas de este tipo de propuestas. Pero igualmente, cabe aclarar que resulta muy negligente pretender discutir estos temas en un plazo acotado de 90 días.

Estos son algunos aspectos que figuran en esta nueva versión de la LUC, que dentro de unos días llegará al Parlamento. Tenemos la plena certeza de que la prioridad hoy es sanitaria y que allí debe estar el foco de las propuestas. Lamentamos que se pretenda imponer a la sociedad una discusión que poco tiene que ver con la realidad que debería preocupar hoy. Pero todo indica que la LUC será la prioridad política del gobierno. Allí estaremos nuevamente, manifestando nuestra postura.

Charles Carrera es senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio