En un artículo pasado, analizamos las tres etapas que marcaron el inicio de los 90 días que transcurrieron del nuevo gobierno: la transición frustrada, la crisis de la covid-19 y la presentación de la ley de urgente consideración (LUC). Estas etapas vienen acompañadas, incluso desde la campaña, por una lógica de tres interruptores siempre prendidos, además de las perillas que relata el presidente: el interruptor ideológico, el mediático y el de los privilegiados.

En este artículo analizamos estos conceptos en el caso de los temas ambientales, como muestra de su aplicación.

En primer lugar, vale considerar que la redacción de la ley ha estado en permanente cambio por quienes la están proponiendo. Allí es donde se cocinan y negocian los ajustes entre los distintos sectores de la coalición, entre gallos y mediasnoches, sin una discusión profunda en el Parlamento, acotada por el tiempo disponible para cada artículo y prescindiendo de la opinión de los colectivos y técnicos, más allá de los “ínfimos” 20 minutos que tuvieron, sólo algunos, para expresar su enorme bagaje de experiencia en el tema.

Los tres interruptores

Decíamos en el artículo anterior que además de las tres perillas que el presidente dice controlar, la sanitaria, la económica, y la social, veíamos por detrás la influencia permanente de tres interruptores que explican y sostienen todo su accionar, incluso desde la campaña electoral.

El interruptor ideológico, con el que piensa sus acciones y desprecia al Estado frente al mercado que espera lo resuelva todo. El del país neoliberal de los 90 al que parece querer retornar, el que combate a los movimientos sociales y plantea la caridad en lugar de la solidaridad, el que combate la formalización de la sociedad en aras de una supuesta libertad, sólo para algunos.

El interruptor de los privilegiados, que incide en las sombras anclado al sistema; el que recoge los frutos de años de prédica tendenciosa, que prioriza la propiedad privada y el interés particular sobre el interés general; el de los grupos de poder que han financiado las campañas y buscan restablecer sus privilegios.

Por último, el interruptor mediático, necesario para construir y amplificar un discurso totalmente funcional al gobierno, que no cuestiona ni informa, sino que deforma la opinión con un sesgo oficialista indiscutible. El que encabezan la mayoría de los grandes medios escritos, de televisión y de radio y sus sucursales en el interior del país, construyendo la idea de posverdad que luego difunden en redes con el agregado de ira y de mentiras que muchos son capaces de reproducir. Este interruptor funciona con anuncios permanentes para la tribuna, que son sólo humo, aunque los hechos vayan por el lado contrario, o simplemente no se apliquen. Es el de los anuncios de anuncios en cadena de televisión, el del helicóptero con mensajes confusos, el de los titulares tendenciosos, el que distrae el foco de atención y nos marca la agenda de los temas a discutir.

El ejemplo del Ministerio de Ambiente en la LUC

Una de las propuestas comprometidas en la campaña fue la creación de un nuevo “Ministerio de Medio Ambiente”. Un ministerio sectorial cuyo cometido era “fortalecer la rectoría, regulación y habilitación”. En el anteproyecto presentado en febrero pasó a ser “Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, cortando con motosierra el actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), con las direcciones de Medio Ambiente y de Aguas por un lado, y las de Vivienda y Ordenamiento Territorial por otro, demostrando el anacronismo y la falta de sustancia de la propuesta.

Tras los primeros cuestionamientos que mostraron la aberración presentada, el Poder Ejecutivo optó por cambiarle el nombre a “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible” y dejar el mismo contenido, lo que refleja la misma intención: cambiar para el discurso, y favorecer sus intereses, en base a su ideología. Para muchos y en particular para el Frente Amplio fue una señal interesante incorporar el desarrollo sostenible como objetivo.

Tras las repercusiones y las discusiones internas en la coalición, se vuelve atrás y la ministra Irene Moreira informa el miércoles 20 a la comisión que el nuevo ministerio será sólo “Ministerio de Ambiente”, insinuando que la transversalidad del desarrollo no es tema de este ministerio, además de varias modificaciones que le fueron observadas anteriormente.

El lunes 25 de mayo se presenta una nueva versión acordada y firmada el sábado 23 por senadores de la coalición, con nuevas competencias genéricas y concurrentes con otros ministerios, y en una nueva versión del martes 26 se eliminan las competencias relativas a los recursos hidrobiológicos y los montes naturales.

Todos estos cambios demuestran la improvisación permanente y las pujas de grupos de poder, además de la irresponsabilidad del mecanismo de la LUC para tratar múltiples temas estructurales y resolverlos en 90 días. Seguro no fue así que se lo concibió en la Constitución.

Este mecanismo, que de por sí no es el adecuado para abordar democráticamente estos temas, además es burlado con las sucesivas y permanentes modificaciones, que consumen los tiempos de tratamiento y comprometen la calidad del análisis de esta “megaley” que pretende arrasar con décadas de desarrollo institucional, normativo y de derechos.

Si bien la idea de crear un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es una propuesta que cuenta con el acuerdo del Frente Amplio, el apoyo de la población y, particularmente, algunos sectores y ONG preocupadas por el ambiente y la sostenibilidad del planeta, en los hechos (con la nueva normativa planteada) se debilita la institucionalidad existente, se rompe la transversalidad y articulación del ambiente con el territorio lograda gracias a más de una década de avances en la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y se vuelve a supeditar el ambiente al desarrollo productivo y al crecimiento urbano sin planificación territorial.

También demuestra que la falta de compromiso hacia una transición de gobierno llevó a que el Poder Ejecutivo desconozca el funcionamiento del MVOTMA, los avances institucionales y sus carencias, en las que podría haber trabajado.

La ubicación institucional de la Dirección de Ordenamiento Territorial junto al futuro Ministerio de Vivienda y Urbanismo reduce su cometido a la relación con la vivienda y la cartera de tierras, para limitarse al desarrollo del ámbito urbano, lejos del desarrollo sostenible y de las necesidades de planificación territorial vinculadas al ambiente, a las cuencas hidrográficas, a la producción y a los recursos naturales, retrocediendo décadas en el concepto de planificación concebido en la ley.

En la propuesta presentada en febrero se reinventa el ministerio pero con competencias acotadas, que no consideran el avance institucional ni las políticas desarrolladas respecto del cambio climático, ni la protección del ambiente y de los recursos naturales. No cuenta con una definición clara de la ubicación de las competencias. En su presentación en la comisión del Senado, los integrantes de la coalición reconocieron necesario analizarlo con tiempo, demostrando de ese modo que una ley de urgencia no es el mecanismo adecuado para una modificación institucional como la planteada.

Un detalle de cómo se legisla para la tribuna y desde el desconocimiento es el aumento de las sanciones sin analizar su necesidad, tanto en su máximo como en el mínimo, que pasaba de diez a 50 unidades reajustables (UR). No hubo análisis de las consecuencias, limitando la capacidad de gradualidad y aplicabilidad de sanciones, que pueden afectar a un pequeño productor o a un ciudadano por faltas leves con montos impagables, que harán imposible su ejecución y aumentarán el incumplimiento. Al menos en las últimas versiones se corrige el monto mínimo y se vuelve a las 10 UR, reconociendo esta realidad.

El desconocimiento de la institución actual, y la ceguera en la obsesión por dar un mensaje de austeridad sin importar su contenido, va tan lejos que en un decreto del 11 de marzo, el Poder Ejecutivo les solicita a todos los incisos la reducción de 40% de los gastos por contratos de servicios personales, incluso aquellos que ya están financiados y comprometidos con fondos de cooperación internacional. Esta resolución afecta significativamente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), en las que justamente cerca del 40% de su personal se encuentra afectado, y en algunas áreas el impacto llega a 80%. En una nota de los técnicos contratados del MVOTMA desde hace años, publicada el 4 de junio, se preguntan: “¿Cómo se llevará adelante el cumplimiento de las políticas nacionales de protección del ambiente si se reducen las capacidades institucionales?”. Una vez más se evidencia el doble discurso: se crea un nuevo Ministerio de Ambiente en el que inmediatamente se desprecia lo más relevante, que radica en el conocimiento y en sus recursos humanos formados y especializados, comprometiendo la gestión del ambiente y dejándoles mayor espacio a las reglas del mercado.

La frutilla de la torta en la última incorporación a la LUC

Como demostración cabal de lo que estamos sosteniendo, los dos últimos artículos de la propuesta de ley enviada al Parlamento (501 y 502) modificativos de la ley de creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) son un nuevo ejemplo de contradicción entre lo que se dice (con la creación de un ministerio) y lo que se hace (con la normativa). Esto trasunta la obsesión por volver el tiempo atrás y deshacer todas las reformas realizadas por el Frente Amplio sin el menor análisis.

En la práctica, el nuevo ministerio quedará debilitado y actuará en función de la producción y de los grupos privilegiados más que del ambiente, con el propósito de que este no sea un escollo ni una traba.

En el acuerdo de la coalición “Compromiso por el país”, previo a la campaña de noviembre, prometían “reformular el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, fortaleciendo las medidas de fiscalización y construyendo puentes con actividades como el ecoturismo. Velar por la conservación de especies de nuestra fauna autóctona”. Sin embargo, los artículos enviados al Parlamento no sólo no generaban herramientas para realizar lo prometido, sino que además dejaban a criterio de los dueños de los padrones afectados el consentimiento para crear el área protegida.

En nuestra legislación ambiental, el ambiente es considerado de interés general. Por tanto, si se realizan estudios para proteger un área y sus recursos naturales, estos deberían estar por encima del interés particular de los dueños de la tierra.

Desde la creación del SNAP, en 1999, hasta 2005 no se había ingresado ni una sola hectárea al sistema. Además de la voluntad política y los esfuerzos de coordinación de las distintas instituciones, la aprobación de la normativa actual en 2005 fue clave para la instalación de las 17 áreas protegidas que existen actualmente. El cambio fue justamente quitar lo que estaba redactado en la ley de creación del SNAP, que en la LUC el Poder Ejecutivo volvió a proponer, respecto del consentimiento explícito de los propietarios, mostrando una vez más la influencia de los grupos de poder para recuperar sus privilegios.

Se supeditaba así el interés general del ambiente a los intereses particulares de los propietarios, comprometiendo la sostenibilidad del ambiente, la preservación de ecosistemas para las generaciones futuras y el disfrute de las presentes.

También aquí la coalición mostró sus intereses y conflictos, en los sucesivos cambios que fueron planteando y que le tomaron el pelo a la discusión democrática del Parlamento.

En la última semana de discusión de la comisión, se modificó el consentimiento de los privados indicando que deberá ser de acuerdo con las directrices de ordenamiento territorial de los gobiernos departamentales. Esta modificación ahora quita el foco de atención sobre los intereses de particulares, pero deja en manos del gobierno departamental una decisión de interés general de carácter nacional. Si bien los gobiernos departamentales son actores claves en la concreción de las áreas protegidas, y ello debe estar en consonancia con el ordenamiento del territorio, la decisión no puede quedar supeditada al intendente de turno.

No olvidemos que las últimas áreas protegidas que fueron incorporadas al sistema, la ampliación de la Quebrada de los Cuervos en Treinta y Tres, y Paso Centurión en Cerro Largo, si bien fueron apoyadas durante todo el proceso por los gobiernos departamentales, luego, tras las presiones de grupos de interés que pretenden realizar desarrollos forestales, mineros y ganaderos, estos cambiaron notoriamente de posición, y están cuestionando su implementación. En el primer caso, el cuestionamiento apareció cuando asumió el intendente suplente, tras la postulación de Dardo Sánchez a la diputación, e incluso generó la renuncia del director encargado. En el caso de Cerro Largo resulta llamativo que la propuesta venga justamente del senador Sergio Botana, ex Intendente de ese departamento, que se opuso a su implementación en la última etapa, cuando ya estaba acordado.

La propuesta finalmente enviada al Senado (ahora en los artículos 475 y 476) toma el reclamo de protagonismo de los intendentes, supeditando el interés general a decisiones de carácter local. La coordinación y articulación de políticas locales y nacionales es fundamental, pero la subordinación de asuntos de interés general de nivel nacional a asuntos de interés local no corresponde.

Este accionar de idas y venidas, creando los problemas para luego tratar de resolverlos, nos recuerda (como dice el diputado Gustavo Olmos) la práctica mediática de Mauricio Macri en Argentina como receta de su accionar ante la opinión pública para laudar sus propias contradicciones, cuando al presidente le suben y bajan los interruptores. Lo cierto es que este mecanismo termina interviniendo en la normativa en una jugada peligrosa y de corto plazo que destruye avances institucionales con costos enormes para recomponer.

Los tres interruptores prendidos

En este proceso de cambios normativos vinculados al ambiente en la LUC se reafirma que la creación del mencionado ministerio es también una medida para la tribuna.

En la práctica, el nuevo ministerio quedará debilitado y actuará en función de la producción y de los grupos privilegiados más que del ambiente, con el propósito de que este no sea un escollo ni una traba. Se confirma una vez más la intención de desandar el camino avanzado en estos años.

Como adelantamos, el presidente gobierna con un panel de tres interruptores: el mediático, cuando anuncia un Ministerio de Ambiente con escaso contenido, competencias difusas y sin la transversalidad del desarrollo sostenible; el ideológico, volviendo a un formato de política ambiental que no entiende como urgencia la regulación del modelo de producción actual, que no menciona las políticas de conservación o de agroecología; y finalmente el de los privilegios, devolviéndoles un favor a quienes pretenden priorizar sus intereses económicos por sobre los intereses de la ciudadanía toda, de hoy y del futuro.

Martina Casás es bióloga y diputada suplente. Daniel Greif es ingeniero y fue director de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y de la Dirección Nacional de Aguas. Ambos son coordinadores del nodo asesor en medioambiente de Fuerza Renovadora, Frente Amplio.