Leyes de educación y democracia

El Parlamento está culminando el proceso de aprobación del proyecto de ley de urgente consideración (LUC), que incluye un capítulo sobre educación que básicamente reforma en aspectos sustanciales la Ley General de Educación vigente.

Estos cambios constituyen la tercera configuración normativa de la educación desde la recuperación democrática. Pero de las tres, esta es la que se ha producido con el menor debate y con menores acuerdos políticos y sociales.

Los cambios propuestos en la LUC son de difícil traducción en mejoras en la calidad de la educación y en el necesario proceso de democratización del conocimiento. Más bien, se vislumbran confrontaciones dada la oposición recibida desde los actores docentes, estudiantiles e incluso de instituciones de gran peso académico y social, como la Universidad de la República. Por otra parte, no se augura una larga vida a varias de estas modificaciones, por su inconveniencia y hasta por su dudosa constitucionalidad.

Recordemos brevemente los dos antecedentes. El primero de ellos fue la Ley 15.739, del 8 de marzo de 1985, que surgió de la Concertación Nacional Programática (Conapro) que se instaló aun antes de las elecciones nacionales, el 4 de setiembre de 1984. Este ámbito reunió a representantes de los cuatro partidos políticos que funcionaban en la Interpartidaria y a las organizaciones sociales que lo hacían en la Intersocial.

En medio de las incertidumbres de la salida democrática y de la disputa electoral, partidos políticos y organizaciones sociales discutieron una nueva ley de educación que, al aprobarse, se conoció como Ley de Emergencia.

El debate de esta ley contó con la activa participación de todos los partidos políticos y de los sindicatos de la enseñanza. Uno de los temas en discordia fue la derogación explícita de la Ley 14.101, “ley Sanguinetti”, de enero de 1973, que permitió a la dictadura gobernar la educación durante todo el período. Finalmente, esto se plasmó en el acuerdo, aunque persistió la existencia de un solo ente autónomo cambiando su nombre y, parcialmente, sus competencias.

Otro tema de discusión fue la forma de designación de autoridades de ese ente. Si bien se acordó sobre las condiciones que debían tener quienes integraran ese órgano directivo, no se llegó a un acuerdo sobre la forma definitiva de designación de integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen), ya que los sindicatos y el Frente Amplio (FA) defendían la integración de docentes electos por docentes, como había ocurrido durante años en el Consejo Educación de Secundaria y en el de UTU. El acuerdo llegó con el nombramiento de los integrantes de ese primer Codicen por única vez.

Es de destacar el gesto democrático e institucionalista de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay que, no compartiendo los criterios de designación y varios de los nombres propuestos, optó por abstenerse en la votación para no impedir que el acuerdo se plasmara y se votara la Ley de Emergencia, facilitando así la salida democrática en la enseñanza.

Es decir, aun en momentos de urgencia democrática, la ley de educación se discutió con amplia participación durante seis meses.

Claro que la emergencia duró 20 años. Sólo fue interrumpida por la aprobación de la Ley 16.115, que definió el procedimiento de designación de integrantes del Codicen, con votos blancos y colorados, en julio de 1990.

En 2005 el FA asumió el gobierno nacional. Uno de sus postulados programáticos fue la modificación de la Ley de Emergencia y la elaboración de una nueva Ley General de Educación. Esta tarea, en la que personalmente me vi fuertemente involucrado, no se hizo por medio de un grupo de especialistas o de un acuerdo político partidario. Se propuso realizar, previo a su elaboración, un amplio debate educativo que recogiera la opinión y aportes de la mayor cantidad posible de personas y organizaciones de la vida política, social, académica y cultural del país.

De esta forma se constituyó la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE), con representación de todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, y de los entes de la educación. Esta comisión se instaló el 15 de diciembre de 2005. El debate se desarrolló durante 2006 y culminó en el primer Congreso Nacional de Educación “Julio Castro”, que funcionó desde el 29 de noviembre hasta el 3 de octubre de ese año.

Durante 2006 se llevaron a cabo 713 asambleas territoriales en 171 localidades, además de Montevideo, en las que participaron 19.070 personas. También se realizaron 32 encuentros sectoriales, en los que participaron 157 organizaciones de todo el país y se recibieron 420 documentos.

Todos los aportes fueron procesados y publicados previo al Congreso, organizados en 15 capítulos temáticos que dieron origen a las comisiones del Congreso, en el que participaron más de 1.200 personas.

El informe final de la CODE fue entregado en abril de 2007 a las autoridades educativas y al Parlamento nacional, y fue difundido ampliamente.

Con este antecedente se procedió a la elaboración del proyecto de Ley General de Educación que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó a los partidos políticos el 20 de mayo de 2008 y que ingresó a consideración del Parlamento el 2 de junio.

Esto último desmiente lo que dijeran el presidente de la República y el secretario de la Presidencia al señalar que era inédito que el Poder Ejecutivo mandara a los partidos políticos el texto de una ley antes de ser enviado al Parlamento. El proyecto de Ley de Educación fue enviado a los partidos políticos 20 días antes de su ingreso al parlamento.

El proyecto tuvo 191 días de tratamiento parlamentario y contó con intensos debates y negociaciones, especialmente en la interna del FA, pero también se tuvieron en cuenta aportes de otros partidos, así como de los organismos de la educación pública y sus autoridades, antes de que fuera aprobado, en diciembre de 2008.

Sin duda, en el proceso de debate, en el congreso, en la elaboración de la ley, en su discusión parlamentaria, el proyecto de ley mereció acalorados debates y desacuerdos. Sin embargo, todos tuvieron espacio y tiempo para discutir, y decenas de aportes surgidos de ese proceso fueron incorporados a la ley.

El tiempo ha ido dándole mayor dimensión y valor a la ley, que en distintos ámbitos ha sido rescatada por diversas razones, como ser la definición como un derecho humano de la educación de calidad de todos sus habitantes a lo largo de toda la vida; las definiciones, fines y orientaciones generales de la educación; la creación del Sistema Nacional de Educación Pública y de nuevas instituciones terciarias públicas; el carácter universitario de la formación en educación; la integración de la primera infancia, la educación no formal y la educación policial y militar en el sistema educativo, o la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, entre otros aspectos.

El capítulo de educación del proyecto de la LUC, que contiene 79 artículos, modifica la gobernanza de la educación y varias de sus estructuras organizativas; elimina el Sistema Nacional de Educación Pública y restringe la participación docente, estudiantil y ciudadana en todos los niveles; amplía la incidencia de la educación privada en la elaboración de políticas educativas y permite la transferencia de recursos del Estado hacia ella.

A su vez, modifica la relación entre el MEC y la Administración Nacional de Educación Pública, y de esta con los llamados “subsistemas”; facilita la desregulación de las condiciones de trabajo de docentes y no docentes, y favorece la fragmentación del sistema educativo. No es poco para ser aprobado sin discusión previa, con tiempos acotados, con sindicatos y organizaciones sociales opuestas, con tapabocas y sin otra mayoría que la que sustenta al propio gobierno.

La coalición de gobierno ha optado por hacer de la educación una política de gobierno y no una política de Estado. Busca identificar la Ley General de Educación como la principal causa de los retrasos en la materia. La vida y el tiempo demostrarán el error y obligarán a docentes, estudiantes, académicos y actores sociales a mantener más viva que nunca la defensa de la educación pública, con una actitud militante y vigilante.

Luis Garibaldi es maestro y fue director nacional de Educación.