Manini y la ley de caducidad

Es a todas luces conocida la intención del senador de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos y de su partido de reinstalar la impunidad en materia de derechos humanos, referidos a los episodios de crímenes de lesa humanidad ocurridos en el pasado reciente.

Para lograr su objetivo, ha tomado diversos caminos.

En primer lugar, los senadores de CA han utilizado la media hora previa a la sesión de la Cámara de Senadores para criticar al Poder Judicial por los procesamientos y condenas a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad. Manini Ríos señalaba en la media hora previa a la sesión de la Cámara de Senadores el 14 de abril de este año: “¿Hasta cuándo se procesará a militares octogenarios por hechos de hace 50 años?”, y finalizaba su argumento señalando que hubo una manifestación del pueblo de pasar la página en estos temas, porque no quiere seguir “sumergido en el odio que unos pocos irradian”.¹ El senador del mismo partido político Raúl Lozano, el 16 de junio de 2020, en la media hora previa a la sesión de la Cámara de Senadores, criticó un fallo de la Justicia penal que procesó al soldado retirado Leonardo Vidal por el asesinato del tupamaro Nelson Berreta el 15 de julio de 1972, señalando: “La jueza, a pedido del fiscal [Ricardo] Perciballe, procesa con prisión al otrora joven soldado sin tenerse en cuenta el plazo máximo de prescripción de 20 años previsto para los delitos más graves”. Cuestionó que se considerara al delito cometido por el militar como crimen de lesa humanidad, y finalizó diciendo que el procesamiento era una “clara persecución ideológica de venganza que nada tiene que ver con la justicia”.

Otro camino que eligió CA fue comenzar a instalar en la agenda política la necesidad de una ley de amnistía que favorezca a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad en el último gobierno de facto. El senador de CA Guillermo Domenech manifestó que “tiene que haber una amnistía que contemple también a los militares y dar vuelta la hoja”.

Recientemente los dirigentes principales de CA –Manini Ríos, Domenech y Eduardo Lust– atacaron la figura del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y solicitaron la remoción o destitución del jerarca. Les vino como anillo al dedo la investigación administrativa que promovió el jerarca contra la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, vinculada al Partido Nacional, quien archivó el expediente del ex intendente y actual candidato a intendente por Colonia, Carlos Moreira. La persecución política a Díaz por parte de CA tiene relación con el hecho de que, desde que existe la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado, han aumentado los procesamientos y condenas a militares y policías por crímenes de lesa humanidad, y más aún cuando se instaló la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, el 22 de febrero de 2018.

Finalmente, en la última semana, Manini Ríos planteó el tema de reinstalar la ley de caducidad, y los partidos Colorado y Nacional analizarán la iniciativa.² Lo que pretende Manini Ríos es derogar la Ley 18.831, que fue votada por el Parlamento para dar cumplimiento a la sentencia del caso “Gelman vs. Uruguay”. Manini Ríos argumenta que con la Ley 18.831 se violan “sistemáticamente los principios del derecho”. Manifiesta el senador: “No se trata de defender ni a dictadores ni a torturadores –como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos–, se trata de defender el Estado de derecho”.³ Apoyando esta posición, la diputada de CA Elsa Capillera, entrevistada en el programa Informe capital, de TV Ciudad, señaló respecto de los procesamientos a militares: “Yo creo que ya hubo una ley que se votó; es como volver para atrás y seguir con el mismo tema de siempre. La ciudadanía decidió que quiere dar vuelta la página”.⁴

Se les debe aclarar a los legisladores de CA que los ciudadanos, mediante decisiones populares, no pueden suprimir derechos humanos ni garantías para la protección de estos consagradas en la Constitución o en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este interés en proteger a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad por parte de CA puede explicarse porque la cúpula de CA es manejada por militares retirados afines a Manini Ríos, que funcionan por fuera de la estructura del partido bajando línea. En declaraciones al semanario Búsqueda el 23 de julio de 2020, la candidata a diputada por Colonia de CA Alba Berreta expresó: “Entré a Cabildo Abierto porque apostaba a un cambio, confiada en un partido nuevo con un discurso artiguista y un caudillo con una conducción destacada en el Ejército que prometía orden y justicia social. Todo eso representó Manini para un montón de gente. Pero después de las elecciones se cayeron las caretas y se vieron las caras, y los uniformes”. Además, señaló: “Es un secreto a voces que en Cabildo manda un grupo militar, y no son milicos rasos, son oficiales con galones que se reúnen como en un casino a resolver y ordenar a ‘la tropa’. Pero yo soy civil, no militar, y en un partido político nadie me puede obligar a acatar sin pensar ni discutir abiertamente. Por eso nos fuimos, porque el partido nos decepcionó, nos traicionó, dejó de ser un verdadero cabildo abierto para convertirse en algo donde manda una cúpula militar que se rige por órdenes y verticalazos, como en el Ejército, y después hay una pantalla civil más bien decorativa”. 

¿Qué ocurriría si se derogara la Ley 18.831? La ley de caducidad volvería a aplicarse con todas sus consecuencias. Es decir que para que un juez al cual le llegue una denuncia por un crimen de lesa humanidad, cometido por funcionarios militares y policiales hasta el 1° de marzo de 1985 (artículo 1° de la ley de caducidad), pueda investigar dicha denuncia, lo debe comunicar al Poder Ejecutivo para que este, en un plazo de 30 días, decida si está comprendida en el artículo 1° de la ley (artículo 3° de la ley de caducidad); por tanto, el juez debe tener la autorización del Poder Ejecutivo para poder investigar, lo cual vulnera el principio de separación de poderes.

Se debe mencionar que en 2009 la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en la sentencia 365/2009 (caso de Nibia Sabalsagaray), declaró inconstitucional la ley de caducidad. A este fallo de la SCJ el constitucionalista Eduardo Esteva Gallicchio lo denominó un “leading case” por acoger el “bloque de constitucionalidad”, que abarca a la Constitución y normas de derecho internacional de derechos humanos. De las expresiones del constitucionalista referido surgía la esperanza de que la sentencia 365/2009 expedida por la SCJ marcara un antes y un después en relación a la aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos por parte del máximo órgano del Poder Judicial y ello influyera en el resto de los jueces.

Para reforzar esa tendencia, el 24 de febrero de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expidió una sentencia en el caso “Gelman vs. Uruguay” dejando sin efecto la ley de caducidad, y, como ya se expresó, el Poder Legislativo aprobó la Ley 18.831 para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte IDH referida.

Pero la SCJ, desde la sentencia 20/2013, ha declarado inconstitucionales los artículos 2° y 3° de la Ley 18.831, lo que ha dificultado en extremo la condena a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

A pesar de ello, se ha procesado y condenado a militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, por tanto, la verdad y justicia han sido posibles en muchos casos. Y esto se debe principalmente a la Fiscalía General de la Nación y a jueces que interpretan en forma correcta el ordenamiento jurídico uruguayo, aplicando normas de derecho internacional de los derechos humanos como garantías contra los crímenes de lesa humanidad.

Pablo Rodríguez Almada es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene un posgrado de especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Es docente universitario.