Hace pocos días se conocieron públicamente las declaraciones que formuló un militar retirado ante un tribunal de honor de las Fuerzas Armadas en 2006, frente a acusaciones de deshonrar su función, por simular ante un médico enfermedades que no tenía, lograr ser internado en el Hospital Militar y de ese modo eludir a la Justicia, que lo interrogaba por presuntos delitos cometidos sobre presos durante la dictadura. Ese tribunal condenó, vigorosamente, esas conductas. Pero, incumpliendo con la ley, no denunció los delitos que –jactándose– el declarante manifestó haber cometido.
La Justicia posteriormente lo juzgó y fue condenado. Es de suponer que en esa esfera se pudo comprobar fehacientemente algún delito. La condena fue a “prisión domiciliaria”, tal vez decidida por problemas psiquiátricos, ya que estos aparecen sugeridos en los fundamentos del tribunal de honor.
Las declaraciones que se hicieron públicas, y que fueron solicitadas por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, no sólo contienen la confesión (ante el tribunal de honor militar) de haber torturado y “dado muerte” (rechazando, enfáticamente, a la vez, que eso hubiera sido “asesinato”) sino que, ante sus superiores –explayándose– añadió, ¡en 2006!, “que no se arrepentía” de lo que había hecho. Estas declaraciones aparecen en las actas de las actuaciones de ese tribunal, de modo que no integran la parte resolutiva.
Es probable que la mayoría de lectores considere que, moralmente, parece ser un caso monstruoso, y yo agrego que no corresponde suponer que todos los militares que se comprometieron con delitos parecidos o que los toleraron con su silencio comparten en el mismo grado una actitud semejante.
La centroizquierda practicó una política de “tolerancia” ante notorios apartamientos de las Fuerzas Armadas –después de la dictadura– a sus deberes de obediencia al poder civil.
Centroderecha y centroizquierda ante la autonomía del poder militar
No deberíamos perdernos en minucias. ¿Tiene razón el doctor Javier García cuando sostiene que el Frente Amplio conoció “las actas”? Tal vez sí, tal vez no. Pero, sin duda posible, la centroizquierda practicó una política de “tolerancia” ante notorios apartamientos de las Fuerzas Armadas (FFAA) –después de la dictadura– a sus deberes de obediencia al poder civil. Lo que no puede admitir el ministro de Defensa Nacional es que la centroderecha que él representa (y que está apoyada por una ultraderecha fascista) significa para las FFAA una garantía total de mantenimiento del “orden social” (como es entendido por ambas partes, esto es, protegiendo todo lo posible el sistema económico competitivo). Y esto es lo que explica que se hayan hecho públicas esas actas ahora. Las FFAA pueden aceptar un “tirón de orejas” de quienes son –a sus ojos– los auténticos representantes del “orden social” que –por la formación que recibieron– creen que es, junto con la defensa de la patria, su cometido.
La omisión de denunciar la confesión de un delito efectuada ante funcionarios públicos constituye también un delito. Pero, ¿habrá un fiscal (abogado-funcionario que depende –con cierta autonomía– del Poder Ejecutivo) que impute este delito a los integrantes del tribunal de honor? Si lo hubiera, ¿encontraría a un juez que coincida con su interpretación? Lo dudo, al menos por cierto tiempo. El derecho tiene una gran elasticidad y suele ser interpretado –en cuestiones de Estado– considerando las relaciones de poder existentes en cada momento histórico.
Roque Faraone es escritor y docente.