Si algo tienen en común los gobiernos neoliberales en la región es que la eficiencia ha demostrado ser un ingrediente más de su propaganda y uno menos de su gestión.

Bolivia no ha sido la excepción, y apenas 11 meses de gestión económica de Jeanine Áñez bastaron para dañar la estabilidad de la economía con mejor desempeño del continente de la última década y para empobrecer a las familias. La caída del producto interno bruto (PIB) de Bolivia en 2020 superará el 8%, un registro que si bien no se destaca en contraste con sus vecinos, sobresale porque es de los pocos países que en plena pandemia, en lugar de estimular la economía, tomó medidas de ajuste. El estudio Economic policy responses to a pandemic: Developing the Covid-19 economic stimulus index, realizado por el Centro para la Investigación en Economía y Política muestra que Bolivia está entre los países de América Latina que menos impulso fiscal dedicaron para enfrentar la crisis generada por la pandemia: menos de 0,5% del PIB (frente al 2% del promedio global). En este breve y destructivo ciclo de neoliberalismo, Bolivia generó más de un millón de nuevos pobres.

La contundente victoria electoral del Movimiento al Socialismo en octubre sentó las bases para que a partir de noviembre, con el nuevo gobierno, comenzara a suministrarse el antídoto. En tan sólo dos meses, el presidente Luis Arce puso manos a la obra y llevó a cabo un amplio despliegue de políticas económicas, que se podrían agrupar en tres ejes: 1) humanitarias (para los más necesitados), 2) ordenar la casa y 3) volver a crecer.

Políticas económicas humanitarias

El nuevo gobierno boliviano lanzó un bono contra el hambre equivalente a unos 140 dólares entregados mensualmente entre diciembre y marzo, que constituye un suplemento directo a los más necesitados para enfrentar la urgencia social.

También dispuso un nuevo régimen de reintegro del IVA, que devuelve 5% del precio neto a quienes tengan salarios por debajo de los 1.250 dólares, medida que mejora el ingreso de las clases medias y bajas, a la vez que aumentó 3,4% los ingresos de los jubilados para 2020.

Asimismo, disminuyó el precio de los alimentos gracias al restablecimiento del certificado de abastecimiento interno para la soja, de tal forma que la industria deberá destinar un mínimo de 15% de harina solvente a precio justo al mercado interno.

Políticas económicas ordenadoras

Se decretó el final de la fiesta de 11 meses de contrabando: se intensificó la supervisión aduanera, hubo un crecimiento notable del número de decomisos y detenciones de funcionarios amañados.

Se resolvió la abrogación de decretos de Áñez perjudiciales para los intereses públicos, tales como el decreto que autorizaba el uso de semillas transgénicas; el que difería el impuesto a las utilidades de las empresas (UIE) y rebajaba la base imponible del impuesto a las transacciones; el que permitía la libre exportación agropecuaria de pollo y carne, y eliminaba el requisito del certificado de abastecimiento interno; el que extendía la explotación del registro mercantil sin respetar debidos procesos; y el que habilitaba la importación de vehículos usados, que daña el medioambiente, la balanza comercial, envejece el parque automotor y deteriora los ingresos fiscales.

El conjunto de acciones tomadas en este corto período de tiempo tiene un objetivo claro: que Bolivia retome la senda de una economía eficiente y con rostro humano, y que se logre a la mayor brevedad posible.

El gobierno boliviano desactivó juicios de arbitraje internacional por incumplimiento de pagos con la firma Doppelmayr, la empresa austríaca proveedora de Mi Teleférico, por deudas no canceladas durante el gobierno de facto. Emitió el Bono Navideño para incentivar el ahorro de pequeños ahorristas; extendió la alícuota adicional de 25% de la alícuota del impuesto a las utilidades (AA-IUE) si su rentabilidad supera el 6%, que hasta ahora sólo afectaba a los bancos y otras empresas financieras; sancionó el impuesto a las grandes fortunas, que logrará que unas 150 familias contribuyan al esfuerzo común de sacar el país adelante.

Políticas económicas para volver a crecer

Se ordenó la capitalización de 100% de los beneficios de 2020 de la banca y otras entidades financieras, con el objetivo de fortalecer el sistema financiero, aumentar la solidez de los bancos y expandir el crédito (ya que no podrá ser distribuido como dividendos).

Además, el gobierno encabezado por Luis Arce resolvió la reprogramación y refinanciamiento automático de créditos cuyas cuotas vencieron durante la pandemia, que serán diferidas sin penalidades ni recargas.

Se crearon y reglamentaron dos fideicomisos para reactivar la industria nacional y se fortaleció el combate al contrabando que atenta contra la producción nacional, especialmente de textiles, que resurgió durante el gobierno de Áñez.

Se otorgaron créditos de fomento agrario al 3% anual de interés.

Se reactivó la construcción del tren metropolitano cochabambino (más de 17 millones de dólares de inversión) y la planta procesadora de banano de Unabeni.

Se invirtió más de cinco millones de dólares en BOA, empresa que estaba en proceso de desguace para venderla a precio de saldo (abandono de rutas rentables, retraso de pagos tributarios y del mantenimiento de las aeronaves); se destinaron 130 millones de dólares para reactivar la industria nacional; se reactivaron plantas y proyectos productivos paralizados, en particular la industria del litio y la planta de urea paralizada por problemas técnicos, sospechosos de haber sido plantados para facilitar la apropiación privada a precio de saldo.

El Arce-presidente no ha dejado de ser el Arce-economista. El conjunto de acciones tomadas en este corto período de tiempo tiene un objetivo claro: que Bolivia retome la senda de una economía eficiente y con rostro humano, y que se logre a la mayor brevedad posible. Y, por ahora, va en el camino correcto.

Guillermo Oglietti es doctor en Economía Aplicada y subdirector del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag). Alfredo Serrano es economista y director de Celag.