La emergencia agropecuaria en la mira: Entre el ajuste fiscal y lo que debe hacerse

Nuestro país está sufriendo una sequía gravísima, y como sucede cíclicamente, esta afecta en forma angustiante tanto a la producción nacional como a las familias que trabajan en tareas rurales y actividades conexas.

Es muy difícil medir las consecuencias de tal catástrofe, pero se sabe bien que afecta la producción de alimentos, la sostenibilidad económica, social y ecológica de los territorios rurales con sus efectos a corto y a largo plazo.

Ello no es un problema exclusivo de Uruguay, sino que se manifiesta, es conocido y se estudia en todos los países en los que, como en Uruguay, la actividad agraria es importante y que tienen variaciones climáticas significativas. Los países europeos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos han trabajado mucho en el tema. Incluso la Organiazción de las Naciones Unidas considera que es el fenómeno más destructivo del mundo, y que ocasiona más muertes que los ciclones, las inundaciones y los terremotos sumados.

En nuestro país actualmente hay seis millones y medio de hectáreas declaradas en situación de emergencia como consecuencia de una larga sequía, que incluyen 15.000 unidades inscritas en la Dirección de Contralor de Semovientes (Dicose), cuatro millones de unidades ganaderas y 600.000 hectáreas de cultivos. No hay alimento para los ganados, el suelo no tiene agua para el crecimiento de las plantas, y en algunas zonas escasea para el uso humano. Una verdadera catástrofe nacional.

El tema no ocupa un lugar acorde a su importancia en la comunicación pública, y esto tampoco es exclusivo de Uruguay. Si bien el programa Conciencia Agropecuaria se creó por Ley en 2017, y afecta a un sector que es clave como motor de la economía, que ocupa 13% de la mano de obra (agro más agroindustria) y es la actividad central en las comunidades del Uruguay rural, no logra superar las barreras culturales que impiden que la sociedad en su conjunto sea parte interesada del quehacer rural. En varias partes del mundo se trabaja buscando comprender y superar esa invisibilidad.¹

Usualmente se considera que las crisis climáticas son un problema exclusivamente ambiental, y se presentan con mapas y abundantes informaciones meteorológicas. Como uno de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, sería mejor considerarlo también un problema humano, y como tal es muy grande la cantidad de investigaciones que están realizando otros países, tanto sobre los cambios de clima y sus impactos como sobre las respuestas más adecuadas a ellos.

Las sequías son difíciles de comprender por su incertidumbre, y también porque es un fenómeno psicológicamente distante para la mayoría de las personas. De hecho, solemos decir en Uruguay que hay mal tiempo cuando llueve, lo que muestra la importancia de considerar las formas en que se comunica la información sobre el clima.

Hay una conciencia creciente del impacto potencial del cambio climático sobre la producción, la inseguridad alimentaria, aumentos de temperatura y nuevos vectores de enfermedades, y últimamente aumentan las investigaciones referidas a las consecuencias mentales y sociales. Se encuentran trastornos como depresión, ansiedad, trastorno del sueño y comportamientos de riesgo. Incluso hay informaciones de depresión del sistema inmunológico que aumenta la vulnerabilidad a enfermedades, y muchos de estos efectos pueden persistir después de que el desastre haya pasado. Se ha demostrado que las sequías y las olas de calor conducen a un incremento significativo del suicidio.²

Estudios que examinan el impacto de sequías prolongadas o repetidas han encontrado que están asociadas a angustia emocional, sobre todo en comunidades cuya forma de vida está asociada a la tierra.³ También hay estudios que muestran que hay grupos sociales más vulnerables que otros a los accidentes climáticos, y que estos llegan a amenazar el bienestar mental y social incrementando la falta de equidad.

Todas estas potenciales consecuencias han sido analizadas para entenderlas y ver cómo los individuos y las comunidades pueden ser resistentes a ellas. Es conocido que a nivel individual las conexiones sociales, el optimismo y el trabajo para enfrentar las dificultades que trae la sequía son importantes para permitir que una persona resista mejor la adversidad.

Pero como los individuos están integrados en comunidades, estas pueden ser en sí mismas fuente de resiliencia, para lo cual es central que tengan actividad y estén adecuadamente informadas, de modo de poder tener cierta planificación conducente a evitar los aspectos negativos antes de que sucedan.

Está demostrado que comunidades con una red social fuerte tienden a ser más resilientes, y que pueden brindar a sus miembros la oportunidad no sólo de informarse, sino también de involucrarse en los esfuerzos por mitigar y responder a los desastres. Las oportunidades de participación pueden tener efectos positivos en la salud mental y mejorar los vínculos sociales, y se ha encontrado que reducen la relación entre la percepción del riesgo y la angustia.

En nuestro país aún no hay estudios específicos sobre estos temas, pero las respuestas a los desastres climáticos de los gobiernos anteriores al Frente Amplio eran las típicas medidas ex post, consistentes en respuestas a reclamos puntuales, tardías, fuentes de desánimo, desconfianza y clientelismo. Cuando finalmente se decidía alguna ayuda para los damnificados, que no estaba prevista, ya no se podían reparar los daños sufridos.

Una gestión integral de riesgos en el sector agropecuario es un problema complejo. La contratación de empresas aseguradoras tiene varios inconvenientes: el principal es su alto costo, debido al riesgo asumido por las aseguradoras y las reaseguradoras, por la magnitud de los impactos y la siniestralidad que generan. Las reaseguradoras internacionales demandan informaciones específicas para determinar los cálculos de primas de riesgo y de nivel de cobertura, y toda carencia de información se vuelca en aumento de las primas, lo que las encarece mucho. Por ello los seguros agrícolas en todo el mundo tienen una participación clave del Estado, que puede adquirir diversas formas.⁴

En Uruguay todo esto fue muy discutido, y existe desde 2008 el Fondo Agropecuario de Emergencia, que permite brindar una ayuda económica a los productores que hayan sufrido pérdidas a partir de un fondo creado por ley, y que es una contribución a recuperar su capacidad productiva, previa participación de la Comisión de Emergencia Nacional. En todos los casos en los que se aplicó dicha arquitectura legal de ayuda, se hizo siempre con la participación activa de las gremiales y organismos de los productores afectados, como una filosofía de participación y cristalinidad necesaria y conveniente.

Esa misma forma de gestión se aplicó en el proyecto Más Agua para el Desarrollo, iniciado en 2018, cuya convocatoria apuntaba a fortalecer la organización de los productores en el territorio en una auténtica participación público-privada, en la que participaron 97 organizaciones, con 2.574 proyectos aprobados de 2.905 productores y con 381 técnicos participantes. Todo ello mostró una gran aceptación de una nueva forma de trabajar en los territorios. Definió por un limpio procedimiento concursable una serie de proyectos para proveer almacenamiento, transporte y uso de agua en futuras situaciones de necesidad, como es el momento actual. Este proyecto fue anulado por el actual gobierno, con argumentos muy débiles, fundados en “problemas de diseño” y de “crédito presupuestal”, cuando ya estaba financiado por un contrato con el Banco Mundial.

A ello debe agregarse que en las situaciones de emergencia agropecuaria determinadas durante el año 2020, la nueva administración definió un nuevo procedimiento. Argumentando que el productor es el que mejor sabe qué decisiones les son más convenientes, sustituyó todas las medidas que se habían tomado antes, como reuniones con técnicas preparatorias del manejo del ganado, medidas para el manejo de las praderas o pastizales, adecuación de carga animal, manejo del suelo, uso de concentrados, técnicas eficientes de riego, almacenamiento y suministro de agua a los animales, y tantas otras. En estos procesos participaban los institutos técnicos del agro, y tenían como objetivo central fortalecer la comunidad, dar optimismo en las acciones inmediatas y combatir el aislamiento, además de suministrar la información técnica básica para la toma de decisiones en la sequía. Se aplicaron más de 30 medidas con participación del Instituto Plan Agropecuario, el Instituto Nacional de Colonización, la Junta Nacional de la Granja, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), las Mesas de Desarrollo Rural, el Instituto Nacional de la Leche (Inale), entre otros organismos. El procedimiento actual consiste en que cada productor se anote como solicitante de ayuda en un formulario electrónico disponible en la página web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y si es aceptada su solicitud tendrá derecho a un crédito bancario con condiciones beneficiosas en Microfinanzas BROU. También se agregan otras medidas para aliviar el pago de impuestos y algunas postergaciones.

De este modo, un mecanismo de extensión, diálogo, comunicación y apoyo se sustituye por todo lo contrario: la presentación de un formulario de solicitud en línea, esperar una respuesta, y con ello ir al mostrador de un banco.

Estas anotaciones no tienen como objetivo hacer alabanzas a la forma en que fueron enfrentadas las emergencias agropecuarias por parte de los gobiernos anteriores, que no fueron más que las herramientas posibles en cierto contexto económico y político y seguramente tienen mucho para mejorar en un problema tan complejo. La finalidad es en cambio abordar un tema muy importante para la economía del Uruguay actual y para los productores nacionales, al que puede aportar mucho la investigación nacional, consultando a los propios involucrados y a sus organizaciones, pero que corre serios riesgos si lo que se toma como eje central de la economía aplicado a rajatabla es la reducción del gasto público.

La inversión para el tratamiento de ese problema no es despilfarro, ni imprudencia fiscal, ni fuente de déficit fiscal; muy por el contrario, tal como lo muestran las políticas agrícolas en las naciones más desarrolladas, invertir es necesario, pues dejar a los agricultores solos en circunstancias tan dramáticas como la sequía actual traerá resultados muy malos a corto y sobre todo a largo plazo.

Ernesto Agazzi es ingeniero agrónomo. Fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y senador del Frente Amplio.