¿Son trabajadores? Sindicatos policiales en Uruguay

Comunistas, fachos, mocos, traidores, asesinos, extraterrestres son algunas de las acusaciones que reciben las y los policías sindicalizados en Uruguay. El carácter excluyente y contradictorio de estos epítetos (comunistas y fachos, por ejemplo) proviene de su procedencia ideológica. Mientras que desde la derecha se suele percibir a los sindicatos policiales como esbirros del PIT-CNT, desde sectores de la izquierda (incluso dentro del propio PIT-CNT) se los acusa de pertenecer al brazo represivo del Estado y de estar al servicio de la oligarquía. Estas acusaciones en apariencia antagónicas se formulan en el marco de una disputa común entre actores de matrices ideológicas diversas: la discusión sobre si los policías son o no son trabajadores.

Me propongo explorar aquí los discursos y tensiones sobre la sindicalización policial en Uruguay. Pero antes, permítanme situar históricamente la discusión, presentando una breve (y por lo tanto muy incompleta) reseña histórica de los sindicatos policiales en Uruguay.

Sindicalización policial en Uruguay

La sindicalización policial es un proceso global. Buena parte de los países miembros de la Unión Europea y Estados Unidos reconocen oficialmente sindicatos policiales. Pero el panorama es diferente en América Latina: Uruguay es el único país que los reconoce oficialmente, con la excepción de Brasil, que reconoce solamente al de la Policía Federal.

El antecedente inmediato a la sindicalización policial en Uruguay son las huelgas policiales de los 90 (la más emblemática fue quizás la de 1992). Allí, las y los funcionarios policiales lograron aumentos de sueldo y otros beneficios, conquistas que hicieron poco para dignificar su función, que continuó sumergida en cuanto a derechos laborales. La llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005 abrió la puerta al reconocimiento oficial de los gremios policiales, ratificado definitivamente en el artículo 35 de la Ley Orgánica Policial de 2015. Este le reconoce a la Policía explícitamente el derecho a la sindicalización, aunque prohíbe la huelga, concentración y manifestación con armas o uniformes, así como la ocupación y obstaculización al acceso de sus lugares de trabajo.

En los últimos 15 años han surgido y desaparecido sindicatos (se estima que en algún momento existieron 17), y los intentos de centralización policial impulsados por el PIT-CNT fracasaron una y otra vez. En la actualidad, entre 16.000 y 18.000 policías están sindicalizados¹ en distintos gremios. Los principales son: Sifpom (Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay), con 9.000 afiliados y que, pese a su nombre, nuclea a funcionarios policiales y civiles de todo el país y está afiliado al PIT-CNT; SUPU (Sindicato Único de Policías del Uruguay), con aproximadamente 6.000 miembros, no afiliado al PIT-CNT; y la USIP (Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay), afiliada al PIT-CNT, y que nuclea sindicatos pequeños de distintos departamentos, aunque con menor peso que Sifpom y SUPU.

Ahora sí, pasemos a lo interesante.

Si no le gusta, pida la baja

Hay algo que llama la atención al conversar con algunos dirigentes de sindicatos policiales: su jerga de clase obrera. Expresiones como “lucha sindical”, “conciencia de clase trabajadora” o “movilizaciones gremiales” se articulan en un discurso que no siempre cayó bien a la interna de la institución.

Desde sus comienzos, los sectores más conservadores de la oficialidad se opusieron a la sindicalización policial. Nucleados en el Círculo Policial ‒cuyo ingreso está prohibido a subalternos‒, muchos oficiales vieron en los sindicatos una amenaza a su autoridad. Así, cuando un delegado sindical llegaba a una unidad, sufría persecución sindical, consistente en traslados y sanciones constantes. “Si no le gusta, pida la baja”, era una frase común de parte de los superiores hacia los subalternos.

A pesar de los esfuerzos por desalentarla, la sindicalización policial se fortaleció frente a estos abusos. Como me relató un dirigente sindical a quien entrevisté recientemente: “Nosotros [los sindicatos policiales] nacemos de la inoperancia de ellos [la oficialidad]. Por eso, yo les digo que si no están de acuerdo con el sindicato es porque ustedes no hicieron nada por el subalterno. Se protegían ellos, las cosas eran para ellos y te daban migajas, ¿pero al subalterno quién lo representaba?”. En este sentido, es significativo que la dirigencia de los principales sindicatos policiales en Uruguay esté compuesta por suboficiales, a excepción de dos casos puntuales de delegados que tienen grado de oficial.

Es justo señalar que, quizás por la capacidad de representación que han adquirido los sindicatos, la percepción de la oficialidad hacia el movimiento sindical policial ha cambiado recientemente. Si bien persisten resistencias, el ingreso de oficiales a estos gremios ha crecido sensiblemente en los últimos cinco años.

¿Comunistas o fachos?

Los reclamos de los sindicatos policiales no son tan distintos a los de cualquier otro gremio. Salarios y condiciones de trabajo dignas, regulación de las jornadas laborales, denuncia de acoso laboral y sexual en ambientes de trabajo, etcétera. Por este motivo, sumado a sus vínculos (actuales o pasados) con el PIT-CNT, suelen ser señalados despectivamente como “comunistas” por muchos de sus compañeros (oficiales y subalternos). Sin embargo, la cosa no es tan sencilla.

Tempranamente, allá por 2006, la central obrera acompañó de cerca el proceso de sindicalización policial, asesorando a dirigentes e impulsando intentos de federación que invariablemente resultaron infructuosos. A pesar de estos fracasos, Sifpom y otros sindicatos policiales menores continuaron afiliados al PIT-CNT, pero otros se independizaron en el camino.

SUPU, por ejemplo, se integró a la central desde el comienzo, pero se desafilió en 2010 tras un conflicto relativo al régimen de sanciones en que, según sostienen sus dirigentes, no encontraron respaldo en el PIT-CNT. Ello, sumado a la inclinación política de la central sindical, constituyó un punto de quiebre definitivo que los llevó a independizarse.

Podría suponerse que el quiebre con el PIT-CNT responde a una inclinación hacia la derecha del espectro político por parte de SUPU, que además es el único sindicato que integra en sus filas a retirados policiales, un colectivo de matriz ideológica conservadora. Sin embargo, el sindicato reivindica insistentemente su independencia, y ha estado enfrentado tanto a gobiernos del Frente Amplio como al actual. Esto es destacable, porque SUPU ha criticado artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que son también criticados por sectores progresistas, como el aumento de horas mensuales destinadas al servicio 222 o el llamado “estado policial”, que obliga a los policías a estar en servicio las 24 horas.

En cuanto a Sifpom, aún no se ha manifestado expresamente contra medidas del actual gobierno, pero otros sindicatos afiliados a la central sindical sí lo han criticado abiertamente. Es el caso de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado, que recientemente expresó su preocupación por la pérdida de salario real de funcionarios públicos, calificándola de “retroceso para la familia policial” y concluyendo el comunicado con un significativo “no queremos volver a los años 90”.

La situación se torna más complicada si incorporamos al análisis las tensiones que produce la sindicalización policial en la interna del PIT-CNT. Es cierto que la principal corriente dentro de la central, Articulación, ha acompañado el proceso de sindicalización policial, pero otros sectores son abiertamente críticos de la presencia de policías en un ámbito al que consideran excluyente para policías, independientemente de que se trate de funcionarios públicos. De hecho, una moción que planteaba la expulsión de los sindicatos policiales del PIT-CNT llegó a someterse a votación en la Mesa Representativa de la central tras un episodio de violencia entre policías y manifestantes contrarios a la instalación de la planta de UPM ocurrido en setiembre de 2019. La moción fue rechazada con diez votos a favor, 36 en contra y siete abstenciones, pero ello no mitigó los conflictos entre los sindicatos policiales y los sindicatos a favor de su expulsión.

Pero este discurso que subsume la condición de trabajadores policiales a la de integrantes del brazo represivo del Estado es inconsistente. Asume la existencia de un ser policial homogéneo, carente de contradicciones y tensiones, subordinado completamente a una cultura institucional impuesta desde arriba y destinado a promover prácticas antidemocráticas y represivas. Pero además de desconocer los quehaceres reales de las y los policías (su principal miopía), pierde de vista el proceso de desarrollo de una conciencia de clase obrera dentro de la Policía, un fenómeno que merece un análisis con mayor atención y que, como solemos decir las y los antropólogos frente a procesos sociales difíciles de encasillar en nuestras categorías de análisis habituales, “es más complejo”.

Incomodidades

La sindicalización policial incomoda dentro y fuera de la Policía, a la derecha y a la izquierda del espectro político. Actualmente, esta incomodidad se refleja en el debate público sobre la recolección de firmas para derogar algunos artículos de la LUC. El PIT-CNT impulsa la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley, 36 de los cuales tienen que ver directamente con la seguridad. Sifpom se ha manifestado en contra de esta iniciativa, y considera la LUC como una garantía para policías cuyo trabajo tiene una particularidad que muy pocas profesiones presentan: pone en riesgo nada menos que la vida de quienes cumplen esa función.

Al respecto, la presidenta de Sifpom, Patricia Rodríguez, sostiene que el sindicato que representa no fue convocado a las instancias de discusión en el PIT-CNT sobre la campaña de recolección de firmas. En un comunicado que envió a dirigentes de la central (y luego fue filtrado), Rodríguez argumenta la postura de Sifpom: “Como sindicato se nos hace muy difícil generar esta pertenencia, que nos sintamos parte cuando los prejuicios parecen ganar la batalla día a día. El ninguneo a nuestro gremio sólo evidencia parte de esos prejuicios, grupos minoritarios sesgados por una ideología hasta el punto de llamarnos ‘asesinos’ en reuniones... Ese no parecería ser el norte para erradicar la brecha que algunos quieren construir. Nosotros somos trabajadores, sin necesitar que ese título nos lo otorguen cabezas que no parecen evolucionar [...]. Cuando integramos el PIT no nos pidieron militar políticamente para nadie, y seguiremos con esa postura independiente; lo que sí nos enseñaron algunos referentes del movimiento sindical es pelear por nuestros trabajadores, defender las injusticias, conquistar derechos y devolver la dignidad a nuestra tarea… ¿por qué entonces se nos pide sólo a nuestro gremio lo contrario?”.

Las tensiones no se expresan únicamente con sectores de izquierda, sino también con representantes y voceros de la derecha. A modo de ejemplo, en una reciente participación de Rodríguez en el programa Esta boca es mía, el panelista Fernando Marguery utilizó una horrenda e infeliz comparación para criticar la permanencia de Sifpom en el PIT-CNT, acusando al sindicato de ser “la mujer golpeada por el marido que se deja pegar”.

Mi objetivo no es argumentar aquí a favor o en contra de la recolección de firmas. Si es por ello, saldré del paso y diré que he escrito y militado contra la LUC, y que la considero una ley que nos dejará una peor Policía, violenta y desprofesionalizada, y un peor sistema penal en general, por lo que firmaré para derogar los artículos en cuestión. Lo que quiero subrayar es que el hecho de que el campo político, el sindical, el periodismo, la militancia social, la academia o cualquier otro sector esté discutiendo públicamente con policías sobre la función policial es un hecho político destacable en sí mismo. No estamos acostumbrados a ver a policías participando activamente en la discusión pública sobre seguridad. De hecho, se trata de una práctica poco habitual en la Policía, una institución indiscutiblemente política, pero opaca y jerarquizada, acostumbrada a administrar y dirimir sus conflictos puertas adentro. Los sindicatos policiales se han desplazado de ese lugar, y con ese movimiento lograron posicionarse como un interlocutor dispuesto a debatir públicamente sus posiciones. Desde luego, muchas de sus reivindicaciones son discutibles. Pero del mismo modo que sucede con cualquier otro colectivo de trabajadores organizados en una sociedad democrática, tanto expulsarlos de los espacios de lucha sindical como desestimular su derecho a organizarse no parecen ser caminos acertados. Es más, tal vez en el futuro sean aliados calificados para promover las reformas que nuestra Policía tan urgentemente necesita.

Federico del Castillo es antropólogo.