La reforma jubilatoria y pensionaria: peor que en los pronósticos

En memoria de Eduardo Platero y Luis Iguini, y en ellos, homenajeo a su generación.

Quienes conocemos personalmente al Dr. Rodolfo Saldain –algunos, como en mi caso, de larga data y en distintos roles– no dudamos de su honestidad intelectual. Cuando en octubre de 1986, desde su lugar en la Dirección General de la Seguridad Social a nombre de la oposición nacionalista, sostenía por escrito en el mensuario La Chimenea de Fray Bentos que “la discrecionalidad de los ajustes jubilatorios debía ser eliminada [...]; que los ajustes deben tener una periodicidad menor al año y ser acompasados a los incrementos salariales de los trabajadores en actividad”, lo decía convencido.

En su importante libro La era de los nuevos viejos, publicado el año pasado, Saldain sostiene que “es necesario profundizar en el examen y en la definición de cuál sería la mejor medición para un índice medio salarial (IMS) a efectos de ajustar estas prestaciones”, agregando incluso que “las rentas vitalicias que paga” el Banco de Seguros del Estado (BSE) no “deben tener el mismo régimen de aumento que las jubilaciones que paga el BPS”, concluyendo en que “la actual fórmula de cálculo del IMS propicia desequilibrios entre ingresos y egresos”. Es decir: cambió de opinión.

En 1995 fue corredactor de la Ley 16.713 de seguridad social, y al mes siguiente de ser aprobada, publicó su libro Reforma jubilatoria. Allí, entusiastamente afirmaba que la ley tenía “las características de un proceso fundacional” en tanto: 1) “el nuevo modelo no es un mero recorte de gasto, sino, especialmente, una reasignación del mismo priorizando el tratamiento de las prestaciones de los sectores de menores ingresos”; 2) que se había “rediscutido el rol de los agentes y las técnicas de cobertura, redefiniendo el espacio de acción de los agentes públicos y la técnica de reparto de gastos e incorporando espacios para agentes privados” “y la técnica de la capitalización (redefinición de roles del Estado, la sociedad y el individuo)”.

Sin embargo, la vida le pasó por encima y a 26 años de su aprobación los resultados fueron bien distintos. Especialmente los sectores de menores ingresos estarían cobrando hoy pasividades mínimas de 6.000 pesos de no haber mediado la política específica de los gobiernos anteriores. Estos mismos sectores requirieron que se aprobara la Ley de flexibilización de pasividades de 2008 para poder acceder a una jubilación por edad avanzada antes de los 70 años como era su destino, o el cobro a los 65 de la Asistencia a la Vejez del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o de una Pensión a la Vejez a los 70 años por el BPS, en ambos casos si además reúnen situaciones de pobreza crítica; y en 2017 debió aprobarse una ley que solucionara parcialmente el problema de los llamados “cincuentones” (diezmo mediante).

Finalmente, “los espacios incorporados para los agentes privados” (AFAP) sólo han traído consigo ganancias anuales superiores a los treinta millones de dólares para sus dueños (a costa de las comisiones de administración que se les cobra a sus afiliados), paupérrimas prestaciones que en promedio llegan a los 7.000 pesos, pero que pueden ser de uno, diez, treinta, cien, ciento cincuenta pesos y algo más. Un régimen que la propia Organización Internacional del Trabajo ha definido como una “experiencia fracasada”.

Finalmente, ahora Rodolfo es –con todos los micrófonos y cámaras de “los grandes medios de comunicación nacionales” a su entera disposición– el principal defensor del nuevo documento con las recomendaciones que hoy están discutiendo los 15 expertos (luego de que seis de ellos durmieran “la siesta de la buena fe”, permitiendo que la Comisión de Expertos en Seguridad Social –CESS– estuviera dos meses sin reunirse).

Nuestra posición en el debate

Nos ha tocado ser, a nombre de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, una de las pocas voces que han cuestionado severamente los documentos que se han venido haciendo, no sin dudas personales. Con sinceridad, cuando el 10 de marzo pasado la diaria publicó mi nota “Diagnóstico de la Comisión de Expertos en Seguridad Social: peligros para la mayoría del pueblo”, me pregunté seriamente si no habría exagerado en la caracterización de los contenidos del diagnóstico. En verdad, me había atenido estrictamente a las acepciones que de “peligro” da la Real Academia Española: 1) riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal, y 2) lugar, paso, obstáculo o situación en que aumenta la inminencia del daño. En mi concepción, toda pérdida o retroceso de un derecho es un daño real que afecta a una persona, un grupo o una clase social. Hoy, conocidas las ideas que andan en danza (y faltando importantísimos detalles que recién conoceremos cuando se estructure como proyecto articulado la ley), lamentablemente creemos no haberle errado en lo absoluto. Muchos de los peligros de los que hablábamos se han cristalizado en iniciativas concretas.

Hay en el documento una decena de iniciativas buenas (otorgar un año y medio de bonificación para las madres con hijos discapacitados, por ejemplo), pero no me extenderé en ellas porque Rodolfo tiene prensa suficiente para hacerlo.

Las modificaciones que se plantean

No por conocida deja de ser relevante la primera y más notoria modificación del aumento de la edad de retiro obligatoria (de manera escalonada como se ha hecho otras veces), con dos escenarios posibles, afectando a todos los que hoy tienen menos de 55 años (en el peor de los casos), o de 50 en el menos gravoso. Claro está que en cada situación, trabajar uno o más años equivale a aportar más y cobrar menos, y con eso solo, el daño se configura.

Pero apareció sorpresivamente un desmantelamiento parcial de la Ley de flexibilización de pasividades de 2008, que implica retroceder empeorando las causales por edad avanzada: hoy con 69 años de edad y 17 de trabajo una persona se puede jubilar (el documento dispone que se pasa a requerir 18 de trabajo); o con 68 y 19 (pasa a 21); o con 67 y 21 (pasa a 24); o con 66 y 23 (el documento propone 27). La sola mención de los casos me exime de comentarios.

Además tenemos la Base de Cálculo del Sueldo Básico Jubilatorio del BPS (que hoy es el promedio de los últimos diez años comparados con los 20 mejores, es decir, 240 meses) y se propone que pase a ser el promedio de los mejores 300 meses (es decir, 25 años). Pero la rebaja se agrava con las tasas de reemplazo que se aplicarán sobre dichos promedios, es decir, el porcentaje de los mismos que darán como resultado el valor de la jubilación. Se crea una “tasa de adquisición de derechos” que multiplicaría los años de trabajo con un coeficiente (que puede ser de 1,1 o 1,35), dando lugar desde un 33% del promedio a un 40,5% según se tome el primero o el último. Esta última rebaja es relevante especialmente para quienes cobran sueldos medios y medio-altos, ya que quedan excluidos del suplemento que se crea.

Como lo preveíamos, se rebajan las jubilaciones por incapacidad física, que pasarán de ser el 65% actual al 50%, de otro promedio, teniendo como aspecto positivo que si el trabajador o trabajadora tuviera hijos/as a cargo menores de 21 años, o mayores con derecho a pensión de sobrevivencia, percibirá un suplemento del 20%.

Las AFAP dueñas y señoras del universo previsional

Aparte del hecho de que las AFAP se generalizan para todas las cajas (y si las consideramos malas para el BPS, no podemos apoyar una “igualación hacia abajo”), lo realmente grave es la confirmación de nuestro pronóstico de que se achicaría el BPS: a todos los futuros ingresos se los afiliará a una AFAP por el artículo 8 de la Ley 16.713, lo que significa que –ganen lo que ganen– aportarán por la mitad al BPS (o a la Caja Bancaria, etcétera) y por la otra mitad a una AFAP. Esto trae aparejado la quita de recursos al BPS (o alguna de las otras cajas), y un claro perjuicio para las trabajadoras y trabajadores que pasarán a aportar más, a pagar más comisión por administración, más ganancias para los dueños de las AFAP y pasan a cobrar menos de jubilación mixta.

Se propone crear un Tercer Fondo para los más jóvenes, que permita inversiones de “mayor riesgo” y supuestamente mayor rentabilidad: es decir, jugar a la ruleta rusa con la plata de la gente trabajadora. Se habilita a invertir en renta variable en el exterior (o sea que con la plata de nuestra gente podrían hacerse inversiones en Seúl, Nueva Zelanda o Turquía). En cuanto a las rentas vitalicias que paga el Banco de Seguros, se amplían las opciones. Asimismo, se recomienda revisar las tablas de mortalidad, lo que, como se sabe, puede llegar a afectar a la baja el cobro de la parte generada por la AFAP.

Se crea un Tercer Pilar de Ahorro Complementario y Voluntario, que al no ser obligatorio, no habré de analizar. Por otro lado se crearía una superintendencia para monitorear todo el sistema (que habría que ver si no colide con el artículo 195 de la Constitución de la República que preceptúa que al BPS le corresponde “coordinar los servicios estatales de previsión social y organizar la seguridad social”).

Como ha explicado muy bien el periodista Mathías da Silva en la diaria, el nuevo régimen se aplicará completamente a quienes ingresen al mercado de trabajo desde la reforma en adelante, y en el caso de un trabajador que tenga determinada cantidad de años por el régimen actual, y otra cantidad por el nuevo régimen, se haría un prorrateo: una parte por el sistema viejo y otra por el nuevo.

Por último, como lo denunciamos reiteradas veces, para quienes tienen actividades bonificadas (docentes, quienes trabajan con asbesto, iones o silicio, en fin: son cerca de 50 grupos distintos de compañeros y compañeras) se creará una comisión especial para analizarlas, con un horizonte seguramente restrictivo.

La vedette del proyecto: el Ingreso Mínimo Garantizado

El famoso Pilar Cero del que tanto se habló se terminó transformando en un suplemento, en apariencia benigno para quienes ganan menos que –como demostraremos– se pagará con la plata de esas mismas personas que ahora se verán obligadas a laborar, o esperar, más años, siendo el razonamiento sencillo: “por cada año que me postergás el retiro es un año menos de jubilación que cobro”. El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) sería una suma decreciente que tendría un tope de tres pensiones a la vejez, (39.000 pesos), y que lo cobrarían quienes tengan alguna causal jubilatoria o 71 años de edad y un mínimo de residencia en el país. Además, como vemos en la fórmula, se tomarían en cuenta otros ingresos que pueda tener la persona para deducirlos del suplemento del IMG.

Sobre este punto hay quienes creen que si la jubilación le da 20.000 pesos, ahora le van a suplementar 19.000 hasta llegar a los 39. Lo anterior es falso: el suplemento es un monto que se calcula muy complejamente, sumando, restando, multiplicando y dividiendo distintos valores (que todavía no están totalmente definidos por lo que es imposible profundizar). Por tanto, el nombre del invento no es precisamente el más adecuado ya que “se garantizarán varios mínimos distintos”.

Pero pongamos un caso como ejemplo: un/a trabajador/a de 50 o 46 años, según el escenario que sea, que pensaba jubilarse a los 60 años de edad con 30 de trabajo con la mínima: 15.000 pesos y muy poquito más. Esta persona ahora deberá esperar hasta los 65 años para poder acceder al beneficio. ¡Es decir que durante 60 meses dejará de cobrar 900.000 pesos! (Por supuesto, si tiene la mala suerte de no tener trabajo, su nivel de vida se deteriorará, etcétera). Supongamos (por decir una cifra cualquiera) que ahora con el suplemento a los 65 años va a cobrar 18.000. ¿Son realmente 3.000 pesos más que cobrará por mes? No. En absoluto. Si divido los 900.000 que no cobró por los 3.000 “más” que cobraría cinco años después, me da 300 meses de Ingreso Mínimo Garantizado, o sea que –con su propia plata– se pagará 25 años del referido “beneficio”. Es así que se pagará a sí mismo con su propio dinero de otra manera (si tiene la suerte de vivir esos 25 años) y recién podría empezar a “ganar” al empezar el año número 26 (o sea, con 91 de edad).

En mi pueblo, Fray Bentos, hay una expresión muy dura para este tipo de situaciones: le llaman “hacer morcilla con la propia sangre”, en este caso la de quienes trabajan.

A manera de conclusiones primarias

Con estas propuestas, primero se incumple flagrantemente el discurso preelectoral del presidente Lacalle Pou, quien como candidato había prometido que “no le parecía justo cambiarles las reglas de juego a quienes ya estuvieran en el mercado de trabajo”, por lo que les aumentaría la edad obligatoria a quienes ingresen a trabajar a partir de determinada fecha. Simultáneamente, se desconoce el 76% de la población que se opone al aumento de dicha edad. En segundo lugar, reitero que “lo positivo” de la reforma lo pagan el propio trabajador y trabajadora con su propio dinero, cobrado en el mejor de los casos de distinta manera, y más tarde. Tercero: como era de prever, los dueños del capital no pagan un solo peso más. Cuarto: se fortalecen gigantescamente las AFAP, y se achica en la misma proporción el BPS (y también los demás subsistemas estatales o paraestatales).

Visto desde el lado del trabajo, según un estudio de Cinve de diciembre de 2020, el 45% de los varones y el 47% de las mujeres tendrán serios problemas para jubilarse a los 65 años por no reunir los 30 años de trabajo, por las ya famosas dificultades de la llamada densidad de cotización. Los de menores ingresos, que son quienes tienen su historia laboral con mayores “lagunas de cotización”, deberán esperar a los 71 años para ver un peso. Y los “privilegiados” (dependiendo de distintos supuestos muy volátiles, “podrían” ser los que ganen más de 73.000 pesos y no tengan problemas con la totalidad de su historia laboral) verán cómo su tasa de reemplazo va bajando desde 40,5% hasta llegar a 33% del promedio de los mejores 300 meses de aportes.

Con todos estos datos: ¿puede sostenerse que esta es una reforma beneficiosa para nuestro pueblo? En fin: la resistencia popular prontamente comenzará. Como quien dice, “el plebiscito de 2024 está cantado” y –seguramente– tendrá más de una sorpresa. Los avances en la unidad sindical y social de los últimos 20 días permiten avizorar estos horizontes.

Adolfo Bertoni fue presidente de la ATSS y hoy integra la comisión especializada en seguridad social.