Culpable hasta que se demuestre lo contrario: la impronta personal del ministro del Interior

Una vez más, vecinos de Punta Rubia, en el departamento de Rocha, denuncian excesos cometidos por la Policía en el marco del allanamiento de una vivienda del balneario. De acuerdo a lo que cuentan en una carta que se hizo llegar a la prensa, el 25 de febrero alrededor de las 14.30 un equipo de alrededor de 20 efectivos “entre los que se cuentan uniformados de azul, Policía técnica y efectivos vestidos de negro con metralletas, pasamontañas negros y chalecos antibalas, irrumpieron en forma violenta y sin identificarse” en el domicilio de un hombre que en ese momento estaba trabajando en La Paloma. A pesar de que en la casa había gente, entraron rompiendo la puerta. Los que estaban en el lugar fueron reducidos a punta de metralleta y uno de ellos fue obligado (siempre con el arma en la cabeza) a firmar un documento cuyo tenor no alcanzó a comprender. Los efectivos arrancaron también la puerta del baño y dieron vuelta toda la casa, mientras gritaban y amedrentaban a los presentes. Buscaban “estupefacientes”. Encontraron plantas de marihuana que el dueño del predio cultiva en condiciones legales, con la correspondiente inscripción en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Cuando algunos vecinos les mostraron la copia de los documentos que lo acreditan como cultivador legal, los uniformados desistieron de arrancar las plantas y se retiraron, sin dar explicaciones y dejando tras de sí un desastre que habrá que ver quién se hace responsable de reparar de alguna manera. No mostraron nunca la orden de allanamiento. No pidieron disculpas.

De más está decir que todo el procedimiento excede ampliamente lo que el buen trato y el sentido común indican para una situación de averiguación o respuesta a una denuncia. Imaginemos en qué mundo viviríamos si cada vez que llega una denuncia anónima al Ministerio del Interior se destina un equipo de estas características para entrar a lo bestia a cualquier casa rompiendo puertas y amenazando con armas en la cabeza a los moradores. Por otro lado, eso de la búsqueda de “estupefacientes” nos transporta de un solo salto a varias décadas atrás. La Policía y el Ministerio del Interior saben perfectamente, como todo habitante del territorio nacional –y como muchos en el exterior, porque esta opción tomada por Uruguay ha sido destacada en todo el mundo– que el consumo de sustancias psicoactivas y la tenencia para consumo personal no constituyen delito. Sin embargo, tal como publicó la diaria en la edición del miércoles, las autoridades del ministerio afirman que todas las plantaciones “son ilegales en principio”, que es como decir que los que plantan son culpables hasta que demuestren lo contrario. Y es poco probable que el ministro, un abogado, ignore que en el derecho penal es la presunción de inocencia la que rige por defecto. Nadie es culpable en principio, y hasta la prisión preventiva debe estar justificada, según el nuevo Código del Proceso Penal, por razones que sólo al Ministerio Público y a la Justicia corresponde evaluar.

Es inevitable recordar a un enardecido Jorge Larrañaga, en el acto de lanzamiento de su precandidatura a la presidencia de la República, en marzo de 2014, conminando a no plantar nada. “Vamos a derogar la ley que legalizó el cultivo de marihuana. ¡Que no planten nada, que no planten nada porque la vamos a derogar!”, exclamaba, e insistía en la necesidad de mano dura y en transformar a militares en policías. La ciudadanía nacionalista no lo acompañó en esa oportunidad, y el candidato del partido terminó siendo Luis Lacalle Pou, que tampoco obtuvo esa vez los votos necesarios para llegar al gobierno. Desde la oposición, el senador Larrañaga impulsó entonces una reforma de la Constitución que el cuerpo electoral rechazó en octubre de 2019. Sin embargo, y a pesar de ese resultado, la política que el doctor Larrañaga lleva adelante ahora desde su cartera parece obedecer menos a la voluntad ciudadana y al ordenamiento jurídico vigente que a la férrea voluntad personal de ir contra los usuarios de marihuana.

En setiembre del año pasado se refería a un cuidacoches detenido arbitrariamente por la Policía y a una joven mujer que intervino en su defensa como “personas que tenían tenencia y consumo”. Parece parte de un sketch de Capusotto, pero es la lógica que inspira la política de drogas de este gobierno. Una lógica basada en el prejuicio, porque tal como observaba Camilo Salvetti en una nota publicada por Brecha en octubre del año pasado, la propia Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos dice, en la entrada correspondiente a Uruguay del sitio The World Factbook (que ahora está actualizado a febrero de 2021), que este es “un país de tránsito en pequeña escala para las drogas, con destino principalmente a Europa, a menudo a través de contenedores marítimos”. Vaya, vaya, qué sorpresa. Por cierto, el mismo documento señala a las estrictas leyes nacionales de protección del secreto bancario como un factor que favorece el lavado de activos.

Más allá de la discusión que siempre es pertinente sobre las políticas de seguridad y los derechos ciudadanos, es urgente señalar el riesgo real de acciones policiales de este tipo, que violentan sistemáticamente a personas que no constituyen ningún peligro, que amenazan la vida y la integridad física de gente que, por una u otra razón, queda en medio de los operativos, que dejan un tendal de destrozos a su paso y abonan el rechazo y el miedo que, un día sí y otro también, los efectivos policiales dicen que sienten cuando hacen su trabajo.