Nuevo Comienzo con viejas trabas

Sobre la ocupación de predios en Santa Catalina hemos escuchado bastante en los distintos medios de comunicación. Recordemos que en enero de 2020, cientos de familias empezaron a ocupar unos terrenos –a poca distancia del Cerro de Montevideo, en las proximidades de las calles Burdeos, Camino Dellazoppa, Camino Sanfuentes y Camino Ferré– luego de que se instalara presuntamente un cartel con código QR vinculado al negocio inmobiliario.

Este caso fue derivado al fiscal Diego Pérez, después de que la Intendencia de Montevideo (IM) y una sociedad anónima propietaria del campo efectuaran las denuncias correspondientes. Lo que surge de la prensa escrita en ese momento es que el fiscal Pérez considera que no se trataba de una acción de un grupo de familias interesadas en encontrar un lugar donde vivir, sino que había oportunistas que trataban de lucrar con las necesidades de estas personas, a la vez que sospechaba que un grupo de narcotraficantes estaba detrás de las ocupaciones. Los medios de comunicación hablaban también de que podrían estar sectores de extrema izquierda detrás de esto. Esta información no fue corroborada como correspondería, es decir, no se informó a la ciudadanía con claridad consultando al Ministerio del Interior (MI) sobre qué grupos narcos estarían involucrados, tampoco se nos informó cuáles serían esos sectores de extrema izquierda que estarían instando a ocupar terrenos, como forma de que estos, en caso de existir, pudieran asumir responsabilidades o desmentir los hechos. En resumidas cuentas, parecería que de alguna forma “los pobres” serían altamente manipulables por los narcos o por sectores de extrema izquierda, ya que no cabe en el imaginario social otra opción que no sea la tutelar y la de colocar a estas personas como altamente manejables y sin poder de decisión propio.

Pero volvamos nuevamente a los datos de la prensa: allí se nos informa que el número de ocupantes oscila entre los ciento y pico y las 1.000 familias. No hay datos claros ni oficiales, porque hasta la fecha no se ha realizado un censo por parte de las autoridades competentes que indique el número exacto de familias. Sería entonces fundamental saber cuáles son las características de la población en lo socioeconómico, de cuántas niñas, niños y adolescentes estamos hablando, cuántas personas adultas mayores y en situación de discapacidad están viviendo actualmente en el asentamiento de Santa Catalina. Surge de la prensa que la Policía habría realizado un registro de las personas radicadas en las viviendas precarias, aunque de esto tampoco hay datos disponibles y publicados. Corresponde señalar que a nuestro entender un “registro” policial no es exactamente un relevamiento social a cargo de técnicos, ya que su objetivo principal es el mero control de las personas radicadas en ese predio, lo que poco nos dice sobre las condiciones en las que viven y menos aún es un insumo válido para pensar e implementar estrategias inter e intrainstitucionales que encaren este problema social. Como vemos, quienes sí han tenido una presencia importante en este período, en su cometido meramente represivo, han sido la Fiscalía y el MI. Ha habido reiterados allanamientos, registro de personas, escuchas telefónicas, detenciones, procesamientos con plazo para retirarse del predio y helicópteros que sobrevuelan el terreno a poca distancia, durante el día y la noche. La presencia policial y de helicópteros se ha convertido para muchos de los más pequeños en un evento traumático. Pero de esto no se habla.

Lo cierto es que las personas que viven en el asentamiento de Santa Catalina están por transitar su segundo invierno en plena pandemia en condiciones infrahumanas, sin electricidad ni agua en sus casas, sin que las ambulancias puedan acceder adecuadamente al lugar, etcétera, etcétera. Lo curioso, sin embargo, es que el Estado les envía todos los meses un recibo de OSE que supera los 200.000 pesos a nombre del asentamiento, por las tres canillas que hay a lo largo y ancho del lugar, una deuda cuyo pago no pueden asumir las familias.

En este tiempo, los vecinos y vecinas que viven en el asentamiento se han ido organizando. Se organizaron alrededor de dos ollas y merenderos integrando la “Red de Ollas y Merenderos del Cerro, por autonomía y vida digna”, dada la emergencia alimenticia generada por las precarias condiciones de existencia y agudizada por los efectos de la pandemia de covid-19. Se organizaron en comisiones barriales; recibieron representantes de los distintos partidos políticos y de organizaciones sociales, y a autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) ha estado presente allí desde abril del año pasado, cuando se elaboró un proyecto para presentar ante la IM y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) para iniciar cooperativas por lote. En un principio, eran unas 300 familias que habrían estado integradas a ese formato cooperativo, no sólo porque eso era una posibilidad de acceso a una vivienda digna, sino porque frenaría los desalojos masivos previstos por la Fiscalía en mayo del año pasado. Fucvam también acompañó a reuniones con la Intendencia de Montevideo y el Mvotma. Lo cierto es que, de esas 300 familias, muy pocas han podido sostener esta inclusión en un sistema cooperativo, ya que no tienen los recursos económicos suficientes. Pero de esto no vamos a responsabilizar a las vecinas y los vecinos del asentamiento.

Las conversaciones con la IM y el Mvotma han quedado estancadas, sobre todo por responsabilidad del Mvotma, que dice no tener recursos para asumir lo que debe asumir, más que por la IM, que afirmó que pondría a disposición terrenos para la edificación de viviendas dignas cuando se lograra el compromiso con el Mvotma.

La Universidad de la República (Udelar) también ha tenido una fuerte presencia. A través del Programa Apex-Cerro, con participación de estudiantes de Medicina se realizó el censo de las familias organizadas del asentamiento que se pusieron como nombre Nuevo Comienzo, censo que quedó en manos de vecinos y vecinas. La Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar presentó en enero de 2021 una petición para las 54 familias de Nuevo Comienzo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Allí se denuncian las condiciones en las que viven las familias, así como la falta de respuesta adecuada por parte del Estado, que omite sus obligaciones en materia de derechos humanos relativas a la vivienda y el hábitat. Convengamos que ante la emergencia habitacional que viven muchas personas en nuestro país, el Estado omite estas obligaciones en este y otros tantos casos. La petición ante el mencionado comité también fue acompañada de cartas de niñas y niños. Se mencionarán dos de las cartas enviadas. Una niña de nueve años escribió: “No quiero que la Policía se vuelva a llevar a mi mamá ni a mi abuela. Me gustaría poder tener una casa con mi cuarto y un patio para jugar con mis hermanos”. Otro niño, también de nueve años, expresó: “Quiero mi casa propia, un baño lindo, mi cuarto. Que la Policía no venga nunca más. Quiero tener mi luz y mi canilla”. Parecería que la claridad de niñas y niños supera una vez más al mundo adulto.

La cuestión es que la respuesta del Comité de las Naciones Unidas fue casi inmediata. El 1º de febrero solicitó al Estado uruguayo “tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo la ejecución de la orden de desalojar el predio […] ofreciéndoles un lugar alternativo […] tomando en cuenta la pobreza extrema de los autores y sus familias”.

El viernes 26 de marzo, los abogados de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Udelar presentaron amparos frente al Juzgado de Familia de las cuatro familias que tienen orden de desalojo para el próximo 5 de abril. Sólo en un caso, la jueza letrada Ana Bueno se pronunció esa misma tarde determinando que el Estado debe “brindar en forma inmediata una solución habitacional a la parte actora, que respete los estándares de vivienda digna, con seguridad en la tenencia, en forma inmediata, en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de imponerse las sanciones económicas previstas en el artículo 9 de la Ley 16.011”. El Estado –en este caso, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial– tiene tres días para apelar esta sentencia. Las otras tres familias tienen fecha de sentencia para el 5 de abril de 2021, por tanto el desalojo sería inminente.

Desde nuestra bancada parlamentaria hemos realizado pedidos de informe en dos oportunidades. En mayo de 2020, al Mvotma, a la Agencia Nacional de Vivienda, al MI y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Las únicas respuestas recibidas fueron del Mvotma y de la Agencia Nacional de Vivienda. En cuanto a la primera, la ministra Irene Moreira informó que sus técnicos recibieron a una delegación de familias de Santa Catalina. Allí se les habría explicado cómo acceder a préstamos para cooperativas y se les sugirió que se integraran al Programa Mejoramiento de Barrios y Plan Juntos. Hoy las vecinas y los vecinos están solicitando una nueva entrevista a la ministra, que hasta la fecha no los ha recibido. Por otra parte, en diciembre de 2020 realizamos un nuevo pedido de informes al MI, dado que aún está pendiente la respuesta al de mayo, pero también porque en diciembre se habían intensificado sin motivo aparente las recorridas por el asentamiento Nuevo Comienzo. Por su parte, a la fecha, el Mides –que mucho tendría para decir e informar a la ciudadanía sobre este tema– no ha dado respuesta a ambos pedidos de informes.

Hoy las familias del asentamiento de Santa Catalina siguen viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Hoy siguen sin respuestas. Hoy siguen las acciones de desalojo. Hoy, miles y miles de uruguayos y uruguayas viven en situación de emergencia habitacional.

Laura Cafaro es diputada suplente e integrante del Secretariado Ejecutivo del Partido por la Victoria del Pueblo, Frente Amplio.