Vivir con miedo

Las clases empezaron ayer con un paro resuelto por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria. La medida se tomó en solidaridad con los 15 trabajadores sumariados y separados de sus cargos luego de que la actual directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, resolviera desempolvar una denuncia archivada en 2019.

Los hechos son conocidos, así que los repasaré muy brevemente: en noviembre de 2019 la directora del liceo, Miriam Arnejo, denunció por violación de la laicidad y proselitismo político a 15 docentes y una auxiliar de servicio por haber posado en fotografías tomadas dentro y fuera del liceo en el marco de una campaña sindical contra la reforma constitucional “para vivir sin miedo” que promovía Jorge Larrañaga, entonces senador y hoy ministro del Interior.

Las autoridades no encontraron mérito para sancionarlos y la denuncia fue archivada, pero un año después, y tras el cambio de autoridades, se la rescata, y el 25 de febrero se informa que 14 docentes y la auxiliar enfrentan un sumario con separación del cargo y retención de 50% de haberes mientras se vuelve a investigar el asunto.

El docente que falta, Marcel Slamovitz, vicepresidente de Fenapes, no fue sumariado porque no se pudo determinar que se haya tomado fotos en el local liceal, pero además de solicitar la ampliación de esa investigación las autoridades iniciaron otra contra él por usar un tapabocas con el nombre del sindicato.

La carátula inicial de la causa contra los trabajadores apuntaba a la violación de la laicidad, pero como no había alumnos presentes en las fotos y la acusación era insostenible en esos términos, se cambió a “proselitismo”.

La laicidad está consagrada en la Ley de Educación (18.437) con las siguientes palabras: “El principio de laicidad asegurará el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública, mediante el libre acceso a las fuentes de información y conocimiento que posibilite una toma de posición consciente de quien se educa. Se garantizará la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias”.

La palabra “proselitismo” no aparece en la mencionada ley, pero su significado en el diccionario de la lengua española es “celo de ganar prosélitos”, y se define prosélito como: 1) persona incorporada a una religión; 2) partidario que se gana para una facción, parcialidad o doctrina.

El proselitismo no es un delito de por sí. Lo ejercen todos los que piden un voto en tiempo de elecciones, todos los predicadores de cualquier religión, todos los que buscan convencer al prójimo de tal o cual idea o reclutarlo para tal o cual causa.

Digamos que el proselitismo en las aulas, considerando la posición de autoridad de los docentes frente a los alumnos, debe ser considerado una violación del principio de laicidad, pero como vimos (y como la propia autoridad educativa sabe), no se configuró tal situación.

Así que los trabajadores del liceo de San José están siendo sancionados por ejercer su libertad de expresión en el marco de una contienda en la que se jugaba nada menos que la reforma de la Constitución. Reforma que, bueno es recordarlo, no contó con el apoyo de la ciudadanía, a pesar de lo cual varias de las cosas que proponía se contrabandearon en la ley de urgente consideración votada el año pasado y se impusieron contra la voluntad expresada en la consulta popular.

La sanción que se impone a estos trabajadores es completamente desmesurada, porque incluso si se quisiera revisar la resolución de las autoridades anteriores, no hay ninguna razón para separarlos del cargo y retenerles la mitad del sueldo.

Esa medida cautelar es pertinente cuando hay riesgo de que se obstaculice la investigación o cuando se trata de denuncias de acoso laboral, violencia física, robo o estafa. Ninguna de esas situaciones se configura en este caso, por lo tanto sólo cabe interpretarla como una bravuconada autoritaria, como un abuso de poder que pasa por encima de la libertad de expresión de los trabajadores sindicalizados y se cobra en sus bolsillos y en su fuente de trabajo la decisión de militar contra la reforma.

Incluso si las autoridades quisieran sancionar a los que se tomaron las fotos en el liceo, tendrían formas más razonables de proceder sin comprometer sus puestos de trabajo ni sus ingresos.

Pero esta no es la primera vez que la muletilla de la laicidad se usa para tratar de impedir que docentes y estudiantes expresen su posición frente a los asuntos públicos. En julio de 2019 una resolución judicial dio lugar al recurso de amparo presentado por el entonces senador Pablo Abdala y condenó a la Administración Nacional de Educación Pública a retirar, en un plazo de 48 horas, los carteles colocados por el gremio estudiantil en la fachada de un liceo.

Se dijo que los carteles violentaban la neutralidad, que constituían una manifestación proselitista que podía llamar a confusión a algún despistado y que violentaban la libertad de conciencia de cualquiera que pensara distinto.

Es decir, se buscó que los estudiantes no participaran en una discusión que los afectaba directamente, y se hizo bajo el recurso de infantilizar a la ciudadanía, dando por sentado que no podría discernir entre una cartelera gremial y una acción institucional de la autoridad educativa. O peor: asegurando que la toma de posición de una agrupación gremial podría ofender a quien no la compartiera.

El asunto es que mientras se acorrala a profesores y estudiantes para desestimular su participación en la vida cívica, se procede a recortar salvajemente las horas docentes, se limitan los recursos disponibles para garantizar la calidad educativa y se rodea al acto mismo de enseñar y aprender de una aureola de neutralidad que va en contra de la propia Ley de Educación, que recomienda, como decíamos más arriba, “el tratamiento integral y crítico de todos los temas en el ámbito de la educación pública”.

Las acciones de Abdala en 2019 y de Cherro en 2020 constituyen una expresión de lo que ambos piensan sobre el ejercicio de la libertad de expresión y el carácter combativo de las agrupaciones gremiales. La resolución de las autoridades de sumariar a los profesores, en cambio, constituye lisa y llanamente un abuso, semejante a los que estamos viendo en otros escenarios, como los barrios más pobres o los lugares de encuentro de los jóvenes. Una exhibición de despotismo que tiene como objetivo obligar a la población, finalmente, a vivir con miedo.