Como se ha recordado con motivo del aniversario de los 30 años de la creación del Mercosur, el principal objetivo del bloque fue propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de inversiones mediante la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Sin embargo, paulatinamente, este bloque de integración comercial fue incorporando otros objetivos (sociales, culturales, educativos, laborales, migratorios, etcétera) que enriquecieron su propósito inicial.

La incorporación de objetivos que trascendieran las motivaciones comerciales fundacionales se logró gracias a la participación de la ciudadanía regional, en lo que tuvieron un rol destacado la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y el movimiento de mujeres y feminista, entre otros, junto con liderazgos políticos y de funcionarios/as en lugares de decisión y representación.

Respecto de las políticas de igualdad de género, el resultado de la incidencia política ciudadana se vio plasmado en la creación, en 1998, de la Reunión Especializada de la Mujer, actual Reunión de Ministras y Altas Autoridades de la Mujer del Mercosur. La creación de este espacio permitió sentar en una misma mesa a las autoridades de los organismos para lograr avances en los derechos de las mujeres. Este hecho resultó inédito y desafió a sus integrantes a avanzar conjuntamente en políticas que colocaran en la agenda del Mercosur los derechos de las mujeres y las desigualdades de género.

Trascender las ideologías y alcanzar objetivos comunes

La instalación de ese espacio institucional habilitó un ámbito de diálogo, de intercambio de ideas, de debate entre países vecinos geográficamente pero cultural e ideológicamente (en buena parte de los períodos) distintos. En el caso de Uruguay, por nuestras relaciones históricas, el vínculo más cercano estaba establecido con Argentina, pero con Brasil y Paraguay, en general, reinaba el desconocimiento. Este proceso de diálogo traía aparejada una complejidad adicional, de la mano de la herramienta del consenso, acordada desde la fundación del Mercosur, donde sólo era posible avanzar con el acuerdo de los cuatro países, lo que implicó el desarrollo de capacidades de negociación y flexibilización de posturas. El conocimiento y respeto mutuo de visiones y puntos de vista divergentes resultaba imprescindible (algo que podría ser obvio pero que en los tiempos que corren no lo es).

El diálogo político entre las autoridades y el movimiento feminista y de mujeres a nivel regional permitió la identificación de temas de interés y problemas comunes, y resultó indispensable para el conocimiento no sólo de las realidades nacionales de los otros países sino de las propias. Fruto de ese diálogo, por ejemplo, Uruguay identificó que no estaba al margen de las redes de trata internacional de mujeres (hasta entonces creíamos que estábamos ajenos o que por lo menos habíamos sido parte de un caso puntual), sino que formaba parte de ellas, y ese reconocimiento fue el puntapié inicial para el desarrollo de políticas nacionales en la materia. En la actualidad y desde hace varios años, el Sistema Nacional de Respuesta a la violencia basada en género de nuestro país cuenta con servicios de atención a las mujeres víctimas de trata, proceso que se inició con diagnósticos nacionales y regionales acordados en este ámbito del Mercosur.

Pero fue recién en 2008, con la firma de un acuerdo entre el gobierno de España y el Mercosur, que se presentó una oportunidad concreta para el desarrollo sostenido de programas y proyectos. Hasta entonces, dicha reunión no contaba con fondos de financiación. Los fondos existentes, provenientes del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, estaban destinados al desarrollo de proyectos de interconexión eléctrica, saneamiento, vivienda, reparación de rutas y vías férreas, muy relevantes cada uno de ellos, pero donde las políticas de igualdad de género no tenían lugar.

Esos espacios de construcción de política contribuyeron nada más y nada menos que a la integración regional en su multiplicidad de dimensiones: social, cultural, lingüística.

La firma de este acuerdo significó una oportunidad sin precedentes para el desarrollo de políticas públicas regionales; el proyecto sobre políticas de igualdad de género fue el primero en ser financiado y puesto en marcha. Se había encontrado una solución para la financiación de políticas regionales, pero el Mercosur no contaba con una institución supranacional que se encargara de gestionar los fondos. Fue luego de numerosas reuniones que Uruguay resultó ser el país confiable, por medio de la Corporación Nacional para el Desarrollo, para gestionar los fondos.

En línea con el ejemplo anterior, además de la financiación de diagnósticos sobre la situación de trata de mujeres a nivel de cada uno de los países y de la región, el gobierno de España financió la elaboración de una Guía Mercosur para Atención a Mujeres en Situación de Trata de Personas con fines de explotación sexual; el diseño de un Mecanismo de Articulación regional para la Atención a Mujeres en dicha situación y la Campaña “Mercosur libre de trata de mujeres” (que uruguayos/as pudimos ver en el aeropuerto de Carrasco y en la terminal de Buquebus), entre otras.

Y no está de más decirlo, para quienes no creen en una cooperación horizontal entre el norte y el sur, que estos apoyos se dieron sin condicionamientos de ningún tipo y a escala de nuestras necesidades y acuerdos.

Esos espacios de construcción de política contribuyeron nada más y nada menos que a la integración regional en su multiplicidad de dimensiones: social, cultural, lingüística, etcétera, construyendo una historia común. El portugués y el guaraní, el tereré y el mate, el pão de queijo y las prendas de ñandutí dejaron de ser ajenos y empezaron a resultar familiares.

Durante este proceso hubo innumerables aprendizajes; entre otros, la importancia de la capacidad de mantener el diálogo político y la definición conjunta de prioridades, más allá de las crisis o parálisis institucionales (que por supuesto se vivieron y en numerosas ocasiones), la imprescindible generación de confianza más allá de las diferencias ideológicas; la necesaria mirada atenta a las posibles “ventanas de oportunidades”, incluso aquellas que se presentan fuera de los actores del bloque, porque entre otros aspectos ayudan a superar el “internismo” que muchas veces generan estos procesos. La relevancia del mantenimiento de acuerdos con actores externos al Mercosur, porque pueden contribuir a dinamizar procesos internos y a desarrollar políticas de cooperación sur-sur y triangulares. Y lo más importante, contar con una ciudadanía regional activa, que se sienta parte del proceso, que participe con aportes concretos y que tenga toda la información disponible para dar seguimiento y monitorear los resultados.

Volviendo a lo que motivó este artículo, el aniversario de los 30 años del Mercosur, este texto pretende ser una contribución desde un lugar distinto al análisis hegemónico de los aranceles y las negociaciones comerciales, cuya conclusión casi unívoca es que el Mercosur es un bloque paralizado y que no ha logrado despertar del letargo tras décadas de estancamiento y retrocesos. Por este motivo invito a sumar aportes que hablen del Mercosur y su contribución a la construcción colectiva y regional de políticas de infancia, de justicia, de seguridad, para personas afrodescendientes, adultas mayores, LGBTI, entre otras.

Leticia Benedet fue representante del Estado uruguayo en numerosas reuniones del Mercosur en representación del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social entre 2005 y 2017.