Se está regresando a clases presenciales esta semana. Es algo tan esperado como necesario, visto que se acerca el invierno y, como sabemos, las escuelas y liceos en particular son un apoyo fundamental para las familias no sólo desde el punto de vista de la alimentación y socialización sino también para mejorar las condiciones de “habitar” de niñas, niños y adolescentes. En particular en invierno, cuando en las casas reducidas, o en los casos de familias que viven en pensiones o con estructuras edilicias de una gran precariedad, sus habitantes quedan a merced del frío y la lluvia, y de efectos psicológicos adversos por prolongadas exposiciones a pantallas o crecimiento de las tensiones y violencias intrafamiliares.
Según datos de Unicef, al menos uno de cada siete niños y jóvenes vivió mayormente confinado en su hogar durante gran parte de 2020 y, como consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento. La invisibilización de los derechos de niños, niñas y jóvenes en general se ha agravado con la pandemia, y este año Uruguay puede comenzar a vivir las limitaciones en el libre movimiento con las consecuentes afectaciones en el desarrollo psicoemocional, social y cognitivo, como señala la psicóloga Analía Duarte, del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar).
Pudimos apreciar de la pandemia que los ambientes urbanos son los grandes perdedores, contrariamente a la apología que se hace de las ciudades como lugar de mayor desarrollo y oportunidades. En particular en las ciudades con mayor población, se han registrado las mayores prohibiciones por el alto nivel de contagios que generan los medios masivos de transporte, pero también por el cierre de espacios de recreación, enseñanza y salud, entre otros, que han llevado a grandes sufrimientos psicofísicos a sus habitantes. Muchos se han replanteado los beneficios de la ciudad, ya que faltando estas actividades ven reducidas sus existencias a acciones mecánicas de sobrevivencia en un medio inseguro desde el punto de vista sanitario, sobre el que no tienen ningún control y en el que no pueden ejercer modificaciones significativas para adecuarlo a sus exigencias.
En el urbanismo hace por lo menos 50 años que una serie de planificadores/as denuncian la necesidad de una ciudad a escala humana y, sobre todo, de liberar las capacidades de su población para modificar los espacios comunes según sus necesidades de vez en vez (concepto de resiliencia) y las mutaciones en su uso cotidiano como garantía de asegurar una calidad de vida de una generación a otra.
Sin embargo, las ciudades se planifican mayoritariamente desde el interés económico y desde el valor del suelo urbano, las actividades sociales que no son públicas, especialmente las que se llevan a cabo en ambientes cerrados, se han pensado como espacios de consumo y ganancia. La pandemia ha demostrado que las estructuras públicas tienen un rol fundamental en nuestras ciudades, y que pueden mejorar la calidad de vida cotidiana al transcurrir algunas horas en ambientes cálidos, secos, con gimnasios espaciosos, bibliotecas, mediatecas y una serie de actividades sociales y culturales que amortizan las muchas veces reducidas y precarias condiciones de los hogares individuales.
En los países más afectados por la pandemia según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos vuelve a estar en el centro la necesidad de apropiarse de la ciudad, de modificarla, de estar activamente involucrados en la búsqueda de alternativas al encierro o al peligro de los controles policiales violentos en grupos de la población que no pueden encerrarse en ningún lugar y que necesitan utilizar el espacio público como extensión de su propio hogar.
En Brasil, por ejemplo, las redes territoriales de organizaciones civiles buscan mejorar el espacio público con los Pactos por la Paz para dar oportunidades a niñas, niños y adolescentes. Durante la pandemia se generó una estrategia urbana con las Redes da Maré y Observatório de Favelas para llevar adelante el proyecto CRIAndo Rede: proteção à vida de crianças e adolescentes. Maré es el mayor conjunto de favelas de Río de Janeiro, en el que viven más de 140.000 personas. El proyecto apunta a un apoyo estadual, lo que puede ser una intendencia en nuestro caso, para monitorear a todas las familias con niñas, niños y adolescentes mediante un mapeo de actores en territorio que multipliquen los puntos de contacto. La intendencia crea la estrategia de técnicas de seguimiento no invasivas, como “Diarios de cuarentena”, para construir un puente permanente y monitorear por zoom la salud mental y física de estas edades, así como crear redes territoriales para actuar con visitas, llamadas y demostraciones de interés en casos en los que se sospeche violencia o importantes carencias.
Podemos decir que en Uruguay tenemos una gran parte del camino recorrido con las ollas populares, que han mapeado y conocido en este último año las situaciones de mayor fragilidad, pero también agregado un nivel más de alerta y coordinación, involucrando nuevas personas y agrupaciones claves a las que generalmente se mueven en los territorios.
Volver a mirar la calle y el espacio público por barrios aparece como una alternativa real a la de estar encerrados en las casas para niñas, niños y adolescentes.
Por otro lado, no tenemos que olvidar que el sufrimiento para los niños, niñas y adolescentes llega a todos los grupos y en todos los barrios, en otras situaciones, allí donde los niños, niñas y adolescentes concurrían a la escuela pública pero complementaban con actividades mayoritariamente pagas en las tardes, centros deportivos privados, etcétera, que han cerrado completamente. La estrategia de construir una red de espacios públicos potenciales, mapear espacios cerrados en los barrios y concordar formas en que abran con medidas de protección avaladas por el Sindicato Médico del Uruguay, como el aforo y otras, pone a disposición y multiplica las posibilidades de las escuelas, liceos y centros educativos públicos de ser las únicas estructuras públicas de referencia y cuidados para sostener la vida de niñas, niños y jóvenes en la ciudad.
La estrategia actual del Estado de una vuelta a clases gradual no contempla una adecuación de las aulas ni de las estructuras educativas como en otros países, en particular China, que han remodelado físicamente las escuelas y liceos, derrumbando muros, reutilizando corredores, rediseñando bancos, midiendo cada espacio disponible y usando salas de ciencias, o incluso gimnasios y bibliotecas, para multiplicar los espacios de dictado de cursos. A esto se le puede agregar una estrategia urbana participativa, que en parte las intendencias de Montevideo y Canelones habían anticipado, con el anuncio de que pondrían a disposición espacios cerrados en los barrios, pero que nunca llegó a concretarse.
En Italia, en la región toscana, las escuelas abiertas al territorio han sido una de las modalidades propuestas para afrontar la pandemia, pero vienen de una larga trayectoria de procesos participativos en la construcción y gestión del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de sus propios territorios. Dos escuelas de Florencia y dos de Pistoia han hecho proyectos pilotos desde setiembre de 2020 y culminarán en junio de 2021. Como señala la arquitecta italiana Anna Lisa Pecoriello, responsable del proyecto y experta en codiseño urbano con niñas, niños y adolescentes, sólo su participación activa, aunque a veces virtual, así como de las familias, de los técnicos y políticos y de toda la red de actores identificados en cada barrio perteneciente a estas escuelas, sacó a las personas de su soledad y resignación a ver años de educación deficitaria o perdida, y las puso en un lugar de proposición y acción. Por otro lado, el análisis urbano permitió identificar tanto espacios abiertos, para complementar las clases cuando el buen tiempo lo permitiera, como espacios cerrados inutilizados o de poco uso, que podían complementar las estructuras escolares. Se abrió el debate también del derecho de uso cívico de las estructuras abandonadas para devolverlas a la comunidad como bienes comunes urbanos, así como de la necesidad de reparar lugares abandonados y dañados desde el punto de vista ecosistémico constituyendo valiosos espacios educativos.
En definitiva, volver a mirar la calle y el espacio público por barrios, como acción posible para reforzar la vuelta segura y la permanencia en clases, aparece como una alternativa real a la de estar encerrados en las casas para niñas, niños y adolescentes. Esta es una de esas acciones que tienen la doble finalidad de ganar la capacidad de codiseñar junto con el gobierno de la ciudad, intendencias y municipios, con estrategias para la emergencia de la covid-19, pero también de revisión profunda de formas de planificación y gestión colaborativas de la ciudad para la transición ecológica y social que necesitamos.
Adriana Goñi es doctora en Urbanismo, profesora del Laboratorio de Urbanismo Colaborativo, Departamento de Resiliencia y Sostenibilidad, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.