¿Tuvo la dictadura políticas culturales? Acerca de opiniones del director de la Biblioteca Nacional

El 12 de mayo, en el marco de El papel y la pluma,¹ el ciclo de diálogos sobre la situación de los escritores organizado por la fundación Mario Benedetti, el director de la Biblioteca Nacional, el escritor Valentín Trujillo, sostuvo que “con todos los problemas políticos, sociales, legales y demás que tuvo la dictadura en el Uruguay, también tuvo sus programas de apoyo a la cultura. [...] Podemos tener por supuesto todas las diferencias, todos los matices, y una situación absolutamente anómala, pero incluso allí había programas de apoyo a la literatura, a las artes plásticas y a otras artes”. En las mismas declaraciones agregó que “gracias al desafío gigantesco, político sobre todo, que significó la dictadura para el Uruguay, el teatro independiente uruguayo tuvo un florecimiento y una ebullición gigantescos”.

En esa misma intervención se explayó respecto de que el Estado uruguayo siempre tuvo políticas de apoyo a la cultura. “Desde la década del 20” del siglo pasado, luego “desde el terrismo para acá”, ejemplificó. Destacó el aporte en la materia de personalidades como la de Eduardo Víctor Haedo, Sobre el final de su intervención y a propósito de las actuales políticas culturales, Trujillo cuestionó que se pueda afirmar que estas se propongan desmontar programas o proyectos de los gobiernos anteriores o que puedan ser caracterizadas como neoliberales.

Vayamos por partes. Valentín Trujillo es un escritor reconocido por sus pares. Ha sido merecedor en varias oportunidades de premios importantes en narrativa y ensayo. Es profesor de Literatura e Idioma Español. Ha sido periodista. Fue durante cinco años parte del equipo de la Dirección de Cultura de la Intendencia de Maldonado. Su nombramiento al frente de la Biblioteca Nacional fue saludado con expectativa incluso por quien firma este artículo.

Durante su gestión en la Dirección de Cultura de Maldonado llevó adelante una política republicana, abierta, plural, la que se espera en un país democrático de los gestores culturales públicos. Sostuvo programas de la administración anterior que entendió valiosos –a cargo de otro partido político–, el Encuentro de Escrituras de Maldonado y el fondo concursable Procultura, entre otros; y sumó proyectos de interés, entre ellos el Premio Lussich de narrativa, el fondo editorial departamental, un fondo similar destinado a la producción audiovisual, etcétera.²

De ningún modo se trata de poner en cuestión la estatura profesional o literaria del director de la Biblioteca Nacional ni su calificación para el cargo que ocupa. En un país democrático debemos entender como natural el recambio de autoridades en los gobiernos, y la legitimidad de los respectivos equipos de gestión para llevar adelante las políticas que entiendan conveniente. Aunque parezca de Perogrullo, hay razones para recordarlo.

Tiene razón Trujillo cuando afirma que el Estado uruguayo siempre ha tenido políticas culturales. Si entendemos como tales la existencia de intervenciones desde los gobiernos sobre la esfera cultural, esto ha sido así desde al menos comienzos del siglo pasado.

El Museo Nacional de Artes Visuales fue creado con el nombre Museo de Bellas Artes en 1911. En 1929, el Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica (Sodre). La Orquesta Sinfónica comienza a organizarse en 1931 y el Ballet Nacional, en 1935. El antiguo Estudio Auditorio –antecedente del actual Auditorio Nacional Adela Reta– había sido inaugurado en 1931. En Montevideo, el Teatro Solís fue adquirido por el gobierno departamental en 1937. La Comedia Nacional fue fundada en 1947.

Otro asunto sería analizar paradigmas y alcances de las políticas aplicadas, pero eso no es tema de esta nota.

Viniendo al presente, si abordamos sólo lo relacionado con el campo literario o editorial no tenemos inconveniente en considerar que algunos de los proyectos y programas impulsados por el actual gobierno son acertadas respuestas a viejas demandas no concretadas por gobiernos anteriores: en la ley de urgente consideración (LUC), por ejemplo, se crea el Instituto Nacional del Libro y se le asigna el rol de promover el desarrollo del sector.³ De hecho, se acaba de difundir desde allí una convocatoria concursable para proyectos específicos. Otra iniciativa plausible es la reinstalación del Departamento de Industrias Creativas (Dicrea), que significó en su momento un aporte al sector editorial.

No discutimos que la dictadura iniciada en 1973 haya tenido política cultural. Pero consideramos que es un desacierto efectuar esa afirmación desprovista de contextualización. Esas políticas culturales, pergeñadas desde el autoritarismo y el silenciamiento de la sociedad, ¿pueden ser sin más caracterizadas como de “apoyo a la cultura”? Y en tal caso, ¿a qué actores culturales, a qué proyectos y con qué objetivos desplegó esos apoyos la dictadura?

Quizás por distracción, en la forma como lo plantea Trujillo se equipara sin más la política cultural de la dictadura con la de otros períodos del país. Esa equiparación, que puede ser leída como relativización de los efectos nefastos del autoritarismo, es lo que causa preocupación.

La política cultural de la dictadura –poblada de folclorismo rancio, de marchas militares, de monumentos de autoelogio a una versión militar del nacionalismo– procuró refundar el país y tuvo como telón de fondo prisión política, exilio, censura, prohibiciones y persecuciones. La dictadura tuvo en la cultura el objetivo propio de todo autoritarismo: construir un relato y un blindaje funcional al intento de arrasar con toda la tradición democrática del país. Artistas y libros prohibidos, el despojo de la sala 18 de El Galpón, el cierre de la Escuela Nacional Bellas Artes y de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la destitución de docentes, las clausuras de prensa, más los festivales de folclore flechados a favor de propagandistas del régimen, los abundantes espacios para artistas complacientes, el premio de poesía a Ildefonso Pereda Valdés que le fue retirado en 1982, entre una larga lista de episodios que pretendieron colocar a Uruguay como el país de la grisura militar. También propició iniciativas en el terreno del arte para iniciados: la creación de la Escuela de Danza del Sodre, o el homenaje a figuras literarias del canon previo a la Generación del 45 erigidas como parte del relato aceptable.

Salvo los obsecuentes –que entre los escritores fueron estrepitosamente pocos–, los que permanecimos dentro del país optamos por el silencio autoimpuesto, otros por mantener cierto nivel de actividad que no implicó necesariamente apoyo al régimen,⁴ o por la construcción de proyectos culturales en oposición a la dictadura. Sólo apelando a la memoria, el encomiable trabajo de Ediciones de la Banda Oriental, Arca, Ediciones de la Balanza, Ediciones de Uno, las revistas literarias –Nexo, Destabanda, Trova, Cuadernos de Granaldea, Uno, etcétera–, los proyectos periodísticos –La Semana de El Día, La Plaza, entre otros–, el «libro de Jorge» desde Discodromo Show y Ruben Castillo, los micrófonos abiertos de CX30 La Radio y el papel allí de Washington Benavides, entre otros, fueron parte de la amplia grilla de proyectos culturales que formaron parte de la resistencia cultural. Fueron posibles no gracias a la dictadura sino a pesar de ella, y recogieron lo mejor de las tradiciones democráticas de nuestro pueblo.

Esta amplia grilla en la literatura se completa –entre otras– con la del canto popular, el Club del Grabado, la feria de Nancy Bacelo, Cinemateca y el teatro independiente. Es un error mayúsculo afirmar que el florecimiento y la ebullición del teatro en ese período haya sido gracias a la dictadura.

Más de 1.000 ciudadanos firmamos una carta respecto de los dichos acá reseñados. Debería ser una obviedad, pero expresarnos públicamente respecto de las consideraciones del director de la Biblioteca Nacional no es pretender acallar a nadie, o promover un escrache o escarnio, como se dijo en las redes sociales. Es simplemente llamar la atención y promover el debate democrático sobre un período que aún produce heridas profundas en la sociedad.

Las consideraciones de Trujillo preocupan por provenir de quien ejerce el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Porque presentar de manera equiparable políticas culturales de períodos democráticos con los de la dictadura escamotea en los hechos el carácter autoritario y antidemocrático de las implementadas por el régimen. Como se indica en la carta, “cualquier intento de atenuar estos aspectos, voluntario o involuntario, debe ser marcado enérgicamente en el marco del intercambio libre y democrático”.

Luis Pereira Severo es especialista en Gestión Cultural de la Universidad de la República.

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