Seguimos estando en lo peor de la pandemia y es natural que la atención social esté puesta en cómo disminuir los casos para apoyar al sistema médico en salvar la mayor cantidad de vidas posible. Sin embargo, el mundo no se detiene; ya lo hemos visto. Podría parecer que ha habido momentos de paralización, pero la pandemia no llegó con igual intensidad en los distintos hemisferios, por lo que se espera que su retirada también sea diferencial según el acceso a las vacunas y la velocidad de adaptación.
El riesgo de que el tren de la economía mundial vuelva a partir en la misma dirección con los que están prontos es el mismo de antes de la pandemia, con la diferencia de que se está empezando a construir un discurso general que apunta a medidas de urgente recuperación para poder subirse a él.
Nuestro país refleja lo que sucede en el mundo: otra vez estamos concentrados en recuperar inversión internacional, y los países del norte están probando a recuperar sus niveles de consumo desenfrenado, caminando derecho hacia la próxima pandemia y el calentamiento global. Necesitamos abrir la mirada para no repetir modelos de inversión en rubros tradicionales que faciliten a los capitales seguir devastando el planeta y produciendo trabajos precarios y temporales.
Deberíamos haber aprendido y debatido realmente sobre hacia dónde queremos que vaya nuestra economía y sociedad a partir de la tragedia de la pandemia. La pregunta está latente, la covid-19 llevó a muchos a replantearse sus “estilos de vida”, la inercia en la que vivimos y cuáles son las cuestiones importantes.
Sin embargo, las señales del tren de la reactivación vienen desde varios frentes. Por ejemplo, en estos días se han dado a conocer los proyectos sobre grandes infraestructuras en el área metropolitana. Uruguay sí participará finalmente, como el resto de los estados latinoamericanos, en la estrategia que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe indicaba el año pasado, pidiendo préstamos a organismos multilaterales para invertir en la recuperación de la economía mediante grandes obras. Algunos lo comparan con el Plan Marshall, que luego de la Segunda Guerra Mundial en Europa realizó una importante transferencia de fondos de Estados Unidos para recuperar la agricultura y la industria, y para frenar el comunismo.
Sin embargo, algunas diferencias importantes con el contexto histórico del Plan Marshall son que la pandemia, al menos en Uruguay, no devastó la agricultura ni la industria; por el contrario, nuestros números de exportación registran un importante crecimiento en estos rubros, en particular en el agro, confirmando la preeminencia agroexportadora de nuestra economía. Entonces parece evidente que la crisis económica es profunda pero no es para todos igual.
Necesitamos estudios detallados de las características del desempleo, que ha tenido un efecto crítico en servicios, trabajadores precarios, jornaleros, pequeños comercios y emprendedores, turismo, así como en un reajuste de medianas y grandes empresas que en alguna medida mandaron masivamente a sus empleados a seguro de paro. Pero aquí también parece que muchas de estas empresas medianas y grandes no sufrieron bancarrotas definitivas y están recontratando, como se demuestra en los números de 11,1% de desempleo en febrero, que bajan posicionándose en 9,7% en abril, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cabe preguntarse y diferenciar en estos análisis cuáles han sido las poblaciones más afectadas, qué empresas realmente necesitaban enviar a sus empleados a seguro de paro, cuáles lo hicieron con una lógica selectiva y en qué condiciones están recontratando a sus trabajadores.
Declarar y actuar hacia la transición, abriendo al debate público las alternativas, sería la señal que debería llegar ahora para juntos construir alianzas, bajarnos de este tren e iniciar caminos diversos.
Pero volvamos al Plan de Infraestructuras. Desde Montevideo se propone un gran proyecto de sistema de corredores de movilidad metropolitana que dará trabajo a 4.000 personas directamente, totalizando 16.000 puestos por trabajos indirectos o inducidos por cuatro años. Se verán beneficiadas las empresas nacionales e internacionales que se dedican a la construcción y a grandes inversiones, que son las que crecen sostenidamente en ámbitos urbanos latinoamericanos desde hace 15 años, como demuestra el geógrafo chileno Francisco Maturana en sus investigaciones.
Claramente, las obras propuestas son parte de la agenda de gobierno departamental capitalino y metropolitano, y son necesarias para mejorar la vialidad, para favorecer el aumento de medios de transporte colectivos que se anuncia que serán eléctricos en el mediano plazo, y para aprovechar la reconversión a energías renovables en la que viene trabajando el país.
Este movimiento, que paliará por un tiempo la aguda crisis de algunos sectores de la población, implica intensos esfuerzos y será importante en su impacto. Sin quitarle méritos, quisiéramos volver a colocar al centro de la discusión, cuando se piensa en las medidas de recuperación económica, lo que significó y significa la pandemia. Salvando las diferencias de escala, la solución es similar a la que el gobierno nacional anterior había propuesto con UPM y el resto de las plantas de celulosa y grandes emprendimientos que proponían trabajo durante las obras, para solucionar la falta de empleos en áreas internas “deprimidas”, pero que luego veían dificultades para asegurar empleos no zafrales o precarios en el largo período asociado a las distintas etapas de la cadena productiva.
Nos da la impresión de que la discusión de fondo que todos esperábamos poder dar para exponer las necesidades de cambio de rumbo en la economía y que deberían implicar grandes inversiones iguales o mayores a 1% del producto interno bruto en sectores estratégicos para una transición ecológica con justicia social, en realidad está aún faltando, y no quisiéramos que se diera vuelta la página recurriendo exclusivamente a mecanismos con los que afrontamos históricamente las crisis económicas para volver a subirnos al mismo tren.
Hay que dar tiempo, claro; la pandemia azota. Las divisiones y contraposiciones políticas no ayudarán mucho a la construcción de estos ámbitos de debate público. Pero no deberíamos dejar archivada la posibilidad de abrirlos y plantear formas deliberativas de intercambio con las que hacernos preguntas colectivas importantes. No deberíamos olvidar toda la información de 2020, cuando la ciencia pudo demostrar el desastre ecológico en el manejo económico y social de nuestros ecosistemas. Cuando la búsqueda de respuestas hizo ver claramente a las masas de consumidores las egoístas razones de la contaminación, la depredación de bosques, selvas, pantanos, desiertos, impulsadas por el sistema capitalista actual.
La conexión directa entre la devastación de estos hábitats, en donde vivían las especies que se supone que son responsables de transmitir la covid19, y su necesidad de migrar para sobrevivir hacia áreas pobladas por seres humanos, con la posterior transmisión del virus, fue evidente. El asombro y el reconocimiento de la fragilidad del mundo, corroborar la artificialidad de las urbes como ambiente de vida, con calles vacías y espacios públicos fantasma, llevándonos a un estado de excepción y delegamiento total del control de la situación, por tener casi nula resiliencia para estos fenómenos, hizo difícil asegurar los derechos fundamentales, quedando al descubierto la artificialidad de nuestra existencia.
No atribuimos una falta de conciencia ecológica a nuestros gobernantes. Advertimos que en todo el mundo está presente el riesgo de una crisis y el agotamiento del modelo democrático representativo por la tendencia a la centralización en la toma de decisiones. Es decir que la inercia del modelo es tan fuerte y lo que parece urgente hace parecer tan difícil la construcción colectiva de alternativas. Si estos debates no se abren realmente y se continúa concentrando la toma de decisiones entre políticos-técnicos y grandes inversores, es muy difícil que algo cambie.
Imaginemos empezar por Montevideo. A pesar de que sabemos que es necesario un debate nacional, ¿se puede empezar con un debate público sobre una agenda metropolitana poscovid hacia una transición ecológica? Está claro que lo que podía ser un tímido tema en una agenda de reconversión ecológica en la pasada campaña electoral, al haber pasado la covid 19, se resignifica y deben recalibrarse nuestros esfuerzos considerando este factor. Por ejemplo, ¿qué políticas alimentarias queremos para la ciudad? ¿Podemos mejorar o aumentar la producción de alimentos agroecológicos que protegen los ecosistemas y aseguran la soberanía alimentaria trabajando en conjunto para el consumo crítico en el área metropolitana? Y además, ¿podemos aspirar a hacerlo con redistribución y justicia social?
Sin ir muy lejos, el gobierno de San Pablo apuesta hoy a la creación de un programa de empleo en agroecología en las áreas periurbanas, en acuerdo con los granjeros que ya están trabajando allí. Es decir, a reconvertir y mejorar las condiciones de producción dando trabajo a quienes han quedado más vulnerados, incluso cerca de sus territorios, invirtiendo la estigmatización de las periferias por la de lugares de oportunidad al pensar un cinturón agroecológico para la ciudad que dé oportunidades laborales.
Esta es un área de la economía interesante para iniciar, ya que se ha demostrado una tendencia en crecimiento también en el consumo, por la voluntad de cambiar estilos de vida de la población en todo su ciclo, desde el retorno a la tierra hasta el consumidor final.
Pero estaría también en discusión la economía en las áreas centrales de la ciudad. ¿Qué economía urbana vamos a recuperar o crear? ¿Seguiremos con grandes capitales inmobiliarios que transforman áreas enteras pero arriesgan hacer inaccesible el suelo urbano central a los grupos con menores recursos, expulsándolos y alejándonos de la ciudad integradora que deseamos? ¿O podríamos apostar por favorecer economías de pequeña escala, de proyectos familiares o grupales por necesidad o por pasión, situados en un territorio y distribuidos artesanalmente, reactivando el tejido social urbano? ¿Qué iniciativas ciudadanas, culturales y redes de solidaridad funcionaron y cómo invertimos en ellas para darles infraestructuras que permitan ante todo cuidar la vida y asegurar el derecho a una ciudad de la diversidad?
Si nuestra pequeña dimensión no bastara para convencernos de la urgencia en cambiar las economías de la acumulación y concentración por otras distribuidas, basta mirar las terribles evidencias de lo que las desigualdades sociales dejaron como saldo covid en Brasil, o lo que ahora mismo está sucediendo en India a 18% de la población mundial. La activista por los derechos humanos y ambientales Arundhati Roy, en un artículo publicado recientemente en The Guardian, nos describe un verdadero genocidio de pobres, no una enfermedad, sino una guerra civil en un sistema de división socioeconómica, en el que la mayor parte de la población no tiene asegurado el acceso a los servicios sanitarios públicos, colapsados y sin el mínimo necesario que es el oxígeno, acaparado por los ricos en el mercado privado. A esto se agregan gobiernos que persiguen, amenazan y reprimen a quien osa criticar su accionar y un éxodo de los pobres urbanos en un sálvese quien pueda, huyendo de las ciudades hacia los pueblos internos, que está distribuyendo el virus a una velocidad alarmante en todo el territorio, grande cuanto un continente.
Claro, no todo tiene que recaer en el gobierno, como planteaban los urbanistas Susan Fainstein y Scott Campbel en sus teorías sobre el avance del capitalismo en Estados Unidos; en las crisis los gobiernos están muy concentrados en responder a lo urgente, lo que no siempre deja margen para ocuparse de los cambios estructurales. El gobierno tiene que hacer su parte en esta emergencia, asegurar los derechos elementales, dar casa, trabajo y comida a quien no la tiene, pero si hablamos de alternativas al modelo de desarrollo actual, todas las fuerzas sociales tienen que ser protagonistas para ampliar los pactos y pensar las alternativas para el después.
Seguramente muchas de estas cosas ya se estén haciendo en este gobierno capitalino, pero es importante nombrarlas claramente. En este momento de dolor profundo se necesita encontrar una narración distinta, que nos coloque en la historia como el momento de mutación necesaria para reparar este mundo frágil que hemos creado.
Si no lo hacemos, si seguimos diciendo que necesitamos medidas extraordinarias pero no definimos un horizonte diverso, alimentamos la impresión de crisis permanente y de frente al miedo y la incerteza, las personas seguirán a quien aparenta ser más fuerte restituyendo las cosas al modelo más cercano; la vieja normalidad perdida. Declarar y actuar hacia la transición, abriendo al debate público las alternativas, sería la señal que debería llegar ahora para juntos construir alianzas, bajarnos de este tren e iniciar caminos diversos.
Adriana Goñi es doctora en Urbanismo, profesora del Laboratorio de Urbanismo Colaborativo, Departamento de Resiliencia y Sostenibilidad, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República.