El “déficit” del BPS: entre llamas, solidaridades, subsidios y los “malla oro”

Si nos miramos al espejo y lo que vemos no nos gusta podemos ensimismarnos, o romper el espejo... o empezar a cambiarnos. El filósofo australiano Román Krznaric habla del “pensamiento catedral”, una capacidad exclusivamente humana que nos permite “concebir y planificar proyectos con un horizonte muy amplio, tal vez décadas o siglos por delante”. Plantear esto en momentos de inmediatismos casi absolutos parece una impertinencia mayúscula, pero tal vez por ese camino nos acerquemos al sentido de nuestra vida. Es decir: imaginar, tener la valentía y audacia de preguntarnos: ¿cómo será el mundo cuando ya no estemos vivos? ¿Qué recordarán de nosotros nuestros descendientes cuando les hablen a los suyos propios en un futuro muy lejano? Así, tener en cuenta cómo hemos llegado hasta aquí es insoslayable, y cuestionarnos como sociedad, buscar cambiar todo lo injusto que hay en ella –y no reproducirlo– es una obligación moral incesante.

Intentaré debatir con tres ideas centrales de quienes pregonan el discurso dominante, que aparece totalmente “blindado”, empezando por contar una historia que algunos desconocen, y otros ocultan, sobre el llamado “déficit” del Banco de Previsión Social (que en verdad es asistencia financiera obligatoria del Estado, dispuesta constitucionalmente por mandato popular), para referirme luego a lo que se evidencia como posibles o reales daños para la cohesión social que necesitamos en un país cada vez más fragmentado.

El dinero faltante, primera parte: papel quemado

“¡La empapelaron a la Caja y prendieron fuego los papeles, literalmente!”, decía Asdrúbal Cáceres Moreno con su vozarrón a quien lo quisiera oír cuando fue reintegrado por la lucha popular al Banco de Previsión Social (BPS) en 1985, luego de ser destituido por la dictadura. Cáceres fue un dirigente de AEIJA, uno de los sindicatos que antecedió a la actual Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS). La frase comenzó a retumbar en mi cabeza hace algunas semanas, así que me puse a investigar en distintas fuentes vivenciales y documentos probadamente serios para ponerla en contexto.¹

A fines de los años 50 del siglo pasado, la entonces Caja de Obreros y Empleados de la Industria y el Comercio era totalmente superavitaria. El régimen era de un “reparto intergeneracional” sui generis: aportes obrero-patronales, con impuestos afectados y aportes del Estado, y había cuantiosos fondos acumulados a lo largo del tiempo. El superávit era obvio, pues se habían capitalizado los aportes por muchos años hasta que las trabajadoras y trabajadores incluidos llegaban a constituir causales y jubilarse (además de un manejo clientelar partidario de los larguísimos trámites, y de los atentados al valor real de las pasividades, que tendían a desplomarse subiendo sólo “casualmente” en los años electorales).

El gobierno la obligó a cubrir los déficits de la Caja Civil y Rural, pero el superávit era tan grande que excedía estas coberturas. Entonces, por decisión política pidieron esa cantidad enorme de dinero y, para “vestirla”, la Caja de Industria emitió bonos a su favor adquiridos por el gobierno. De esta manera su capital era respaldado por esos bonos. Cierto día –alrededor de 1960– se decidió devolverlos y quemarlos, lo que se llevó a cabo en las calderas de calefacción del actual Edificio Sede, y muchos funcionarios vieron esto, entre ellos Asdrúbal. Por lo tanto, podría asegurarse que el Estado adeuda esas sumas que, con sus intereses y recargos, darían como resultado que el BPS no fuera hoy “deficitario”.

El dinero faltante, segunda parte: el gobierno como ave de presa

El problema ha sido abordado con otra perspectiva llegando a conclusiones similares, pero sin hablar de la fogata de los bonos que debían respaldar las reservas. Conforme a un riguroso estudio² se recuerda que ya “en mayo de 1955 el diputado Rodney Arismendi interpelaba a dos ministros debido a las deudas que distintos organismos estatales mantenían con la Caja Civil, representando estas más de 70% de los ingresos del organismo... que la Caja de Industria y Comercio, con ser mejor, no dejaba de ser precaria al existir más de 75.000 expedientes jubilatorios esperando resolución y siendo la evasión alarmante. Además, denunciaba la actitud del Estado que atentaba contra la salud financiera de los organismos previsionales al entregarles títulos de deuda que no lograba colocar en el mercado y que los institutos debían retener para evitar la pérdida de valor de los mismos [que] en caso de querer venderlos saturaría la plaza”.

Como resultado, se le llamó “empapelamiento” al mecanismo por el que el Estado colocó un alto porcentaje de deuda pública interna con tasa de interés fija en las cajas previsionales. El problema mayor surgió cuando la economía ingresó en un proceso inflacionario que tuvo aparejado una “suba general de precios, deuda pública no indexada y limitadas posibilidades de inversión”, por lo que “estos organismos verán cómo en pocos años se evaporan sus ahorros” completamente; habiendo contribuido “en el proceso de liquidación de las reservas las restricciones en las posibilidades de inversión, la liberalidad del sistema previsional público que otorgó beneficios previsionales sin estar debidamente financiados, el mal gerenciamiento y el oportunismo de los empresarios, los políticos y del Estado al momento de hacer frente o disponer de los ingresos del sistema”, siendo “una conducta rapaz” “con relación a las reservas acumuladas por estos institutos”. Sólo para tener una idea: el sistema previsional en su conjunto –estatal y paraestatal– hacia 1954 “tenía un stock de deuda pública que representaba casi 19% del PIB”, dando “cierta tranquilidad respecto de la posibilidad de soportar en el plazo mediano los déficits que provocaría la transición demográfica”, lo que fue dilapidado en menos de diez años.

Ante la realidad de estos hechos, cabría preguntarse: ¿algunos de los actuales actores no deberían asumir las responsabilidades de sus correligionarios que traicionaron a aquellas generaciones y pedir disculpas públicamente? ¿No hubo allí una especie de big bang de la situación actual? ¿No se estuvo en el centro o los bordes de la “omisión o delito”?

La escasa inversión en la infancia y la adolescencia

Debe quedar claro que promovemos como absolutamente urgente y necesario invertir en las niñas, niños y adolescentes (alimentación, educación, salud, cuidados y transferencias monetarias): el país no puede tener excusas para ello. En tal sentido, no es de recibo, ni está comprobado por los hechos, que lo que se destina al BPS no permite dicha inversión. Si miramos la evolución³ del llamado “gasto” público, vemos que pasó de ser de 15% del PIB en 1985 a ser casi el doble en 2018, año en que tres cuartas partes de los “gastos” del Gobierno Central se destinaron a áreas sociales: vivienda y servicios comunitarios (1% del PIB), educación (5%), salud (6%) y seguridad y asistencia social (14%). En este último rubro se suman todas las prestaciones del BPS (jubilaciones, pensiones, seguro de paro, asignaciones familiares, seguro de enfermedad, etcétera) más el gasto del Ministerio de Desarrollo Social, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, y de las “cajas” militar y policial. Es particularmente relevante el cuadro que acompaña este artículo, referido a la distribución del “gasto” social.

Es decir, el aumento objetivo de lo invertido en previsión social (afortunadamente producto de la llamada ley de flexibilización de pasividades de 2008) no solamente no limitó el “gasto” en educación y salud, sino que porcentualmente aquel se redujo y estos dos últimos aumentaron. Reforzando aún más nuestra visión, debe tenerse en cuenta que en el período se crearon dos ministerios nuevos: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (1990), y el propio Ministerio de Desarrollo Social (2005).

Por lo tanto, lo que realmente define son las decisiones de política económica y social: no es “por culpa del BPS” que se gaste menos en los niños, niñas y adolescentes. Ya hemos dicho que a este organismo se le asistió el año pasado con apenas un peso de cada 100 que produce el país para atender a 20% de la población. Si es así, ¿por qué se insiste en un discurso de enfrentamiento entre generaciones? ¿Por qué confrontar –en quienes tienen la suerte de tenerlos vivos– a padres y madres con sus hijos e hijas, a las abuelas y abuelos con sus nietos y nietas? Todos conocemos que muchos jubilados, jubiladas y pensionistas “estiran” muchas veces lo que cobran de pasividad para ayudar a un hijo desocupado o a una hija con problemas económicos, o a un nieto o una nieta.

¿Los trabajadores pobres subsidian a los trabajadores “ricos”?

Fuimos los primeros en el país en denunciarlo en la diaria: hay casi un millón de trabajadoras y trabajadores de muy bajos y bajos ingresos que (¡sin empeorar la ley vigente, que es la que provocó este escenario paupérrimo!) son candidatas y candidatos a cobrar una asistencia por edad del Mides a los 65 años, o una pensión a la vejez del BPS a los 70 años (si son muy pobres y sus familiares obligados ganan muy poco), o –en los mejores casos– una jubilación por edad avanzada a los 70 años, a los 67 o 68, o jubilaciones mínimas o muy bajas a los 60 o un poco más.

Es cierto que todos nuestros compatriotas también aportan IVA, impuesto regresivo de cuya recaudación 7% está destinado por ley a financiar el pago de las pasividades. ¿Pero se puede decir que 70% de las jubiladas, jubilados y pensionistas (que también pagan IVA) que hoy cobran menos de 30.000 pesos son “ricos”? ¿Que alguien que gane, por ejemplo, 60.000 pesos o más es rico? ¿Dónde están la riqueza verdadera, los subsidios y la solidaridad “cruzada” reales? La verdad, como lo muestra el cuadro siguiente, está por otro lado.

El total de los subsidios al capital (que no toman en cuenta las rebajas y exoneraciones de aportes patronales al BPS) equivalía en 2011 a 2,9 % del PIB de entonces. Las 1.000 empresas más grandes del Uruguay “se apropian de la mayor parte” de ellos, y “las 100 mayores son las que tienen mayor nivel aún de concentración, aunque el peso es diferente en los impuestos a las rentas de empresas y al patrimonio”.⁴ Dentro de estas 100, en particular las que operan en zonas francas se quedaron “por subsidios en el IRAE en 2010 con 70,5%. En lo que respecta a las 1.000 mayores esa participación alcanzó a 58,5%”.5 Obviamente, la situación ha de agravarse con la nueva pastera de UPM.

2,9% del PIB se destinaba en 2011 a subsidiar el capital. ¡Los impuestos afectados al BPS que paga todo el pueblo van de 2,63% a 2,87% del PIB! Es decir que somos los trabajadores y trabajadoras –de ayer y de hoy– y también los pequeños y medianos empresarios los que “subsidiamos” al gran capital. ¿Quién habla de esta “solidaridad invertida”? ¿Quién nombra estos “subsidios cruzados”? ¿Quiénes son los verdaderos ricos? ¿Quiénes les quitan recursos a la infancia y adolescencia? ¿Qué diría, no Karl Marx, sino el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Es que no se advierte el peligro del daño a la cohesión social al que nos referimos al principio? ¿Oponer viejos contra jóvenes, trabajadores y trabajadoras contra otros trabajadores? Nada bueno se construye sobre la base de discursos sin fundamento.

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Un pueblo como el nuestro sabe que al final el problema se resume como en la canción de Fernando Cabrera: “Hay un lote de infelices... y un par de listos”. Bien que nos enseñó Artigas quiénes tienen que ser los verdaderos “privilegiados” en una sociedad. El hemisferio del poder disfruta atando cada uno de los nudos. Nuestra respuesta está asentada en cuatro conceptos esenciales y sencillos: los de la solidaridad verdaderamente humana, la protección y la justicia social, y la extinción del patriarcado y sus repercusiones también en el campo de la previsión y seguridad social (expresadas, por ejemplo, en el trabajo no remunerado de las mujeres uruguayas y la ausencia de un verdadero sistema de cuidados). A pesar de la pandemia –cuidándonos mucho–, hay que unirse y saber hacer todo lo necesario para defenderlos.

Adolfo Bertoni fue presidente de la ATSS y hoy integra su comisión especializada en seguridad social.