Gobierno y academia: el rol de la ciencia en la pandemia

Abordaremos en este artículo el asunto de la relación entre el gobierno nacional, específicamente el Poder Ejecutivo y Presidencia de la República, con la academia, representada por la institución que produce una inmensa proporción del conocimiento científico y la formación terciaria en nuestro país: la Universidad de la República (Udelar). Lo hacemos a propósito de la gestión de la respuesta política ante la emergencia sanitaria producida por la pandemia.

Nos posicionamos como docentes integrantes de la Udelar enmarcados en los postulados de la Ley Orgánica, que en el artículo 2º define, entre otros fines de la Udelar, los de “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno”. También en el artículo 3º se explicita la importancia de la libertad de opinión –de la libertad de cátedra, como se denomina en la ley–, como “un derecho inherente a los miembros del personal docente en todos los temas, incluso aquellos que hayan sido objeto de pronunciamientos expresos por las autoridades universitarias”.

Por todo lo anterior, entendemos no sólo como un derecho, sino como un deber como universitarios aportar, desde una óptica académica comprometida con los fines descritos, a la interpretación de la relación entre el gobierno y la Udelar, tomando en cuenta tres elementos:

1) La situación de una crisis sanitaria sin precedentes en cuanto a la prevalencia, gravedad y muertes por el SARS-Cov-2, que trajo aparejada una crisis social como no se veía hace 20 años, con aumento de la inequidad, la pobreza, la indigencia y efectos bien determinados en el proceso reproductivo en poblaciones vulneradas de dimensiones aún desconocidas.¹ Ambas crisis han desencadenado una grave situación política. Por ejemplo, la discusión en torno al concepto de las muertes evitables es paradigmática, ya que lo que para la ciencia es indiscutible (se define como “defunciones que potencialmente podrían haberse evitado mediante medidas preventivas y/o la atención en los servicios de salud”),² para el gobierno son ataques oportunistas y antipatrióticos (se llegó al extremo de la adjetivación “carroñero”). Por último, todo esto ha devenido en un preocupante cambio de sensibilidad a propósito de la insensibilidad social como resultado de la naturalización de la muerte como un destino inmodificable.

2) La pandemia de covid-19 se enmarca en una problemática global denominada sindemia global, que hace predecible que vuelvan a repetirse pandemias en el futuro,³ por lo cual es absolutamente prioritario ir sacando conclusiones mientras suceden los hechos para planificar próximas respuestas, como políticas de Estado, con la interinstitucionalidad del caso para el futuro.

3) El comienzo del esperado mejoramiento de la situación epidemiológica, con un descenso de los pacientes graves y muertes por covid-19, no puede hacer bajar la alerta actual, ya que, lamentablemente, es dable esperar que se mantenga la situación de riesgo por la alta circulación viral, con el peligro de la entrada de nuevas cepas o incluso, dada la vacunación a muy buen ritmo que se está desarrollando, se hagan pasibles fenómenos de mutación del virus y/o nuevas variantes.

Una vez decretada la emergencia sanitaria por covid-19, en un entorno de inmensa incertidumbre, el recién electo gobierno, entendiendo la importancia del valor de la ciencia, tomó una decisión clave: la creación de un Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). Se convocó a un grupo eximio de científicos y académicos, los que desarrollaron una experiencia inédita de consiliencia, marcando el rumbo de la gestión inicial en respuesta a la pandemia, con una gran relevancia en el reconocido éxito inicial mediante la ya famosa estrategia “Tetris” (test, trace and isolate, o testear, rastrear y aislar).

Entendemos que el gobierno tomó esta opción con base en su concepción filosófica que sobrepone el papel del individuo por sobre los colectivos ya convalidados, y desde una visión de desconfianza de los sectores partidarios en el gobierno hacia la Udelar (lamentables declaraciones de una activa senadora oficialista se refirieron a nuestra casa de estudio como un lugar de “adoctrinamiento”). Desde este modelo GACH de nueva institucionalidad ad hoc, diríamos, dependiente directamente de la institución Presidencia de la República, se estableció una relación de dependencia utilitaria: el gobierno tomaba lo que le servía, cuando y como le servía. Esto fue defendido claramente por los principales voceros del gobierno, al tiempo que señalaban que la responsabilidad de gobernar no se comparte. El modelo fue exitosísimo y mejoró la percepción ciudadana de la institución Presidencia de la República, sobre todo por la imagen de conducción, tan importante para los humanos en todas las épocas de incertidumbre. Pero este modelo “exclusivista” tuvo dos problemas fundamentales que debemos analizar profundamente, para entender por qué la gestión de la pandemia devino en una de las peores gestiones sociosanitarias a nivel mundial:

• Las recomendaciones del GACH fueron siempre declarativas y pasaban por el filtro de las autoridades gubernamentales; era la concordancia o no con el plan fiscal predeterminado por el gobierno lo que habilitaba o no lo propuesto. Aparentemente, el rol de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fue clave en esta materia.
• La no presencia de la institucionalidad Udelar en el asesoramiento hizo que el rol de la ciencia fuera minimizado por la conducción político-partidaria del gobierno, debilitando dramáticamente la capacidad de incidencia desde el conocimiento científico en el poder político.

En un marco in extremis presidencialista, el desfasaje ciencia/gobierno comienza en febrero de 2020, cuando no se implementan las medidas fundamentales del documento del 7 de febrero del GACH. Sólo la responsabilidad ciudadana de los principales miembros del GACH prolongó la situación, hasta la resolución del desvinculamiento definitivo en junio de 2021.

Esto genera al menos dos graves amenazas. En lo inmediato, que las próximas respuestas del gobierno ni siquiera contarán con la opinión de expertos; y, por lo analizado antes, los riesgos de nuevas cepas persisten, en el mediano y largo plazo. Una lectura errónea retrospectiva puede llegar a considerar que el rol de la ciencia y la academia no es necesario para enfrentar futuras contingencias.

La decisión del Poder Ejecutivo de no permitir el involucramiento de la Udelar e incluso los ataques desde voceros gubernamentales contra nuestra casa de estudio no sólo no nos exime de involucrarnos en la temática, sino que, por el contrario, nos debería impulsar a una profunda reflexión con el foco en la sociedad y su bienestar. Partimos de la base de que la falta de reflexión académica comprometida socialmente sería una grave falencia para el presente y un hándicap insondable para el futuro.

Situaciones de tensión como la actual entre el poder político y la autonomía universitaria no son ni nuevas ni privativas de sectores políticos que hoy gobiernan. En el pasado reciente también hubo problemas de relacionamiento entre el gobierno de izquierda y la autonomía universitaria. Ante esta situación la respuesta es siempre la misma: menospreciar opiniones científicas, por las convicciones políticas de quienes las expresan, configura un ataque flagrante a la laicidad, la democracia y la libertad de expresión, además, claro está, de violar la ley orgánica de la Udelar. Hoy, desde los sectores antiuniversitarios se postula la panacea de la “neutralidad política” de los académicos y científicos como un valor, cuando en realidad, lo que debe haber es un compromiso político profundo, devenido de la ética en el posicionamiento científico en defensa de los derechos humanos y la felicidad pública. Esto, por supuesto, sin cometer la deshonestidad intelectual y antiacadémica de introducir intereses extrauniversitarios, por ejemplo, intereses partidarios, en la materia universitaria. A propósito de lo anterior, creemos que no se puede confundir la objetividad, condición sine qua non del método científico, con la falta de compromiso científico con los valores y los derechos, que constituyen, junto a la excelencia académica, el pilar fundamental de la contribución del conocimiento científico en la sociedad. Esa es la clave: una comunidad científica de excelencia, con contribución relevante al conocimiento y fuerte compromiso ético con la política con mayúscula.

Desde esta visión de ciencia institucional y comprometida se debe hacer un llamado a la reflexión gubernamental y de los poderes del Estado para reformular la respuesta a la pandemia por covid-19 actual y la predicción de las que lamentablemente podrán venir. En ese sentido es clave la creación de una institucionalidad de vigilancia y acción en crisis que agrupe ministerios, academia, fuerzas vivas con carácter permanente y capacidad operativa. La presente y futuras crisis deben enfrentarse con una masa crítica con movilización institucional y no con improvisados grupos ad hoc, por más talentosos y comprometidos que estos sean. En esta nueva institucionalidad estatal, la Udelar, ejerciendo la genuina autonomía, generará ámbitos de confrontación democrática de argumentos, el logro de nuevos equilibrios que implica la aceptación de las discrepancias, la formulación de alianzas estratégicas y acuerdos “ganar-ganar” entre la academia y el gobierno en pos de políticas de Estado.

Al decir de la periodista Soledad Platero: “Pero este descarnado discurso de sálvese quien pueda tiene un correlato: el que busca teñir de oprobio la batalla política. Al mismo paso que avanza la naturalización de la muerte, la miseria y la humillación, camina también la demanda de silencio, de aceptación de la injusticia y el abuso como condiciones inevitables de la vida. No hay explotación mejor lograda que la que se instala como el orden natural de las cosas. Nunca fue tan necesaria la política como ahora, justo ahora, cuando nos dicen que no es tiempo de andar hablando de eso”.

La neutralidad política exigida desde algunos actores políticos sería, desde nuestro punto de vista, la aceptación penitente y acomodaticia del statu quo, que avala, entre otras cuestiones, la injusticia, la inequidad y otros antivalores universitarios como situaciones inmodificables, cual leyes naturales. Esto, además de inadmisible por ser un ataque a los valores de justicia, libertad y bienestar de nuestra universidad, sería una formidable incoherencia, ya que es precisamente este statu quo de la humanidad, basado en las leyes omnipotentes del mercado, de la inequidad y la discriminación de todo tipo, lo que explica en gran medida el surgimiento de la pandemia por covid-19 relacionada integralmente con la sindemia global.⁴ Ciertamente, es este statu quo el que debemos civilizatoriamente poder superar, o pereceremos como humanidad. La ciencia comprometida, al decir de Artigas, con la por él denominada “pública felicidad”, mucho tiene que hacer y decir a propósito de esto, y no precisa el permiso de nadie para hacerlo.

Leonel Briozzo es médico ginecotocólogo y docente de la Facultad de Medicina, Universidad de la República.