Las muertes evitables: mentiras verdaderas y verdades mentirosas

La violenta reacción frente al abordaje de ideas que interpelan el relato oficial gubernamental sobre la toma de decisiones ante diferentes escenarios, y la agresividad en el encare público de actores políticos y autoridades de gobierno, han sido elementos que han marcado los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021 en esta tragedia silenciada por voces oficiales.

En este momento, cuando parece comenzar una lenta merma de la catástrofe de pérdida de vidas y de cientos de miles de casos y sus secuelas, es tiempo para un mínimo parate de reflexión al menos sobre tres elementos que han sido atacados y merecen ponerse en eje del debate. Hay cuestiones que no se deben dejar pasar como si nada pasara, al menos para no distorsionar la historia. La real, la vivida en cada centro asistencial por los trabajadores de la salud y pacientes, y la de los uruguayos en los hogares del país.

La política y la gestión

Hablemos de la gestión política de la pandemia. En primer lugar, del valor de la política en la vida cotidiana de las personas, en las vidas a defender y en su cuidado. Entendemos la política como la toma de decisiones dentro de posibilidades que se plantean en un momento y un lugar, y con análisis determinados de realidades, tanto con perspectiva científica como desde el campo de las ideas y los sistemas de valores. Esas decisiones, claro está, tendrán consecuentes responsabilidades.

La instalación del relato de “no politizar el tema” (la pandemia o su manejo) es uno de los mitos a derribar y una afrenta a la inteligencia colectiva, ya que es con política y políticas que se toman decisiones. Por lo antedicho, es saludable que haya diferentes visiones, y así debe ser en una democracia y entre los demócratas. La ausencia durante gran parte del año 2020 de un relato o una visión alternativa a la retórica del presidente terminó siendo perjudicial para la población; fue, justamente, el mito de no poder emitir opiniones políticas lo que resultó perjudicial y no las voces que empezaron a aparecer sobre finales del año pasado desde distintos sectores políticos, sociales y científicos.

Está bien que haya diferentes visiones, formas, fondos y prioridades en la toma de decisiones ante una crisis; justamente yace ahí parte del valor de la política, ya sea con base en la ciencia, en el campo de las ideas o de intereses diversos. Politizar y discutir esas decisiones debe ser natural para países y sociedades que se jacten de ser democráticas y republicanas.

A la hora de hablar de las decisiones que hubieran evitado muertes, la realidad instalada sobre un “supuesto y temprano éxito” prevaleció, determinando que no se tomaran medidas a tiempo y generando consecuencias hoy evidentes: alta circulación viral, alto número de contagios, alto número de fallecidos y un futuro próximo con alto número de secuelas. Alto también hubiera sido el número evitable de todos los aspectos mencionados si la política implementada hubiese sido otra.

Que la decisión política haya sido tomada con la legitimidad que le dio la ciudadanía al gobierno actual no lo inhibe de la responsabilidad que esas decisiones trajeron.

Analicemos cómo llegamos a la realidad de este 2021.

La gestión y el año 2020: aquellos vientos trajeron estas tempestades

Un segundo punto para la reflexión es la gestión. El gobierno decidió ir solamente por una estrategia de vacunación masiva. Claro que es uno de los caminos y carriles recomendados y todos sabíamos que era parte fundamental en el combate de la pandemia. El problema surgió en el tránsito de ese camino hacia la vacunación masiva. Aunque tarde y con problemas logísticos y de agenda, este elemento ha tenido un adecuado desempeño en nuestro país. Pero como estrategia aislada se paga cara, en vidas.

Analicemos el año 2020. Los procesos biológicos no necesariamente se pueden dar por concluidos por el mero hecho de vivir una etapa de calma o control ciudadano en el inicio de la pandemia.

El gobierno tomó decisiones correctas, que determinaron el escenario para el confinamiento voluntario de la población. Se suspendieron clases, se envió a los funcionarios públicos a sus hogares, se disminuyó sensiblemente las frecuencias del transporte colectivo, se instó al cierre de centros y locales comerciales, etcétera. Ese confinamiento voluntario, que en los hechos fue una cuarentena “obligada”, por las medidas y las circunstancias, fue determinante para el control inicial. Dado su carácter de voluntaria, fue la excusa que implicó y todavía implica la baja inversión del gobierno uruguayo para atravesar y paliar las consecuencias de la pandemia. Uruguay ocupa los últimos lugares en el mundo, en el entorno del puesto 164 de 181 países, en cuanto a apoyo económico a la población castigada por la crisis. Esto es más grave aún si tomamos en cuenta que parte de ese magro apoyo es financiado con los aportes obligados de los funcionarios públicos y poco de otros sectores sociales o económicos.

Esto que señalamos no sorprende. El gobierno mantuvo, en esencia, su plan de gobierno explicitado previo a su asunción, como si no hubiera existido pandemia: ataque del déficit fiscal a pesar de una situación social compleja, pérdida de salario real de los trabajadores y la pérdida de derechos que conllevó la ley de urgente consideración. Lo hizo en sentido contrario a como lo hicieron la gran mayoría de los países del mundo, que apostaron a un Estado presente.

Durante la etapa de tranquilidad de 2020 las autoridades nacionales no se prepararon para la posible aparición de una ola de incrementos de contagios, que por otra parte era el comportamiento biológico conocido del virus SARS-CoV-2 y sus variantes.

El déficit de preparación fue consecuencia de decisiones políticas que fueron tomadas mes a mes, en un contexto de triunfalismo temprano, que explica esa desidia y poco apego a la idea y la posibilidad de que las cosas podrían complicarse.

Algunos de esos ejemplos que marcaron la ausencia de preparación se resumen a continuación.

En primer lugar, se empezó tardíamente la vacunación. Hoy está claro que el proceso de inmunización se está realizando de manera exitosa en tiempo y forma; es muy bueno que así sea y sus consecuencias son por demás auspiciosas. Ello no inhibe de decir que el comienzo de la vacunación fue tardío. Alcanza con recordar la comunicación del gobierno a la empresa Pfizer sobre el desinterés de contar con su vacuna, lo que terminó en la desvinculación de un joven funcionario del Ministerio de Salud Pública, una suerte de chivo expiatorio.

En segundo lugar, la preparación de recursos humanos no especializados en el manejo de los pacientes de CTI se hizo sobre finales de 2020, en poco tiempo, habiendo perdido muchos meses. Del mismo modo, ya en marzo de 2020 y desde el sector médico se propuso y nunca fue tenido en cuenta la redistribución de recursos humanos, así como planes de acción para potenciar la asistencia en la enorme marea asistencial de casos para lo que sería el aluvión de marzo, abril, mayo y junio.

Las medidas propuestas contemplaban, además, una reorganización del personal de salud de modo de evitar la circulación de trabajadores multiempleados en múltiples instituciones con el fin de evitar que esos trabajadores fueran bajas en varias instituciones al mismo tiempo.

La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva en diversas oportunidades advirtió y explicó con cifras las consecuencias asistenciales de los aspectos mencionados precedentemente.

Asimismo, hubo una mirada centrada en la atención en los CTI, dejando de lado el primer nivel de atención, soporte fundamental de la contención de la pandemia y que se vio relegado en muchos aspectos, sufriendo incluso las dificultades de acceso al resto del sistema.

En tercer lugar, durante 2020 no se realizaron campañas publicitarias adecuadas para estimular la vacunación. Muchos de los mensajes gubernamentales disminuyeron la percepción del riesgo.

Preparar y prepararse, y así evitar un daño futuro, hubiera sido, por ejemplo, tal como señalan los expertos, la realización de campañas específicas para la vacunación de los docentes. Sin embargo, se optó por el ataque y la estigmatización a los docentes que no se vacunaban cuando el Estado estaba poco presente, tan es así que no se molestaba en realizar campañas dirigidas hacia uno de los colectivos más importantes en cuanto a la necesidad de vacunarse.

Más aún, la campaña publicitaria apuntó a una salida “épica “ del período de pandemia mediante referencias a la tragedia de los Andes o apelando a la tan manida gesta de Maracaná, como si ganarle a la pandemia fuera cuestión de hazañas, azar o héroes, y no de previsión adecuada.

Incluso, en marzo de 2021 se realizaba una campaña que hablaba de un “último esfuerzo”, en referencia a la vacunación, como si estuviéramos al final de la pandemia, cuando por ese tiempo, justamente, empezaban las tempestades que viviríamos los meses siguientes.

Lamentablemente, la mejor campaña de publicidad para aumentar los niveles de vacunación fueron el miedo y la constatación del aumento de contagios y fallecidos; también fue la peor.

Finalmente, sobre fines de 2020 se cometió uno de los mayores errores, una decisión únicamente política que, sumada a los mensajes que disminuían la percepción del riesgo, optó por ignorar las advertencias que provenían del mundo científico y profesional.

Desde la asesoría científica, Marcelo Fiori mostró claramente la relación entre movilidad y aumento de contagios. Todo el espectro científico, la evidencia internacional y organizaciones profesionales demostraron una y otra vez que una estrategia como la adoptada en momentos de incremento de los casos era parcial e incompleta, sin una visión sinérgica con otros factores que atacaran dicho incremento.

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU), sociedades científicas, otras gremiales, organizaciones y facultades de la salud propusieron en varias oportunidades estrategias integrales, con ejes de corto y de mediano plazo, para hacer frente al crecimiento exponencial y a la ola de casos, un abordaje de forma completa, integral y global. Se propusieron medidas de reducción de la movilidad con cierre de actividades no esenciales (con apoyo a sectores vulnerados), lo que ha demostrado ser una medida de salud pública contundente para el descenso de casos y, por ende, de muertes y secuelas. Con dicha medida la merma de casos más rápida hubiera permitido retomar hilos epidemiológicos y controlar la pandemia, como se hizo hasta noviembre de 2020. Estas medidas de corto plazo, acopladas con la vacunación masiva de mediano plazo, son miradas integrales e integradoras, que se pusieron arriba de la mesa porque evitaban pérdidas de vidas, menos uruguayos con secuelas de la covid-19 y volver a la asistencia no covid con anterioridad; también volver a una vida social con mayor velocidad, muy probablemente.

En marzo de 2021 se decidió el comienzo de las clases para luego suspenderlas, en principio por tres semanas. Al no acompañar esto con otras medidas de reducción de la movilidad, esta última prácticamente quedó reducida a la suspensión de clases que una y otra vez se fue extendiendo en el tiempo.

Las medidas planteadas desde la ciencia iban en un sentido tendiente a disminuir la movilidad de forma drástica por tres semanas, para de esa manera también sólo sacrificar tres semanas de clases y no meses, como terminó sucediendo. Lejos quedó aquello de “la escuela debe ser lo primero en abrir y lo último en cerrar”.

Se decidió, desde una perspectiva política, una gestión sesgada, hemipléjica o tuerta de la realidad, sin ver cómo la realidad explotaba, y estábamos con 55 muertos y más de 3.000 casos diarios, sin apostar a medidas de corto plazo. Una gestión política que tuvo de costo más de 4.000 muertos en tres meses, y también más de 240.000 nuevos casos en ese plazo.

Esa gestión, además, quiso aferrarse a dogmáticos mensajes, como el de la “libertad responsable”, que ponía sobre la población todo el peso de lo que sucedía. De igual manera, también en un dogmático ataque, intentó estigmatizar otras palabras que planteaban alternativas a las decisiones políticas que se tomaban.

“La cuarentena”

Hubo bastardeo, banalización y un ataque sin sentido técnico a términos como “cuarentena” o “confinamiento”, sin sentido técnico, pero sí con un sentido muy político de confrontar con quienes los proponían. Esta situación de criticar una medida científica de salud pública se usó para atacar a médicos y desacreditar opiniones diferentes a la versión oficial. Una crítica destructiva directa a los equipos de salud, que eran quienes nos cuidaban, realmente incomprensible. Y precisamente en un marco no razonable de intercambio de diferentes visiones. Se priorizó tergiversar diciendo que se pedían medidas prontas de seguridad o estados policíacos, que son sinsentidos en la crítica de una medida que ha sido eficaz (integrada en conjunto con vacunación y demás) en Francia, Reino Unido, Chile, Israel y demás países. El cuestionamiento al lockdown, la cuarentena o el confinamiento como palabras carece de sentido técnico, es solamente simbólico, pero dejó de rehén al gobierno, preso de una gestión política segmentada, focal y terca, con un altísimo costo en salud y vidas.

No soy afecto a las analogías futboleras, pero durante esta pandemia se utilizaron muchas, por lo que voy a utilizar una de ellas.

Bien sabemos que los partidos de fútbol tienen dos tiempos. Imaginemos que asistimos a un partido de fútbol. El cuadro de nuestra simpatía tiene un primer tiempo que finaliza 1-0 a su favor; sin embargo, durante ese primer tiempo le expulsan a dos jugadores, erra dos goles cantados y el DT no cambia su táctica de juego, aun a pesar de los hechos relatados. En el segundo tiempo el cuadro rival, producto de los hechos del primer tiempo, convierte cinco goles y nuestro cuadro termina perdiendo el partido. Al imaginar una evaluación del desempeño del cuadro seguramente el gol del primer tiempo será anecdótico, el resultado final habrá sido consecuencia de las decisiones o de su ausencia, y el resultado, haber perdido un partido que pudo haber sido ganado.

Este partido simbólico que como país estamos todavía transitando en la pandemia requirió de decisiones políticas que evitaran los números de los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2021. El director técnico no quiso tomar las medidas adecuadas en el primer tiempo, no cambió de estrategia (no blindó abril, ni mayo ni junio). Las consecuencias y las responsabilidades están claras.

Ante una crisis de esta magnitud, una salida de acuerdo político entre diferentes actores político-partidarios, organizaciones sociales, sindicales, académicas y científicas hubiera sido lo deseable. Con los matices o diferencias que hay, pero se podría haber dialogado sin tanta tozudez y consensuando un mínimo común, con el objetivo central y esencial de evitar muertes y vidas sin secuelas.

Perdimos una oportunidad de darle valor a la política de forma republicana, aun en la disputa de ideas. Perdimos la oportunidad de tomar decisiones que priorizaran la vida. De las decisiones y de sus consecuencias tienen que hacerse cargo. “Pandemia”, “política” y “gestión” fueron tres palabras que asistieron a sus peores acepciones: casos y contagios sin medidas fuertes de contención, “negación de la política” como ataque argumental, la más peligrosa política, y una gestión sesgada y tuerta de la realidad. La sociedad está de luto, quebrada en lo social, y con un gobierno ausente y displicente.

Julio Trostchansky es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y fue presidente del SMU.